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Sara Moroe
Colaboradora
La comunidad San José Llano Grande 2, en el distrito de Tecoluca, municipio de San Vicente Sur, expresó su preocupación por el posible riesgo de contaminación de su principal fuente de abastecimiento de agua, debido a la preparación de un terreno cercano al pozo y tanque de captación que, estaría siendo alquilado al Ingenio Jiboa para establecer un cultivo de caña de azúcar.
Ante esta situación, el Movimiento por la Defensa de la Tierra emitió un pronunciamiento en el que expresó su respaldo a la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO), a la Junta Administradora de Agua y a los habitantes de la localidad. Asimismo, llamó a mantener una alerta comunitaria organizada y demandó la intervención inmediata de las instituciones responsables de proteger los recursos naturales y la salud de la población.
La preocupación central radica en que el terreno donde se estarían desarrollando los trabajos se encuentra aproximadamente a ocho metros del pozo y del tanque de captación del sistema comunitario de agua, infraestructura que abastece a más de 120 familias.
Temor por las actividades agrícolas
De acuerdo con el pronunciamiento, hace aproximadamente seis meses comenzaron trabajos de limpieza en el terreno. En ese momento, cuando los habitantes expresaron sus inquietudes, recibieron explicaciones que descartaban que el lugar fuera utilizado para el cultivo de caña de azúcar.
Sin embargo, la comunidad denuncia que recientemente se han producido nuevas intervenciones con maquinaria y trabajos de preparación del suelo, lo que ha incrementado la preocupación sobre el destino del terreno y sus posibles consecuencias para el abastecimiento de agua.
El Movimiento por la Defensa de la Tierra considera necesario que las autoridades esclarezcan públicamente quiénes están detrás de estas intervenciones, cuáles son los alcances del proyecto agrícola y si cuenta con las autorizaciones correspondientes.
La organización advierte que la proximidad de actividades agrícolas a una fuente destinada al consumo humano requiere una evaluación rigurosa de los posibles impactos ambientales. En particular, señala la necesidad de examinar los riesgos asociados al uso de plaguicidas y fertilizantes, así como las modificaciones del terreno y los sistemas de drenaje que podrían facilitar el ingreso de sustancias contaminantes hacia el pozo.
La preocupación no se limita a la actividad agrícola en sí misma, sino a las condiciones en que podría desarrollarse y a la ausencia de información suficiente para garantizar que la fuente de agua se encuentre protegida.
La salud de las familias en el centro de la preocupación
El pronunciamiento también hace referencia a los problemas de insuficiencia renal que afectan a habitantes de la comunidad. Según la organización, existen personas que padecen esta enfermedad e incluso pobladores que han fallecido por esa causa.
El Movimiento por la Defensa de la Tierra sostiene que esta realidad vuelve todavía más urgente adoptar medidas preventivas para evitar nuevos riesgos sanitarios.
La organización considera que las familias no deben esperar a que se produzcan daños en su salud o en la calidad del agua para que sus preocupaciones sean atendidas por las instituciones públicas.
En ese sentido, plantea que la protección del pozo, el sistema de bombeo y almacenamiento debe ser una prioridad, debido a que constituyen infraestructura indispensable para la vida cotidiana de los habitantes.
El acceso al agua potable, sostiene el movimiento, no puede quedar subordinado a intereses económicos o productivos, especialmente cuando existe la posibilidad de que una actividad desarrollada en las inmediaciones de una fuente de abastecimiento comprometa la seguridad hídrica de toda una comunidad.
Exigen intervención de las instituciones
Ante el escenario denunciado, el Movimiento por la Defensa de la Tierra dirigió sus exigencias a la Alcaldía de San Vicente Sur y su Unidad de Medio Ambiente, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y al Ministerio de Salud.
La demanda incluye establecer medidas de protección para la fuente de agua, realizar las evaluaciones necesarias y disponer acciones preventivas que permitan garantizar el abastecimiento de las familias.
Entre las medidas solicitadas figura la suspensión provisional de los trabajos que puedan comprometer el sistema comunitario de agua, mientras se verifica la situación del terreno y se determinan los posibles riesgos ambientales y sanitarios.
La organización también considera indispensable que las instituciones actúen con transparencia, expliquen las decisiones adoptadas y rindan cuentas sobre las actuaciones realizadas para atender la denuncia.
Otro de los puntos señalados es la necesidad de garantizar la participación de las organizaciones comunitarias legítimas en cualquier proceso de diálogo o decisión relacionado con el territorio y el abastecimiento de agua.
Defensa del agua y organización comunitaria
El movimiento hizo un llamado a las comunidades de Tecoluca, organizaciones sociales, ambientales y personas solidarias para acompañar la demanda de San José Llano Grande Dos, documentar los acontecimientos y mantenerse atentas a la respuesta de las autoridades.
Asimismo, rechazó cualquier forma de presión o descalificación contra quienes expresan sus preocupaciones y defienden los bienes naturales de sus comunidades.
Para la organización, la gestión comunitaria del agua debe respetarse y fortalecerse, porque constituye una responsabilidad colectiva vinculada directamente con el derecho a la salud y a la vida.
La comunidad espera una respuesta institucional, la principal exigencia es que se verifique lo que ocurre en el terreno y se adopten medidas que eviten cualquier afectación a su sistema de abastecimiento.
«¡El agua es vida! ¡La salud de nuestras familias no se negocia!», concluye el pronunciamiento del Movimiento por la Defensa de la Tierra.
