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Redacción Nacionales
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El ambientalista Peter Natarén calificó como un “crimen ambiental” la gestión del presidente Nayib Bukele durante sus siete años al frente del Ejecutivo, al considerar que en este período se ha profundizado el deterioro de las políticas de protección ambiental, se ha debilitado el papel de las instituciones encargadas de velar por los recursos naturales y se han abierto las puertas a proyectos extractivos y urbanísticos con alto impacto ecológico.
Durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán, Natarén sostuvo que existe una acumulación de conflictos ambientales que han provocado una creciente preocupación ciudadana en distintas zonas del país.
Entre ellos mencionó la situación del bosque El Espino, el avance de proyectos mineros en departamentos como Cabañas y La Unión, así como la destrucción de ecosistemas sensibles, incluyendo manglares y áreas boscosas.
El ambientalista dijo que el Ministerio de Medio Ambiente ha perdido su capacidad de regulación y actualmente opera bajo directrices orientadas a facilitar la aprobación de proyectos privados.
“Vemos un ministerio que ya no tiene recursos suficientes para la prevención ni para ejercer controles efectivos. Su función ahora parece ser la de facilitar permisos para grandes proyectos”, afirmó.
Minería y desalojos en Cabañas
Uno de los temas que más preocupación genera entre las organizaciones ambientalistas es el regreso de la minería metálica. Natarén aseguró que existen indicios del avance de operaciones vinculadas a esta actividad en varias zonas del país.
En el municipio de San Isidro, departamento de Cabañas, denunció la compra de cientos de manzanas de tierra en áreas consideradas de potencial minero y advirtió sobre posibles desalojos que afectarían a unas 30 familias de escasos recursos.
De acuerdo con Natarén, una empresa denominada Inversiones El Dorado estaría impulsando obras de infraestructura que requerirían la ampliación de carreteras por donde circularía maquinaria pesada. Esta situación, señaló, pondría en riesgo a comunidades asentadas desde hace décadas a lado de la calle vecinal.
“Son familias que han vivido allí durante 30 o 40 años y que ahora enfrentan la posibilidad de ser expulsadas sin una alternativa clara de reubicación”, expresó. Natarén cuestionó además la aparente ausencia de estudios de impacto ambiental relacionados con estos proyectos y aseguró que muchas decisiones se estarían tomando sin procesos transparentes ni consultas públicas.
El Espino y la pérdida de áreas verdes
Otro de los puntos abordados fue la situación del bosque El Espino, uno de los principales pulmones ecológicos del Área Metropolitana de San Salvador.
El ambientalista señaló que la movilización ciudadana en defensa de esta zona ha crecido durante los últimos meses, con recolección de firmas y campañas impulsadas por colectivos sociales y ambientales, entre ellos el Movimiento Todos Somos El Espino y el Colectivo de Derechos Humanos “Herbert Anaya Sanabria”.
A su juicio, la reducción de las áreas boscosas tendrá consecuencias directas sobre el clima urbano, incrementando las temperaturas y disminuyendo la capacidad natural de absorción de contaminantes.
Asimismo, denunció que mientras se desarrollan campañas de reforestación promovidas por el Gobierno, simultáneamente se estarían autorizando proyectos que implican la tala de miles de árboles en otras regiones del país como en San Isidro, Cabañas donde talarán entre 15 y 20 mil árboles.
Impacto internacional
Natarén recordó que El Salvador fue reconocido internacionalmente por convertirse en el primer país del mundo en prohibir la minería metálica mediante una ley aprobada en 2017, y que fue derogada por orden del presidente Bukele hace un año.
Según explicó, esta decisión convirtió al país en un referente para organizaciones ambientales de América, Asia y Europa, que veían en el caso salvadoreño un modelo para enfrentar los impactos de la industria extractiva.
Por ello, afirmó que la derogación de esa normativa fue recibida con preocupación por movimientos ambientales internacionales que durante años acompañaron la lucha de comunidades afectadas por proyectos mineros.
“El Salvador pasó de ser un ejemplo mundial a convertirse nuevamente en un territorio atractivo para la explotación minera”, sostuvo.
El ambientalista también alertó sobre la falta de políticas públicas orientadas a enfrentar los efectos del cambio climático.
Indicó que fenómenos extremos como olas de calor e irregularidades en los ciclos de lluvia están afectando cada vez más a la agricultura y a las comunidades rurales.
A su juicio, el país carece de planes de adaptación suficientes para proteger a los sectores más vulnerables, particularmente a pequeños productores agrícolas que dependen directamente de las condiciones climáticas.
Además, advirtió que la presión creciente sobre los recursos hídricos podría provocar problemas más graves en el futuro, especialmente en un contexto donde muchas comunidades dependen cada vez más de aguas subterráneas debido al deterioro de las fuentes superficiales.
Al hacer un balance general de los siete años de gobierno de Bukele en materia ambiental, Natarén sostuvo que no se trata únicamente de una deuda pendiente, sino de un proceso sistemático de deterioro ambiental y, por lo tanto, de “un crimen ambiental”.
El activista llamó a las comunidades a organizarse, denunciar y participar activamente en la defensa de sus territorios, argumentando que la presión social será determinante para frenar iniciativas que puedan comprometer los recursos naturales del país.
