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Aunque el caso examinado se refiere a Haití y Siria, una decisión favorable a la administración Trump podría sentar un precedente que debilite la protección judicial de beneficiarios del TPS de otros países, incluido El Salvador. Salvadoreños amparados por este programa temen un eventual retorno a un país bajo régimen de excepción, crisis económica y sin condiciones para recibirlos.
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
Washington, D. C. / San Salvador, 29 de abril de 2026.— La audiencia celebrada este miércoles en la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el intento de la administración de Donald Trump de terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de Haití y Siria abrió un nuevo escenario de incertidumbre para más de un millón de personas amparadas por este programa humanitario, entre ellas miles de salvadoreños que temen perder su permiso de trabajo y quedar expuestos a la deportación.
Aunque el caso no decide directamente el futuro del TPS salvadoreño, su alcance podría ser mucho mayor. El debate ante el máximo tribunal gira en torno a si el Gobierno estadounidense puede terminar estas protecciones humanitarias con una revisión judicial limitada o prácticamente inexistente. Una decisión favorable a la administración Trump podría convertirse en un precedente que facilite futuras terminaciones del TPS para otros países.
El TPS permite que personas provenientes de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias puedan vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos de forma temporal. En el caso de El Salvador, la protección está vigente hasta el 9 de septiembre de 2026, tras una extensión de 18 meses publicada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Esa extensión permite que aproximadamente 232,000 salvadoreños elegibles conserven temporalmente su protección migratoria y autorización de empleo.
La comunidad salvadoreña observa con preocupación el proceso ante la Corte Suprema porque una decisión que limite la revisión judicial podría debilitar futuras acciones legales para defender el TPS cuando llegue el momento de una nueva decisión sobre El Salvador. Para miles de familias, no se trata de una discusión abstracta, sino de la estabilidad que han construido durante más de dos décadas en Estados Unidos.
Salvadoreños amparados al TPS han trabajado legalmente, pagado impuestos, comprado viviendas, formado negocios, criado hijos ciudadanos estadounidenses y sostenido a sus familias en El Salvador mediante el envío de remesas. Una eventual pérdida del beneficio podría provocar separación familiar, pérdida de empleos, procesos de deportación y un fuerte impacto económico tanto en Estados Unidos como en El Salvador.
Para muchos beneficiarios del TPS, la audiencia ante la Corte Suprema también expone la falta de una defensa pública firme por parte del Gobierno salvadoreño. A nivel individual, salvadoreños amparados por este programa cuestionan que el presidente Nayib Bukele, pese a su cercanía política con Donald Trump, no haya solicitado públicamente protección para sus connacionales.
Mercedes Vásquez, activista salvadoreña radicada en Los Ángeles, California, expresó preocupación por la situación de incertidumbre que enfrentan los salvadoreños con TPS y por la falta de una defensa pública del Gobierno de El Salvador. “Lo más doloroso es ver que una comunidad que ha trabajado por décadas en Estados Unidos, que sostiene a miles de familias con sus remesas, hoy enfrenta esta incertidumbre prácticamente sola. Bukele presume una relación cercana con Trump, pero no la está usando públicamente para proteger a los salvadoreños con TPS. Ese silencio se siente como abandono”, afirmó.
La posible consecuencia jurídica de la audiencia es clara: si la Corte Suprema concede al Ejecutivo un margen casi absoluto para terminar el TPS, el futuro de los beneficiarios salvadoreños dependería menos de la revisión judicial y más de la voluntad política de la administración de turno. Ese escenario dejaría a miles de familias en una situación de alta vulnerabilidad.
José Palma, Coordinador Nacional de la Alianza Nacional TPS, señaló que la audiencia confirma la necesidad de una respuesta organizada. “Si la Corte reduce la revisión judicial sobre las terminaciones del TPS, miles de familias quedarían más expuestas a la voluntad política de la administración de turno. Lo que está en juego es la estabilidad de familias que han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos durante décadas”, expresó.
La preocupación aumenta porque un eventual retorno masivo ocurriría en un El Salvador marcado por una situación política, social y económica compleja. Desde marzo de 2022, el país vive bajo un régimen de excepción que ha suspendido garantías constitucionales y ha sido cuestionado por organizaciones de derechos humanos debido a denuncias de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, falta de defensa efectiva y abusos contra personas privadas de libertad.
A ese contexto se suman la falta de oportunidades laborales dignas, la precariedad económica y la limitada capacidad institucional del país para absorber a decenas o cientos de miles de retornados. Beneficiarios salvadoreños del TPS sostienen que estas condiciones deben ser consideradas por el Gobierno de Estados Unidos al evaluar la continuidad de la protección para El Salvador.
Para los beneficiarios, la incertidumbre se vive de manera personal y cotidiana. El temor no es solamente perder un documento migratorio, sino quedar expuestos a la deportación y a un eventual retorno a un país donde muchos consideran que no existen condiciones de seguridad jurídica, estabilidad económica ni oportunidades suficientes para rehacer sus vidas.
Saúl Monge, beneficiario salvadoreño del TPS radicado en Dallas, Texas, sostuvo que la comunidad enfrenta con angustia la posibilidad de perder una protección que ha sido la base de su estabilidad durante décadas. “Uno tiene miedo de perderlo todo de un día para otro: el trabajo, la estabilidad, la familia y la vida que ha construido durante tantos años. Regresar a El Salvador en estas condiciones no es una opción segura para muchos de nosotros. Hay régimen de excepción, falta de oportunidades y mucha incertidumbre. No estamos pidiendo un privilegio; solo queremos seguir trabajando legalmente y viviendo sin miedo”, expresó.
La audiencia ante la Corte Suprema marca así un momento decisivo para las comunidades amparadas al TPS. Aunque el fallo podría conocerse en los próximos meses, sus consecuencias podrían sentirse mucho más allá de Haití y Siria. Para los salvadoreños, el riesgo es claro: perder una protección que ha permitido estabilidad legal y laboral durante más de dos décadas, mientras muchos beneficiarios cuestionan la falta de un pronunciamiento público del Gobierno salvadoreño.
Beneficiarios salvadoreños del TPS consideran necesario que el Gobierno salvadoreño se pronuncie públicamente en favor de sus connacionales, ante un proceso judicial que podría tener consecuencias directas sobre su estabilidad migratoria, laboral y familiar.
