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Por Oscar Miguel Marroquín*
Hartos de pagar las consecuencias del modelo económico neoliberal o que es lo mismo decir la teoría del rebalse los campesinos e indígenas se han tirado a las calles y carreteras de todo el país con la intención de frenar al presidente Rodrigo Paz Pereira quien ostenta el poder desde noviembre de 2025 y quien pretende poner en marcha una serie de políticas económicas trazadas por el Fondo Monetario Internacional FMI.
El presidente Rodrigo Paz de pensamiento demócrata cristiano es un apasionado creyente del capitalismo y, naturalmente un enemigo de todo aquello que no favorezca los intereses de los de abajo, su consigna “capitalismo para todos” ha sido recalibrada y ahora es “capitalismo popular para todos” es decir, con las medidas impuestas por el FMI ricos y pobres ganaran, un algo como quien dice nadie saldrá afectado por ejemplo si se privatiza el sistema de salud los pobres, los indígenas y campesinos se verán beneficiados, estas falacias ya tantas veces repetidas en toda América Latina no son creídas por quienes han sucumbido ante la pobreza de un capitalismo internacional voraz y que ahora pretende el despojo total.
El capitalismo internacional pretende ahora arrebatar la tierra que constitucionalmente le fue entregada a sus verdaderos propietarios, “En el marco de la Revolución Nacional de 1952, como un imperativo revolucionario propio del contexto histórico de la época, el proyecto de Reforma Agraria había sido pensado como un acto de justicia destinado a liberar al indio de su condición de siervo e incorporarlo a la vida ciudadana del país. Para garantizarle esa libertad, había que dotarle de una base material: la tierra y, la tierra debiera ser para quien la trabajara”[1].
En calidad de lacayo Rodrigo Paz Pereira pretende servir fielmente al FMI y despojar al campesino e indígena de lo más preciado: la tierra. El neoliberalismo y su discurso empobrecedor ambiciona materializar la “modernidad” en pocas palabras, la tierra ahora debe pasar a manos del capital internacional porque en manos de los campesinos e indígenas es completamente improductiva y, por tanto, nada beneficiosa, así lo consideran los que ahora se creen los dueños del mundo.
La receta del FMI no es nueva; hace un par de años el ex gobernante de Honduras Juan Orlando Hernández dio paso al adefesio llamado Zonas de Empleo y Desarrollo Económico ZEDE que consistía en, una especie de ausencia de derecho dentro de la ZEDE, es decir una: anomia jurídica. Un proyecto que generó mucha polémica porque fueron concebidos como divisiones territoriales con alta autonomía administrativa, judicial, fiscal y policial. La narrativa del actual presidente de Bolivia en nada se diferencia con la del actual expresidente de Honduras, la receta del FMI beneficiará a los pobres.
El FMI es una fábrica de recetas económicas de vieja data conocida, recetas que obligan a los gobernantes a imponerlas sobre las espaldas de los más pobres, a cambio de préstamos millonarios que terminan en los bolsillos de políticos y empresarios y, estos préstamos que posteriormente son los sectores más deprimidos los que cargan con esta deuda.
Una de las medidas económicas que favorecen a los ricos y desfavorecen a los pobres es que “el gobierno elimino el impuesto a las grandes fortunas” y está impulsando la ley 1720 que favorece la concentración de tierras y la agroindustria en manos de capitalistas cuya visión no es repartir lo que rebalse de las ganancias, no existe ley jurídica o moral que obligue a los ricos a la repartición de ganancias, los índices de pobreza de toda América Latina son más que evidentes, ¿Quién garantiza que los grandes empresarios y banqueros son ahora buenos samaritanos dispuestos a repartir sus ganancias con los pobres? ¿acaso privatizar los sistemas de salud y educación tiene como finalidad beneficiar a los pobres? ¿arrebatar la tierra a quien vive directamente de ella es un beneficio que permitirá obtener ganancias económicas a los campesinos e indígenas? ¿existe un solo banquero en América Latina que haya repartido su ganancia o parte de esta con los sectores mas pobres? Estas preguntas demuestran únicamente que todo aquello que se convierte en privado es para beneficio personal o familiar, pero nunca para una sociedad y menos para quienes más sufren la pobreza.
Con la ley 1732 el neoliberal presidente de Bolivia demuestra que las preguntas en mención tienen una sola respuesta: declarar el Estado de excepción y de paso sacar al ejército a las calles con el propósito de contener las demandas democráticas del pueblo boliviano; parece que esto del Estado de excepción se está volviendo una moda en los gobiernos socios del FMI, pero también en los gobernantes entrañablemente amigos del presidente Donald Trump quien dicho sea de paso ha ofrecido desaparecer del mapa a Irán y su población de setenta millones de habitantes mediante la utilización de armamento nuclear.
La fórmula Estado de excepción y los militares en las calles podría desencadenar en algo más crítico que simples bloqueos de calles y carreteras, es decir, la magnitud de la situación política y económica es profundamente critica; responder con el ejército a las demandas democráticas de los pobres podría desencadenar en una guerra civil pues los militares son una especie de antítesis del dialogo y, además son fuerzas armadas que responden a quienes ostentan el poder formal representativo y no al soberano. Una guerra civil en Bolivia seria el punto de partida como ejemplo para otros países de América Latina que en la actualidad enfrentan situaciones económicas y políticas que cada vez más se alejan de la incipiente democracia, Argentina, El salvador y Honduras, atraviesan situaciones poco favorables para la consolidación de una verdadera democracia.
*Periodista, magister en estudios latinoamericanos y, estudios de doctorado en filosofía iberoamericana
[1] Breve historia del reparto de tierras en Bolivia, Instituto Nacional de la Reforma Agraria, julio 2008
