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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
“Soy un trabajador, no pandillero”, se lee en un cartel que sostenía Marta Esperanza Galicia Iraheta, una madre de 64 años de edad, que llegó este martes a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a interponer un Habeas Corpus, ya que no sabe nada de sus dos familiares que tiene detenidos por la implementación del régimen de excepción. Marta Esperanza asegura que no tienen vínculos con pandillas y pide al Estado que se los devuelva porque son el sostén del hogar.
“Mi hija trabaja en un comedor en San Marcos Lempa, ella bajó la noche del 24 de abril a dejar comida a sus tres hijos y a mi, ella llegó y estaba descansando en una hamaca, cuando sentimos que iban tres carros de la policía para dentro, capturaron a mi nieto, quien me ayuda en la milpa, entonces, salió mi hija y preguntó ¿por qué se lo llevan?, (los agentes) también la agarraron y la treparon al carro”, es el testimonio Galicia Iraheta, una de las cientos de familias que se han visto afectadas por la captura de sus seres queridos en el marco del decreto del Estado Excepción que no tienen vínculos con pandillas.
Galicia le preguntó a uno de los agentes: “¿por qué me llevan a mis hijos?”, a lo que el agente contestó: “Tenga paciencia señora esto es culpa del Gobierno, ha puesto un decreto”. Sin mayores explicaciones se los llevaron, su hija a cárcel de mujeres en Ilopango, y a su nieto al Centro Penal La Esperanza o mejor conocido como Mariona.
Desde el 24 de abril, Galicia no ha podido ver a sus familiares, solamente les ha ido a dejar algunos insumos de primera necesidad, pero no sabe si realmente se los hacen llegar. En esos insumos y en los pasajes ha gastado alrededor de $400. La madre pide al Estado que “no capturen a gente trabajadora”, porque afecta también a sus dependientes.
Como Galicia, otras 39 personas de las comunidades eclesiales del Bajo Lempa asistieron a la Sala de lo Constitucional a presentar un Habeas Corpus, pues aseguran que no tienen información sobre sus familiares detenidos durante la implementación del régimen de excepción.
“Solamente los llegaron a sacar de nuestros hogares sin ninguna explicación”, es la frase que más mencionaron los familiares en sus relatos. Algunos, incluso, tienen hasta dos o tres miembros detenidos. Las fuerzas de seguridad los vinculan con agrupaciones ilícitas. Delito el cual no han cometido aseguran sus familiares. Los familiares dijeron estar agotadas y con mucha angustia después de ir a cada una de las instituciones que representan al Estado, “desde el día en que la PNC entró a nuestras casas y se llevaron a nuestros familiares, fuimos a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y a las diferentes delegaciones de bartolinas de la PNC y la cárcel, pero no dan respuesta”.
“Queremos saber por qué se llevaron a nuestros familiares, si están bien de salud, si están comiendo, si están vivos o vivas porque ya dudamos de todo eso. Cada día estamos esperando que sean liberados; frente al penal vemos cómo entran y salen funerarias y Medicina Legal, cada vez pensamos ¿será que mi familiar ya está muerto y no me han dicho?”, es la situación que viven los familiares de los detenidos.
Salvador Ruiz, animador de las comunidades eclesiales, dijo que las familias llegaron hasta la Sala para pedir un alto a la represión. Solo en la zona del Bajo Lempa registran 51 capturas de personas que no tienen vínculos con pandillas. “El Habeas Corpus que presentamos reúne el dolor que cargamos”, dijeron los familiares de los detenidos.
En su intervención, recordaron que la PNC nació como un cuerpo de seguridad de la población, después de los Acuerdos de Paz “y su misión es servir y proteger ante todo, pero ahora los niños, niñas, jóvenes y adultos les tenemos miedo y rechazo porque entran a nuestras casas, violentan nuestros derechos y no se arrepienten de tanto mal que hacen”.
Concretamente, los familiares de los detenidos exigieron su libertad, que limpien sus nombres, pues los han fotografiado y publicado como terroristas. Exigen que el Estado reconozca que ha violentado sus derechos y que se termine el régimen de excepción.
Ovidio Gonzáles, de Tutela legal “María julia Hernández”, dijo que acompañan en este proceso a los familiares de los detenidos porque es un proceso legal que establece la Constitución de la República, “estamos argumentando que la apariencia o la decisión de un soldado o policía no es causa para detener por asociaciones ilícitas, por eso, no existe una prueba alguna en esos procesos”.
Mientras que Ruth Eleneora López, directora anticorrupción de Cristosal, dijo que durante el primer periodo de régimen de excepción (del 27 de marzo al 24 de abril), se habían presentado 117 Habeas Corpus tanto en la Sala de lo Constitucional como en diferentes cámaras, de los cuales solamente dos se habían admitido.
