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Saúl Méndez
Colaborador
Amnistía Internacional (AI) advirtió que la vida y la integridad física y psicológica del defensor de derechos humanos Fidel Zavala se encuentran en riesgo, luego de que fuera condenado a 15 años de prisión por el delito de estafa agravada. La organización expresó preocupación ante su posible traslado al centro penitenciario de Mariona, donde el activista denunció anteriormente presuntos casos de tortura, malos tratos y muertes de personas bajo custodia estatal.
A través de una Acción Urgente, la organización internacional instó al Gobierno de Nayib Bukele y a la Fiscalía General de la República (FGR) a garantizar la protección de Zavala, así como el respeto a sus derechos fundamentales, el debido proceso y su derecho de defensa.
Amnistía Internacional recordó que Zavala, vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), estuvo en detención provisional por otro proceso judicial relacionado con su labor de defensa de derechos humanos por el cual no existe una sentencia condenatoria.
La detención del defensor ocurrió el 25 de febrero de 2025, durante un operativo de las autoridades que incluyó el allanamiento de las instalaciones de UNIDEHC, la vivienda de su directora, la abogada Ivania Cruz, y la captura de más de veinte líderes comunitarios vinculados a la comunidad La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad.
La organización internacional consideró especialmente preocupante la situación de Zavala debido a que anteriormente había denunciado presuntos actos de tortura y otros malos tratos en centros penitenciarios salvadoreños, por lo que solicitó medidas para prevenir cualquier afectación a su integridad.
Amnistía también pidió que se garantice la seguridad de todas las personas detenidas y que las actuaciones judiciales se desarrollen conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
La Acción Urgente busca movilizar a personas y organizaciones para exigir a las autoridades salvadoreñas que adopten medidas efectivas de protección y aseguren que Zavala pueda ejercer su derecho de defensa sin sufrir represalias.
Amnistía Internacional reiteró que las autoridades estatales deben rendir cuentas por posibles violaciones de derechos humanos y que ninguna institución o gobierno debe quedar fuera del escrutinio público.
Disputa mercantil vrs. Tipificación penal
El núcleo técnico del fallo dictado por el Tribunal Tercero de Sentencia estriba en una supuesta deuda de 4,000 dólares. No obstante, la defensa técnica ha sido enfática en señalar que las relaciones financieras invocadas por las supuestas víctimas devienen de contratos mercantiles legítimamente suscritos por la empresa de Fidel Zavala.
De acuerdo con los postulados jurídicos expuestos por UNIDEHC, la existencia de deudas no satisfechas dentro del tráfico mercantil constituye un asunto del orden Civil y Mercantil, debiendo ventilarse en los juzgados correspondientes y no en la jurisdicción penal. Asimismo, la defensa subrayó que las supuestas víctimas reconocieron en las audiencias de juicio y en la Vista Pública la autenticidad y existencia de dichos contratos mercantiles, lo cual desvirtúa la existencia de ardid o engaño característicos del delito de estafa.
A pesar de los instrumentos contractuales aportados como prueba documental de descargo, el Juez de Sentencia razonó que existió la intención de estafar, imponiendo una severa condena de 15 años de privación de libertad, decisión que la representación legal califica de arbitraria e incongruente con las evidencias incorporadas al expediente.
