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Joaquín Salazar
Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Con 44 votos a favor la Asamblea Legislativa aprobó anoche la Ley de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. Dicha aprobación no contó con los votos del FMLN, GANA, CD ni del diputado independiente, al considerar que no cumple con los requisitos mínimos establecidos por las víctimas del conflicto armado y la Sala de lo Constitucional.
Carlos Reyes Ramos fue el encargado de dar lectura al Dictamen 22 que establecía la creación de la Ley de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. En el que se establecieron que dicha ley tendrá como objetivo regular la aplicación de la justicia transicional y restaurativa para la reconciliación nacional, en actos suscitados en el conflicto armado de los años 80s.
La ley cuenta con 75 artículos que fueron leídos durante la sesión extraordinaria número seis de la Asamblea Legislativa, en el que se establece la creación del Consejo Nacional para la Reparación (CONREPARA) que será integrado por representantes de Gobierno, de las carteras de Estado de: Salud, Hacienda y Educación; el titular de la comisión del Consejo Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y cuatro representantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Dicha entidad será la encargada de diseñar, consultar y adoptar la política nacional de Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto Armado. Además, administrar el registro oficial de víctimas del conflicto armado, también ejecutar las acciones de programas de reparación integral establecidas en la ley.
Para lo anterior se creará un Registro Nacional de Víctimas del Conflicto Armado como una unidad administrativa dependiente del CONREPARA, que tendrá como principal objetivo acreditar el carácter de victimas y actualizar periódicamente la información de las personas beneficiarias. De igual manera se crea el Centro de Documentación de la Memoria Histórica, que será dependencia del Ministerio de Cultura y será un registro nacional de la memoria histórica.
La ley establece la creación de un Fondo de Reparaciones que tendrá a disposición 10 millones de dólares, recursos que serán contemplados para el 2021 a través del Presupuesto General del Estado.
Por otro lado, también contempla que la Fiscalía General de la República deberá investigar y llevar a un proceso judicial de aquellas personas vinculadas en crímenes de guerra o de lesa humanidad, en actos cometidos entre el 1 de enero de 1980 al 16 de enero 1992.
No obstante, las organizaciones sociales denunciaron que existe un posible vicio de impunidad, ya que en el artículo 61 establece que a las personas que resultaren condenadas se les podrá conmutar la pena, teniendo en cuenta la salud, edad o similares. Además, los imputados podrán recurrir a protección constitucional cuando se les hubiera violado sus derechos constitucionales.
Organizaciones Rechazan
Diversas organizaciones de derechos humanos rechazaron la ley presentada por los diputados de la Asamblea Legislativa. “De noche y a escondidas como los delincuentes. No a la Amnistía”, gritaban los asistentes a la plenaria extraordinaria. Además, recalcaban que la reconciliación, pero sin impunidad ni amnistía. Las organizaciones aseguran que no hay nada que sustente la justicia transicional y que la ley recoge impunidad para los victimarios, principalmente por la pena de cárcel, no se establecen penas.
“Estamos rechazando el intento de la Asamblea Legislativa de aprobar una ley de impunidad, las víctimas del conflicto armado merecen justicia. No escucharon a las víctimas, hicieron un foro, no le permitieron a las victimas expresarse, esta ley de impunidad es tan grave como lo ocurrido el 9 de febrero”, dijo
Mario Ponce, presidente de la Asamblea, además enfatizó que quién impone las penas y condenas son los jueces y no la Asamblea Legislativa.
Veto
El presidente de la República, Nayib Bukele advirtió que vetará la Ley de Reconciliación que aprobó la Asamblea Legislativa, ya que asegura que el anteproyecto de ley no cumple con lo establecido por la Sala de lo Constitucional, en la sentencia de derogación de la Ley de Amnistía de 1993.
“La Presidencia de la República no sancionará ninguna ley que no contenga tres elementos fundamentales para que sea justa y constitucional: Verdad, Reparación y Justicia”, afirmó.
