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Redacción Nacionales
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La Asamblea Legislativa adquirió once vehículos por $425,061.47, según informó la institución en su Portal de Transparencia; el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, defendió la adquisición, pero no detalló para qué específicamente se ocuparán.
En el Portal de Transparencia del Órgano Legislativo, se encuentra un documento titulado “Renovación de flota vehicular para uso institucional”, el cual consta de 5 páginas; informando, de forma general, la compra, el monto, así como los vehículos.
El objetivo de esta compra, según la Asamblea, es “renovar la flota vehicular para trabajo institucional, actividades territoriales, traslado de personal y otras necesidades propias de la Asamblea Legislativa”. La institución gubernamental señaló que “estas adquisiciones son posibles gracias al manejo eficiente de los recursos y a las reducciones históricas en el presupuesto general de este Órgano de Estado”.
Según la Ley de Presupuesto 2026, el Órgano Legislativo tiene asignado para este año $1,549,380 para inversiones en Activos Fijos.
En detalle, son 10 pickups doble cabina 4×4 Nissan NP300 Frontier 2.5L, año 2027 y 1 microbús Nissan Urvan GX 2.5 para 14 a 18 pasajeros, techo alto, año 2027. El monto de inversión es por $425,061.47; El precio de cada vehículo incluye mantenimiento preventivo hasta los 100,000 km (20 revisiones); el proveedor de estos fue el Grupo Q El Salvador S.A. de C.V. Los automotores fueron recibidos por la institución el pasado 17 de julio.
El proceso de compra habría iniciado en abril de este año; el presidente Castro se refirió al tema en declaraciones a la prensa durante esta semana. El funcionario señaló que se tratan de vehículos “no de lujo”, sino para uso institucional.
“Hay procesos que se logran transmitir o presentar ya de una manera en el portal de transparencia como debe ser ya cuando los procesos son finalizados. En este caso, el proceso ya está terminado; esta semana fueron recibidos los vehículos. Son vehículos de trabajo, no son vehículos de lujo, ni para la junta directiva, ni para ningún diputado. Son para la institución”, destacó el funcionario.
Castro no detalló cuantos vehículos fueron adquiridos, ni de donde salieron los fondos ni tampoco para qué específicamente fueron adquiridos; en el escueto documento lo menciona de forma general. Castro mencionó que esta compra se trata de un proceso de renovación de toda la Asamblea.
“Hemos remodelado la Asamblea Legislativa durante zonas; de hecho, ahora estamos en una remodelación en los parqueos; aquí los parqueos estaban llenos de hoyos y era difícil de transitar sobre todo en la época de invierno, todo eso, se está solucionando, son todos los cambios que estamos haciendo y también, estos vehículos con pickups para trabajo que son asignados a la institución y a algunas fracciones que así también lo deseen, que puedan tener un vehículo asignado para ellos, para el trabajo. Son pickups y microbuses para el traslado de personal”, agregó Castro.
Sobre el tema, la diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, señaló que desde la legislatura anterior y la actual anunciaron que no harían uso de los vehículos institucionales. “Nosotros no haremos uso de ningún vehículo institucional. Nosotros creemos que cada diputado tiene que hacer su propio esfuerzo para hacer su trabajo territorial y dejar de ocupar los recursos del Estado para su beneficio”.
La parlamentaria enfatizó que todos los partidos, incluso el partido VAMOS, que es de oposición “tomó recursos de esta Asamblea Legislativa como fue un vehículo y motos que también se les dieron a algunos diputados para el trabajo de sus fracciones”.
Villatoro enfatizó que ARENA fue la única fracción que “en ningún momento aceptó ningún tipo de prerrogativa. De hecho, hay una carta que nosotros presentamos ante la Junta Directiva donde se decía que, como grupo parlamentario renunciábamos a cualquier tipo de vehículo, vales de gasolina, motos o lo que fuese”, enlistó Villatoro.
Mientras que la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, enfatizó que lo correcto es que el uso de los vehículos sea transparente y que las bitácoras sean públicas. La parlamentaria remarcó que el uso de estos debe ser para trabajo legislativo. “La pregunta es quién y cómo se va a regular para evitar el uso discrecional de recursos públicos”, concluyó la funcionaria.
