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Analfabetismo religioso

José M. Tojeira

Ser analfabeto religioso no es malo ni a veces depende de uno. Lo malo es tener la posibilidad de salir de dicho analfabetismo y no querer salir de él. El que sabe que no sabe simplemente pregunta o se instruye, y eso es siempre positivo. Pero algunos diputados, tal vez demasiado pagados de sí mismos, en vez de preguntar o dialogar, prefieren exhibir su propio analfabetismo religioso. Una muestra llamativa de este analfabetismo la acaba de dar el propio presidente de la Asamblea Legislativa cuando, comentando la defensa religiosa del agua, ha declarado públicamente que a veces no comprende a la Iglesia católica. No todos tienen que comprender a la Iglesia católica, pero en su defensa de un bien público como lo es el agua, si no se la entiende es porque no se quiere preguntar. O simplemente no se quiere leer. Si hubiera hojeado el Documento de Aparecida, donde todos los obispos latinoamericanos ofrecieron pautas de desarrollo equitativo y sostenible para nuestros pueblos, habría podido ver la preocupación episcopal por el agua: “Las aguas -dice el documento- están siendo tratadas como si fueran una mercancía negociable por las empresas, además de haber sido transformadas en un bien disputado por las grandes potencias” (Aparecida 85). Lo que a todos los obispos y miembros de la Iglesia católica nos preocupa en América Latina, “una equitativa distribución de la tierra, del agua y de los espacios urbanos” (Aparecida 474,b), preocupa también en El Salvador. Ya bastante agua está convertida en negocio. Y la preocupación crece cuando vemos que en el ente rector del agua se quiere imponer un peso excesivo de una gremial de la empresa privada. Si el diputado Quijano quisiera más información puede leer la “Laudato si” del papa Francisco, donde expresa la siguiente preocupación: “Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado” (LS 30). Si la Asamblea Legislativa coloca a la empresa privada en posición de liderazgo en la gestión del agua, no es raro que la Iglesia sienta una clara prevención frente a la ley que quieren imponernos.

Si el presidente de la Asamblea Legislativa tiene una clara ignorancia religiosa respecto al catolicismo, otros diputados tienen un analfabetismo religioso de primer orden. El arenero que salió diciendo que la Iglesia alienta el odio de clases es el más ridículo. Lo mismo que el miembro del PCN que aseguraba que es ideológica la frase “no permitamos que los pobres mueran de sed”, que encabeza el pronunciamiento de la conferencia Episcopal de El Salvador. En El Salvador todavía hoy muere gente por su falta de acceso a agua sana tanto para el consumo como para el saneamiento. Y de haber odio de clase sería de parte de los poderosos hacia los pobres y no viceversa. Darle demasiado peso a la empresa privada en la gestión del agua hace suponer lógicamente un mayor interés por los beneficios comerciales del agua que por el derecho humano a la misma.

La ignorancia no es en principio un problema. El clavarse y afincarse en ella por supuesto lo es. Y en el tema religioso, más allá de la legítima opción de optar responsablemente por una religión o no, hay aspectos que no es necesario conocer. Pero en un país de clara tradición cristiana y con un amplio número de católicos, los diputados debían conocer y respetar aspectos básicos de la fe de su ciudadanía. La opción por los pobres, la preocupación por el deterioro ecológico que daña especialmente a la población empobrecida y/o vulnerable (mayoría en el país), son preocupaciones básicas de la Iglesia católica y de otras iglesias.

Discutir, dialogar, investigar las razones que se exponen debería estar en la agenda de los diputados en vez de reaccionar diciendo que no comprenden o que es ideológico lo que no coincide con su propia y muchas veces obsoleta ideología.

Obstinarse en su analfabetismo religioso, cuando la propia Iglesia está dispuesta a hablar civilizada, objetiva y racionalmente, no es la mejor opción de un representante del pueblo. Y más cuando la Asamblea Legislativa aparece en los últimos puestos de confianza ciudadana y las iglesias aparecen en los primeros puestos.

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