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Erick Zelaya*
Hay gobiernos que encarcelan personas. Hay otros que intentan encarcelar ideas. En El Salvador ocurre algo todavía más grave: se pretende encarcelar la posibilidad misma de que la clase trabajadora vuelva a organizarse de manera independiente.
Por eso sería un error hablar de Giovanni Aguirre, Misael Itamir Gómez, César Hernández y Óscar René Martínez Iglesias como si fueran cuatro expedientes aislados. No lo son. Son parte de una misma política. Cuatro rostros de una estrategia que busca enviar un mensaje inequívoco: quien organiza trabajadores, quien defiende derechos laborales, quien acompaña a las comunidades o quien cuestiona al poder puede terminar tras las rejas.
Ese mensaje no comienza en las cárceles. Comienza con el despido de miles de trabajadores del sector público, entre ellos centenares de dirigentes sindicales; continúa con la negativa a inscribir nuevas organizaciones sindicales, con la persecución administrativa, el acoso policial y la estigmatización pública; y termina con la prisión o el exilio. Nunca, desde la firma de los Acuerdos de Paz, el sindicalismo salvadoreño había enfrentado un proceso tan amplio de desarticulación.
El exilio sindical no es una casualidad. Es una consecuencia directa de ese proceso. Decenas de dirigentes y activistas han tenido que abandonar El Salvador porque comprendieron que permanecer significaba exponerse a la cárcel o algo peor. Dejaron atrás a sus familias, sus organizaciones, sus comunidades y el trabajo de toda una vida. Algunos fueron despedidos por ejercer la actividad sindical; otros comenzaron a ser vigilados, fotografiados, amenazados o seguidos. El resultado ha sido el mismo: el destierro. Cuando un dirigente sindical debe solicitar protección internacional para preservar su libertad o su vida, no es únicamente él quien ha sido derrotado. Es el Estado el que ha incumplido su obligación de garantizar los derechos y libertades que dice reconocer.
La historia de Giovanni Aguirre resume con crudeza esa realidad. Dirigente sindical de la Alcaldía de San Salvador, fue capturado pocos días después de participar en las actividades del Primero de Mayo de 2022. Desde entonces su proceso se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos de la criminalización de la actividad sindical. Resoluciones judiciales que ordenaban medidas sustitutivas fueron desobedecidas; recuperó la libertad apenas por unas horas antes de ser recapturado; permanece encarcelado mientras su defensa denuncia obstáculos para conocer incluso su estado de salud. Más de ochenta organizaciones nacionales e internacionales han exigido su liberación inmediata, sin que ello haya modificado su situación.
Misael Itamir Gómez tampoco era un delincuente perseguido por la justicia. Era un dirigente sindical municipal comprometido con la organización de los trabajadores. Su captura, ocurrida en junio de 2022, pasó a integrar las denuncias que el sindicalismo salvadoreño ha presentado ante los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo como evidencia del deterioro de la libertad sindical en el país. Su prolongada prisión preventiva y la ausencia de respuestas convincentes por parte del Estado han convertido su caso en un símbolo de esa deriva autoritaria.
César Hernández representa otra expresión del mismo problema. Trabajador municipal, dirigente sindical y estudiante universitario, terminó incorporado a procesos colectivos que han sido ampliamente cuestionados por organizaciones de derechos humanos y por especialistas en debido proceso. Cuando los juicios masivos sustituyen el análisis individual de responsabilidades y las garantías procesales se reducen al mínimo, la justicia deja de ser un instrumento para esclarecer hechos y comienza a convertirse en una herramienta de intimidación.
El caso de Óscar René Martínez Iglesias posee un significado todavía más amplio porque conecta la persecución sindical con la defensa de los pueblos indígenas y del territorio. Fundador del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales (MILPA), integrante de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) y líder de la comunidad indígena lenca Nuevo Amanecer, fue capturado el 9 de junio de 2023 mientras realizaba labores de pesca en la playa El Icacal. Su comunidad mantenía una firme oposición a proyectos que amenazaban sus tierras ancestrales, entre ellos el denominado Aeropuerto del Pacífico. Desde entonces permanece privado de libertad bajo el régimen de excepción. Su caso ha sido incorporado incluso en informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como ejemplo de la prolongación de la prisión preventiva contra personas defensoras de derechos humanos. La captura de Óscar René no puede entenderse únicamente como la detención de un sindicalista; constituye también un golpe contra la organización indígena y contra quienes defienden el territorio frente a intereses económicos y políticos.
Quien analice estos cuatro casos de manera aislada perderá de vista lo esencial. Existe un patrón. Se persigue a dirigentes sindicales. Se persigue a defensores del territorio. Se persigue a líderes comunitarios. Se persigue a quienes organizan trabajadores de manera independiente. Paralelamente, decenas de sindicatos denuncian obstáculos para ejercer libremente sus funciones y centenares de dirigentes han perdido sus empleos. El resultado es un movimiento sindical debilitado mediante el miedo, la incertidumbre y la amenaza permanente.
Todo ello ocurre mientras el Gobierno proyecta hacia el exterior la imagen de un país que ha recuperado la seguridad. Nadie discute el deber del Estado de combatir a las estructuras criminales que durante décadas sembraron terror entre la población. Lo que sí debe cuestionarse es la utilización del régimen de excepción para alcanzar objetivos que nada tienen que ver con esa lucha. La seguridad no puede convertirse en un argumento para encarcelar dirigentes sindicales, líderes indígenas, defensores comunitarios o personas cuya actividad pública ha consistido en organizar trabajadores y ejercer derechos reconocidos por la Constitución y por los convenios internacionales ratificados por El Salvador.
La libertad sindical no se mide por los discursos oficiales ni por las intervenciones diplomáticas en los foros internacionales. Se mide cuando un trabajador puede fundar un sindicato sin temor a represalias. Se mide cuando un dirigente puede participar en una movilización del Primero de Mayo sin que esa participación termine convirtiéndose en el preludio de un proceso penal. Se mide cuando la crítica social no es tratada como una amenaza para el poder, sino como parte de la vida democrática.
La comunidad internacional tampoco puede conformarse con expresar preocupación mediante informes o resoluciones. Las declaraciones diplomáticas tienen un valor limitado cuando quienes permanecen en prisión siguen contando los días desde una celda. La solidaridad, si pretende ser algo más que una palabra repetida en congresos sindicales, debe traducirse en acciones concretas.
Ha llegado el momento de que las centrales sindicales de todos los continentes, las federaciones internacionales, las confederaciones nacionales, los sindicatos de rama y las organizaciones de trabajadores impulsen una campaña internacional permanente por la libertad de Giovanni Aguirre, Misael Itamir Gómez, César Hernández y Óscar René Martínez Iglesias. Esa campaña debe instalar estos nombres en cada congreso sindical, en cada conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, en cada misión internacional, en cada pronunciamiento público y frente a cada representación diplomática de El Salvador. Debe exigir observación internacional de sus procesos judiciales, visitas a los centros de detención, seguimiento permanente por parte de los mecanismos internacionales de derechos humanos y una presión política sostenida hasta lograr su liberación.
El sindicalismo internacional nació sobre una convicción sencilla y profundamente vigente: cuando se golpea a un trabajador en un país, la respuesta pertenece a todos los trabajadores del mundo.
Por ello, hacemos un llamado fraterno y firme a las organizaciones sindicales de todos los continentes para que unan sus voces en una gran campaña internacional de solidaridad con los sindicalistas presos de El Salvador. Que cada sindicato, cada federación y cada confederación incorpore esta exigencia en su agenda, promueva resoluciones, organice actos públicos, interpela a sus gobiernos, active los mecanismos de la Organización Internacional del Trabajo y acompañe a las familias que llevan años esperando justicia.
La libertad de Giovanni Aguirre, Misael Itamir Gómez, César Hernández y Óscar René Martínez Iglesias no constituye únicamente una causa del sindicalismo salvadoreño. Es una causa de todo el movimiento sindical internacional y de quienes creen que organizarse para defender los derechos de la clase trabajadora jamás puede ser tratado como un delito. Hasta que ellos recuperen su libertad, la solidaridad internacional seguirá siendo una tarea pendiente y una responsabilidad compartida.
*Luchador social, Sindicalista en El Exilio y Columnista
