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Boris Johnson en la cuerda floja

Isaac Bigio

Analista político internacional

El autor del Brexit, quien ha sido el más popular primer ministro que haya tenido Reino Unido en este siglo, viene siendo amenazado por fuertes presiones para que renuncie.

Isaac Bigio, politólogo economista e historiador con grados y postgrados en la London School of Economics.

No quiere dimitir

El Primer Ministro del Reino Unido acaba de aparecer en la cámara de los comunes donde toda la oposición se ha unido pidiendo su inmediata renuncia. La causa de tal demanda es que acaba de culminarse el informe final de Sue Gray sobre las violaciones hechas por Boris Johnson, su número dos Rishi Sunak, su esposa Carrie y decenas de sus servidores más cercanos en su propio despacho a las disposiciones para guardar una estricta cuarentena durante la pandemia.

Dicho reporte sigue al que previamente hizo la Policía Metropolitana, en el cual Boris Johnson se convirtió en el primer gobernante en ejercicio en 315 años de historia del Reino Unido en haber sido multado por esta por romper con la ley. El esperado reporte final de Gray fue discutido el miércoles 25 de mayo en el Parlamento. El argumento dado por las distintas bancadas opositoras era de que era inadmisible tener a cargo del país a una persona que había violado las propias leyes que él mismo había impuesto al resto de la población y de que había mentido al parlamento (y por ende roto con el código de todo premier). Además, sostenían que esta era una conducta que había insultado a decenas de millones de británicos que durante las cuarentenas no pudieron salir de sus casas, visitar a sus familiares que estaban por morir o ir a sus funerales y/o hacer vida social. Mientras a la población se le multaba si transgredían estrictas reglas, en la residencia donde se dictaban esas normas se dieron muchas fiestas con alcohol.

Varias fotos han circulado donde se ve a Boris Johnson brindando con otras personas, mientras que en los informes se destapan casos de que a los trabajadores de limpieza o de seguridad se les obligaba a tener que recolectar muchas botellas o se les trató mal. Un reporte menciona que hubo borrachos hasta las 4 am y otro que en la víspera de que la reina Elizabeth II debió haber asistido al sepelio de su difunto marido Philip, se dieron 2 fiestas en la residencia oficial del premier.

La defensa de Johnson ha consistido en repetir numerosas veces la palabra “perdón” y decir que él acepta el informe de Sue Gray y que está tomando medidas al respecto. En cuanto a los tragos y brindis en su residencia, él sostiene que debía dar constantes ánimos a sus empleados en momentos de crisis.

La debilidad de la oposición

Para Sir Keir Starmer, el Líder de la Oposición (el Primer Ministro en la sombra), Boris Johnson debió haber renunciado apenas la Policía decidió investigarlo. Sin embargo, Boris Johnson ha retrucado que ahora esta misma fuerza pública ha decidido investigar un reporte e imágenes donde aparece él con un vaso de cerveza junto a su número dos Angela Rayner y a otras personas en un restaurante indio. El premier dice que él debiera ser consistente con sus propuestas y también renunciar, pero que lo ideal es aprender de los errores y que ambos pasen la página para concentrarse en los problemas principales, como son la crisis económica, la alta inflación, la recuperación post-Covid y la guerra ruso-ucraniana.

Tal como anteriormente lo planteamos, la estrategia de Johnson es similar a la de Margaret Thatcher hace 40 años. Ambos tienen en común haber sido electos gobernantes conservadores con una amplia mayoría absoluta parlamentaria y que, para buscar hacer frente a serios cuestionamientos, apelaron a guerras externas. A Thatcher le salvó la guerra de las Malvinas de 1982 y a Johnson le viene salvando queriendo aparecer como el mandatario europeo más dinámico en su apoyo a Ucrania contra Rusia.

El mandato de Johnson culmina en diciembre 2024, aunque este puede ser acortado por un adelanto de las elecciones generales (cosa que él no quiere hacer eso ahora) o porque él fuese removido de su cargo por el Parlamento. Para que esto último se dé se requiere que 54 parlamentarios tories escriban pidiendo un voto de confianza dentro de su bancada y luego de llo consigan el respaldo de la mayoría de sus 359 miembros en la casa de los comunes. Por el momento no hay suficientes firmas y, en caso de que las consigan, no va a ser fácil que logren conseguir 180 votos para sacar a Johnson.

También queda la posibilidad de que al menos unos 50 parlamentarios tories decidan unirse al resto de las bancadas opositoras para votar contra su propio Premier. Empero, esta última salida es aún más difícil, pues implicaría un nivel de ruptura abierta que no hay muchos conservadores que quisieran dar.

La escapatoria de Boris

La fortaleza que tiene Johnson es que no tiene un posible substituto. El único dirigente conservador que le podía haber hecho sombra (el tesorero Sunak) también ha sido multado y su multimillonaria esposa ha quedado malparada al haberse acogido al status de no domiciliada en el país para no pagar impuestos. No se vislumbra ningún posible sucesor suyo dentro del conservadurismo. De otro lado, el líder laborista Starmer no calla mucho, ha dedicado gran parte de sus energías a querer echar de su partido al anterior jefe Jeremy Corbyn y también ha quedado salpicado con el escándalo de la violación de las normas de cuarentena.

Johnson, mientras tanto, asegura que él va a continuar como Primer Ministro hasta las elecciones del 2024 que él promete ganar. Se trata del único político que ha ganado todas las elecciones en las que ha participado, con excepción a las municipales del 5 de mayo, en las cuales los tories perdieron casi medio millar de concejales.

Si Johnson sobrevive, que es una posibilidad, no va a ser un primer ministro muy fuerte y popular. Además, puede que pierda las elecciones para renovar dos curules conservadores que se van a dar en junio, algo que podría irle minando. Johnson va a tener que hacer frente a una seria crisis económica y a tratar de aplicar medidas nada populares como la de despedir a un quinto de los empleados públicos o trasladar solicitantes de asilo a Ruanda, un país centro-africano que fue escenario del peor genocidio de las últimas 3 décadas y que no tiene un buen récord en derechos humanos.

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