Amnistía Internacional pide investigar torturas, desapariciones y muertes bajo custodia en El Salvador

Saúl Méndez

Colaborador

Amnistía Internacional instó al Estado salvadoreño a investigar de manera independiente, imparcial y exhaustiva las denuncias de tortura, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia documentadas en el contexto del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, durante el gobierno del presidente Nayib Bukele. Asimismo, solicitó que se sancione a los responsables de posibles delitos de lesa humanidad cometidos en ese período.

La petición del organismo internacional se sustenta en su informe «Seguridad sin derechos», publicado en julio de 2026, el cual recoge el monitoreo realizado desde el inicio del régimen de excepción. La investigación incluye seis misiones de documentación efectuadas en el país entre mayo de 2022 y enero de 2025, así como 109 entrevistas con víctimas, familiares, abogados, defensores públicos, representantes de la defensa privada, agentes activos y retirados de la Policía Nacional Civil (PNC), especialistas en seguridad ciudadana, derecho penal y derecho procesal penal. Además, incorpora el análisis de requerimientos fiscales, resoluciones judiciales, decretos legislativos, estadísticas oficiales y pronunciamientos de organismos internacionales.

“A partir de esta investigación se documentaron 82 casos individuales representativos que ilustran los principales patrones de violaciones de derechos humanos cometidos durante este período”, informó Amnistía Internacional.

Según el informe, las consecuencias más graves de esta medida se reflejan en el número de muertes registradas bajo custodia estatal. Organizaciones de derechos humanos han documentado al menos 537 fallecimientos en centros de detención hasta la fecha.

La mayoría corresponde a personas que permanecían en detención provisional; es decir, sin una condena firme. En varios casos se registraron lesiones incompatibles con las causas oficiales de muerte o indicios de violencia física y negligencia médica. Pese a la gravedad de estos hechos, Amnistía Internacional señaló que las autoridades no han realizado investigaciones exhaustivas ni adoptado medidas efectivas para prevenir nuevos abusos.

El informe también documenta patrones de desapariciones forzadas vinculadas al régimen de excepción. En muchos casos, estas desapariciones fueron de corta duración y estuvieron relacionadas con detenciones sin registro oficial, la negativa de las autoridades a reconocer la privación de libertad, traslados entre centros penitenciarios sin notificación a los familiares o la retención de personas pese a existir órdenes judiciales de liberación.

“El período de incomunicación de hasta quince días previsto en la normativa vigente, añade el documento, ha facilitado la ocurrencia de estas prácticas”, aseguró.

Encarcelamientos masivos y condiciones inhumanas

Según el organismo, uno de los rasgos más visibles de esta política ha sido el encarcelamiento masivo de la población.

“A finales de 2024, aproximadamente el 1,8 % de la población salvadoreña se encontraba privada de libertad. Entre los hombres, la proporción ascendía a cerca del 3,3 %, lo que equivale a tres de cada cien hombres en prisión. Con una tasa aproximada de 1,659 personas encarceladas por cada 100,000 habitantes, El Salvador registra actualmente la tasa de encarcelamiento más alta del mundo”, alertó.

La información recopilada también sugiere que las detenciones han afectado de manera desproporcionada a personas en condición de pobreza o exclusión social, lo que plantea preocupaciones sobre posibles patrones de criminalización asociados a factores socioeconómicos.

Además, el informe señala que el crecimiento acelerado de la población penitenciaria ha provocado una crisis de hacinamiento extremo en el sistema carcelario.

“En algunos centros penales, la ocupación supera ampliamente la capacidad instalada, con niveles de sobrepoblación que alcanzan entre el 163 % y el 300 %”, informó.

Los testimonios recopilados por Amnistía Internacional describen condiciones de detención marcadas por el acceso limitado a agua potable y alimentos de calidad, restricciones severas al contacto con familiares y representantes legales, iluminación permanente y la negación sistemática de atención médica.

“Estas condiciones han contribuido a un deterioro generalizado de la salud y la integridad física de las personas privadas de libertad”, sostuvo.

Amnistía Internacional advierte sobre impunidad estructural y ausencia de controles

El organismo también pidió al Estado salvadoreño fortalecer la independencia judicial y los mecanismos de control institucional, incluido el papel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), al considerar que existe una impunidad estructural y ausencia de controles que dificultan la investigación y sanción de estas violaciones.

“Las autoridades han negado sistemáticamente la existencia de abusos, mientras que instituciones clave encargadas de la supervisión de las actuaciones estatales han mostrado una actuación deficiente o inexistente. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República no ha iniciado investigaciones sustantivas contra agentes estatales por su posible rol en actos constitutivos de tortura o por muertes bajo custodia. Por su parte, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha reducido significativamente sus labores de monitoreo en centros de detención”, observó la entidad.

Amnistía Internacional también advirtió sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, al considerar que la evidencia recopilada indica que las violaciones documentadas no constituyen hechos aislados, sino que responden a patrones de conducta estatal favorecidos por la reconfiguración del marco institucional y legal del país.

“La concentración de poder político en el Ejecutivo y el partido oficial, el debilitamiento de los contrapesos institucionales, la ampliación de las facultades coercitivas del Estado y la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas han creado un entorno propicio para la comisión de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos”, alertó.

En ese contexto, el informe sostiene que la privación grave de libertad a gran escala, las denuncias sistemáticas de tortura, los patrones de desapariciones forzadas y las muertes bajo custodia estatal no pueden entenderse como hechos aislados, sino como parte de un patrón de abusos que, por su magnitud y organización, podrían constituir crímenes de lesa humanidad conforme al derecho penal internacional.

Ante esta situación, Amnistía Internacional también instó al Estado salvadoreño a adoptar un plan claro y verificable para el levantamiento del régimen de excepción y el restablecimiento pleno de las garantías constitucionales. Asimismo, pidió garantizar que toda persona detenida tenga acceso inmediato a una defensa legal, al control judicial efectivo y a la revisión de la legalidad de su detención.

La organización también solicitó adoptar medidas urgentes para garantizar condiciones de detención compatibles con los estándares internacionales, incluyendo el acceso a servicios de salud, alimentación adecuada y contacto con familiares y abogados defensores. Además, pidió asegurar el acceso pleno e independiente de los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, así como aceptar asistencia técnica internacional para fortalecer el debido proceso, el control judicial de las detenciones y las condiciones de reclusión conforme a los estándares internacionales.