Bases Magisteriales denuncia tres nuevos casos de supresión de plazas

Saúl Méndez

Colaborador

Bases Magisteriales Salvadoreñas denunció tres nuevos casos de supresión de plazas docentes ocurridos durante junio y sostuvo que estas medidas constituyen despidos injustos e ilegales. La organización afirmó que acompañará a los maestros afectados en los procesos administrativos y legales que emprendan para buscar su reinstalación.

Dos de las supresiones de plazas se registraron en el centro escolar del cantón San Sebastián, en Olocuilta, departamento de La Paz, mientras que la tercera ocurrió en el centro escolar del cantón El Morro, en Santiago Texacuangos, San Salvador.

Según el testimonio de las dos maestras afectadas en San Sebastián, ambas laboraron hasta el lunes 1 de junio, cuando fueron convocadas por la directora departamental de La Paz, Vanessa Morazán. Las docentes relataron que fueron citadas a las 7:30 de la mañana y que, de forma verbal, se les informó que sus plazas habían sido suprimidas, sin que se les entregara documentación escrita que respaldara la decisión.

Al caso de las docentes del centro escolar del cantón San Sebastián, en Olocuilta, se suma el del subdirector Ernesto Alexander Castro, quien se desempeñaba en el centro escolar del cantón El Morro, en Santiago Texacuangos, departamento de San Salvador.

Los tres docentes afectados aseguraron que no han incurrido en ninguna falta que justifique su separación del cargo y sostuvieron que las medidas fueron adoptadas de manera arbitraria y sin la debida fundamentación. Por ello, solicitaron una investigación sobre la actuación de las direcciones departamentales de Educación involucradas ante posibles irregularidades en el procedimiento.

Bases Magisteriales afirmó que en los tres casos existe un mismo patrón: la supresión de las plazas que ocupaban los docentes.

“Consideramos que estos despidos son arbitrarios, ilegales e inconstitucionales. ¿Por qué son ilegales? Porque el artículo 30 de la Ley de la Carrera Docente establece como derecho fundamental la estabilidad laboral”, sostuvo la organización.

“¿Qué implica este derecho? Que los docentes deben gozar de estabilidad en sus cargos. En consecuencia, no pueden ser suspendidos ni despedidos, salvo en los casos y conforme a los procedimientos establecidos por la ley”, aseguró.

Bases Magisteriales señaló que, para que un docente pueda ser separado de su cargo, la decisión debe ser determinada por la Junta de la Carrera Docente correspondiente.

“Por ejemplo, si a una docente se le atribuye una, dos o diez faltas, debe ser escuchada y vencida en juicio ante la Junta de la Carrera Docente. Posteriormente, si alguna de las partes, ya sea denunciante o denunciada, no está de acuerdo con la resolución emitida, tiene derecho a recurrir al Tribunal de la Carrera Docente en segunda instancia. Esa instancia puede confirmar, revocar o modificar la resolución”, detalló.

Sin embargo, la organización aseguró que en estos casos los directores departamentales se han atribuido facultades que no les corresponden, actuando como jueces y ordenando despidos en presunta violación del artículo 11 de la Constitución, que garantiza el derecho de audiencia y defensa.

Por otra parte, informó que las dos docentes afectadas acudieron a la Procuraduría General de la República (PGR). A raíz de ello, la institución remitió una nota a la directora departamental de La Paz solicitando información, debido a que la notificación de la supresión de las plazas fue realizada únicamente de manera verbal.

“Le solicita que informe si existe algún acuerdo, resolución o acto administrativo que respalde la supresión de las plazas que desempeñaban las docentes y que remita copia certificada de la documentación correspondiente”, detalló la organización.

“¿Y por qué se solicita esa información? Porque es una práctica recurrente que algunos funcionarios comuniquen estas decisiones únicamente de forma verbal. ¿Y por qué lo hacen? Porque de esa manera la persona afectada tiene mayores dificultades para demostrar que ha sido despedida, al no existir un documento que respalde oficialmente esa decisión”, agregó.
Ante esta situación, Bases Magisteriales reiteró su condena a lo que calificó como actos arbitrarios, ilegales e inconstitucionales.

Al mismo tiempo, manifestó su decisión de acompañar a las docentes afectadas y al subdirector Ernesto Castro en todas las acciones administrativas y legales que correspondan.

“El compañero Ernesto ya presentó su caso ante la Junta de la Carrera Docente de San Salvador. Las dos compañeras harán lo propio este día ante la Junta de la Carrera Docente de La Paz”, informó Bases Magisteriales.

“Como Bases Magisteriales, reiteramos que no solo ellos, sino cualquier docente en El Salvador que sea objeto de un despido ilegal bajo la figura de supresión de plaza, contará con nuestro respaldo y apoyo incondicional”, concluyó.