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José Roberto Osorio
Sociólogo
Una de las expresiones de la crisis social que el país experimenta es, por un lado la aglomeración de personas en determinadas áreas, particularmente las urbanas y una creciente despoblación observada en territorios, que alguien llamó disfuncionales. Es la migración campo-ciudad.
El hacinamiento en determinadas ciudades produce serios problemas de tráfico vehicular, presión sobre los precarios recursos, como el agua, servicios de salud, energía eléctrica, escasez de vivienda digna e incremento del precio de los alquileres de las mismas. Lo más preocupante es que en las grandes concentraciones poblacionales se mueven a sus anchas la criminalidad y la delincuencia, como el pez en el agua.
Las razones por las que los habitantes del país abandonan las áreas rurales, son fácilmente comprensibles. Pocos empleos, duros y mal pagados son algunas de ellas. En efecto, la siembra de granos básicos es una práctica cultural que va perdiendo vigencia, por los bajos precios de los productos, el encarecimiento de los insumos y por las dificultades y penas que implica este tipo de trabajos. Ya ha ocurrido en el pasado que se importa frijol de otros países para satisfacer la demanda interna. Algunas evidencias mostrarían que son los adultos mayores quienes se encargan hoy de producir alimentos básicos. Asimismo, hay carencia de servicios adecuados, como agua, energía eléctrica, insuficientes servicios de salud, inseguridad, son factores de expulsión del sector agrario.
Los bajos precios internacionales del café y la presencia en las zonas rurales del crimen organizado han obligado a muchos caficultores a dejar sin atención sus propiedades, generando desempleo y forzando a la migración de muchos salvadoreños que antes encontraban ocupación en estos cultivos.
Otros producto que se destina al mercado internacional, además de ser muy abundante en todo el mundo, depende de negociaciones políticas para establecer cuotas de exportación. Y en vista de la falta relativa de mano de obra rural, se contrata a trabajadores de otras nacionalidades.
Para confirmar estas apreciaciones conviene acudir a las cifras contenidas en la EHPM-2018, que perfilan cabalmente la situación.
En el año de referencia, el 61.7 % de la población nacional (4,096,070) residía en el área urbana y el 38.3 % en la zona rural. En el Área Metropolitana de San Salvador se concentraba el 27.1 % del total de la población del país.
La distribución de la población por departamento, da cuenta que el 63.5 % de la población se concentra en cinco de los catorce departamentos: San Salvador, La Libertad, Santa Ana, Sonsonate, y San Miguel, mientras que Cabañas, San Vicente, Chalatenango y Morazán son los menos poblados ya que allí reside solo el 11.6 % del total de la población nacional.
La densidad poblacional del país fue de 316 habitantes por kilómetro cuadrado, promedio superado por San Salvador, que exhibía una densidad poblacional de 2,028 habitantes por Km², La Libertad con 492, Sonsonate con 417 y Cuscatlán con 357.
Contrastan con las anteriores cifras las densidades poblacionales de Morazán con 143 habitantes por kilómetro cuadrado, La Unión con 131 y Chalatenango con 102.
Resulta interesante mirar las densidades poblacionales de algunos municipios, como Cuscatancingo con 14,481 habitantes por Km², Soyapango con 9,752 y Mejicanos con 7,635. Sumados San Salvador y Soyapango, concentran el 34.8 % de toda la población reportada para el AMSS. ¿Se explica ahora lo de las trabazones en el tráfico?
Hace algunos meses ciertos funcionarios cobraban altos salarios por hablar de desarrollo territorial, sin embargo, no es posible encontrar resultados. El problema es que mientras la población se acumula en determinados territorios del país, áreas con muchas posibilidades se encuentran abandonadas, fuera de cualquier proceso de desarrollo. Para un país de una extensión tan pequeña, eso es más que un desperdicio.
No se sabe cuál puede ser la política actual en materia de desarrollo territorial, si la hay, pero cabe preguntar: ¿Cuáles fueron o podrían ser los incentivos para invertir en Chalatenango o en Morazán?, ¿qué beneficios se podrían otorgar a la población que se cambie a vivir en las áreas de menor densidad poblacional?, ¿podrían trasladarse oficinas públicas hacia las áreas rurales, desconcentrando de este modo, población y medios de transporte?, ¿qué beneficios se podrían otorgar a los habitantes rurales que no migren y continúen sembrando granos básicos y otros alimentos?, ¿cómo mejorar los servicios públicos en el área rural, para que sirvan como mecanismo de retención poblacional en áreas poco habitadas y que ofrecen alternativas de desarrollo?
Y para no perderse conviene reiterar que: “El desarrollo territorial es un proceso permanente y complejo, implementado por los actores del territorio mediante estrategias colectivas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la comunidad y teniendo en cuenta los diferentes sectores y dimensiones del territorio”.
¿Habrá razones fundadas para esperar que se inicie un proceso de desarrollo rural, diferente, inclusivo, firme y duradero? Usted tiene la respuesta.
