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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Quiero que oiga el presidente de la Asamblea Legislativa (Mario Ponce) que tenemos ya cuarenta años de venir luchando por el atropello que se nos hizo a nuestros hijos, hijas, padres, madres, que se los llevaron y no sabemos en dónde están”, manifestó Sofía Hernández, en representación de las organizaciones CODEFAM, COMADRES y COMAFAC, integradas familiares de víctimas del conflicto armado.
Los colectivos Mesa contra la Impunidad, Grupo Gestor para la aprobación de la Ley de Reconciliación y Pro Memoria Histórica, exhortaron al Estado salvadoreño, en el Foro “Ante la Impunidad y Desacato del Estado, las Víctimas continúan Demandando el Derecho a la Verdad, la Justicia y Reparación”, dar cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Constitucional (CSJ) emitida en el año 2016, que manda un marco legal en materia de reparación y justicia para las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado.
Los testimonios de mujeres y hombres, sobrevivientes a diversas masacres y otras violaciones a derechos humanos, se enmarcan en el 4to aniversario de la derogación de la Ley de Amnistía, decretada en 1993, que abrió una brecha de impunidad histórica que protegió a victimarios materiales e intelectuales, dejando a miles de víctimas sin pronta y cumplida justicia.
De esto conoce Rosa Rivera, representante del Comité de Memoria de Sobrevivientes de la Villa de Arcatao, Chalatenango, quien narró como la extinta Guardia Nacional (GN) la capturó y la torturó en la comandancia del lugar, que describió como la “sala de la tortura”, donde había una alfombra con cal, que posteriormente la hizo perder parte de su visión.
“Recibí tortura física y psicológica, y desde ese momento no he recibido ninguna atención médica. Soy del cantón el Sitio, del caserío Los Rivera, en donde el ejército de Sensuntepeque, llegaba todos los días a nuestras comunidades. Había una base militar en el cantón Platanera, municipio Nombre de Jesús, llegaban a masacrar gente, y fuimos desalojados. Para mí, la guerra no comenzó en los años ochenta, fue mucho más antes, el 14 de julio de 1977 fuimos desalojados, nos quemaron el maíz, el maicillo, los frijoles, nos destruyeron las casas. Y desde ese entonces, no he vuelto a donde viví mi infancia”, relató.
Las fuertes experiencias vívidas por estas mujeres y hombres, fueron escuchadas por el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce (PCN), quien afirmó a las víctimas y sobrevivientes que “no estaban solos”, y reconoció que la lucha de estos colectivos a favor de las víctimas era legítima, y que debía contar con una ley que garantizara todos estos derechos, pero que este esfuerzo era de país.
“De todos es conocido que el proceso de estudio, discusión, consulta y elaboración a la ley que realizó la Asamblea Legislativa, a pesar que la sentencia llevaba varios años de emitida, pasaron varias legislaturas y no la agendaron o planificaron, o sea, no hicieron el trabajo que tenían que haber hecho. El proceso inició el año pasado, cuando no era miembro de la Comisión Política ni de la Junta Directiva, era un diputado de la llanura”, adujo en su intervención.
No obstante, resaltó que al llegar a la presidencia de la Asamblea Legislativa, enfocó parte de su trabajo a dar seguimiento a temas de trascendencia social, y se percató que estaba a trece días de vencer la prórroga dada por la Sala de lo Constitucional, y ante la imposibilidad de cumplir con ese marco legal, solicitó una nueva prórroga, y así construir el proyecto de ley con los parámetros establecidos por el órgano Judicial.
Sobre los dos proyectos de ley que recibió, uno de la Comisión Política y el otro de las organizaciones sociales, Ponce expresó que era una “situación complicada”, elegir uno de esos proyectos, aduciendo que tenía a cargo a 83 diputados con diferentes pensamientos ideológicos y no les podía imponer una regla, sino buscar espacios de diálogos.
“Debo tener la respuesta en Dios, que los meses que me hacen falta podemos resolver esto, no es posible dejarle esto a la próxima legislatura, que está casi nueve meses de empezar. Y que no sabemos quienes van a ser los actores políticos dentro de este congreso, que pueden cambiar el avance que hemos tenido”, agregó.
Apolonio Tobar -procurador para la Defensa de los Derechos Humanos- señaló que la sentencia del 13 de julio de 2016, de la Sala de lo Constitucional, establece los parámetros para que las víctimas obtengan garantías de acceso a la justicia y que esos hechos no volverán a ocurrir.
“Nosotros escuchamos a las víctimas directamente, tenemos los registros de eso y presentamos ese documento a la Asamblea Legislativa. Porque la intención nuestra era recopilar el pensar y sentir de las víctimas y como debía abordarse en la ley, el acceso a la verdad, la justicia, garantía de no repetición y reparación, como elemento para discusión, lamentablemente no se consideró el documento, y allí está plasmado lo que las víctimas desean”, expuso.
Héctor Carrillo, en representación de FESPAD, habló sobre los impactos que tiene el no cumplimiento de la sentencia de Ley de Reconciliación Nacional, señalando la importancia que los funcionarios y la población conozcan, sobre estas repercusiones a nivel jurídico y evitar la impunidad de los perpetradores.
“La Asamblea Legislativa tiene que emitir una normativa, que regule el acceso a la información para que las víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos, pudieran tener acceso a los archivos y otro tipo de datos en sus casos. La Constitución de la República reconoce el derecho a la protección jurisdiccional, no jurisdiccional y el derecho a la información y que estos incumplimientos a cuatro años de emitida la sentencia, implica la vulneración de estos derechos. Hago énfasis desde el punto vista jurídico penal que de no cumplir esta sentencia, está constituyen hechos delictivos de varios funcionarios públicos”, sentenció Carrillo.
