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@arpassv
La impunidad es una condición que caracteriza al desempeño político de la derecha oligárquica; y no hay Fiscalía, Tribunal Supremo Electoral, ni siquiera Tribunal de Ética Gubernamental que le aplique la ley. Hay tres situaciones que deberían ser objeto de investigación y sanciones correspondientes.
La primera es la utilización de dineros ilícitos para financiar campañas electorales: altos personeros de ARENA (Alfredo Cristiani y Jorge Velado) admitieron públicamente ante medios de comunicación el uso de 10 millones de dólares donados por Taiwán en la contienda presidencial de 2004.
Dichos fondos (que eran para ayudar a los afectados por los terremotos de 2001) fueron desviados por el fallecido ex presidente Francisco Flores hacia las arcas areneras, mediante una trama delictiva de lavado y peculado; por tanto, eran fondos ilícitos. Sin embargo, el partido opositor no ha sido procesado por la Fiscalía y los Tribunales por el cometimiento de este crimen.
La segunda es la estrategia de conspiración sediciosa que busca afectar el funcionamiento del Estado a través del boicot a los ingresos públicos, sin que Fiscalía o Tribunal de Ética intervengan ante esto.
El partido de derecha mantiene una estrategia sistemática de asfixia financiera contra el Ejecutivo bloqueando la aprobación del presupuesto público, reformas tributarias, préstamos, emisión de bonos, reorientación de fondos y hasta aceptación de donaciones.
En esta perversa estrategia también ponen su “granito de ARENA” cuatro magistrados de la Sala Constitucional. Berlarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco han revertido bonos de deuda pública, reformas fiscales progresivas y creación de fondos especiales.
Y la tercera es la campaña electoral adelantada de los pre-candidatos presidenciales Carlos Callejas y Javier Simán. Estos dos empresarios millonarios mantienen una intensa disputa proselitista por la candidatura presidencial de partido oligárquico para los comicios de 2019.
El Tribunal Supremo Electoral -que no parece tribunal ni supremo- se muestra ausente ante el abuso y violación de la normativa electoral que constituye la campaña presidencial adelantada de ARENA. Debilitado por la falta de recursos (también resultante del boicot arenero) y los embates de la Sala Constitucional (suspensión del magistrado Ulises Rivas), el TSE dista mucho de cumplir cabalmente su rol constitucional.
La derecha oligárquica -incluso- se da el lujo de que otros partidos políticos le aprueben sus reformas truculentas y mafiosas, sin tener que pasar por la vergüenza de votar por ellas en el pleno legislativo. Eso pasó con las recientes modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio.
