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Por David Alfaro
25/05/2026
El artículo de hoy, lunes 25 de mayo de 2026, del Diario CoLatino, confirma lo que defensores de derechos humanos y observadores internacionales venían denunciando: el caso penal en contra de la abogada Ruth Eleonora López, se ha desmoronado por completo debido a la absoluta falta de evidencias tangibles. A pesar de que fuentes internas del sistema judicial admiten abiertamente que la acusación carece de sustento y que prácticamente «ya no hay caso», la jurista continúa privada de su libertad, acumulando más de un año de cárcel.
El texto de la nota periodística expone de manera contundente las irregularidades del proceso desde su génesis. La Fiscalía General de la República intentó formalizar cargos por supuesto enriquecimiento ilícito sin contar siquiera con un dictamen previo de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, un requisito de procedibilidad que la propia ley salvadoreña mandata como fundamental. Sin este paso legal, la acusación no solo carece de pruebas; es, en términos llanos, jurídicamente ilegal.
Esta ausencia de rigor técnico denota que la detención de López no responde a la persecución de un delito fiscal o administrativo, sino a una estrategia deliberada de neutralización de voces críticas en El Salvador. Como jefa del área de Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal, la abogada se había convertido en un referente incómodo para el poder debido a sus recurrentes denuncias sobre malversación de fondos y abusos cometidos bajo el régimen de excepción.
Mantener bajo detención provisional a una ciudadana cuando la propia Fiscalía carece de elementos probatorios para sostener la causa, e incluso esquiva la celebración de audiencias públicas, despoja al proceso de cualquier fachada institucional y lo sitúa en el terreno del secuestro político. El uso del aparato judicial para prolongar el encarcelamiento arbitrario de disidentes no hace más que resquebrajar el debido proceso y consolidar un entorno donde la ley no se aplica para hacer justicia, sino para castigar la disidencia.
