Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador «Héroes de noviembre del 89» (ALGES) señaló que los logros alcanzados tras la firma de los Acuerdos de Paz enfrentan “serias amenazas” con el Gobierno de Nayib Bukele.
Este 16 de enero, El Salvador conmemora el 34.º aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, en Chapultepec, México, «un hecho histórico que puso fin a más de doce años de conflicto armado interno», que dejó más de 75 mil personas fallecidas, miles de desaparecidos, desplazamientos forzados y alrededor de 40 mil personas lisiadas de guerra, cuyas vidas «quedaron marcadas por lesiones permanentes y profundas secuelas sociales, económicas y humanas que aún persisten en la memoria colectiva del país».
En ese sentido, la Asociación expuso que los Acuerdos de Paz no significaron únicamente el silenciar de las armas, «sino el inicio de un proceso de transformación del Estado salvadoreño, orientado a superar las causas estructurales del conflicto, fortalecer la democracia, garantizar el respeto a los derechos humanos y sentar las bases para una convivencia pacifica y plural».
Olga Serrano, directora ejecutiva de ALGES, señaló que recordar la fecha «es un deber histórico y ético, especialmente en un contexto donde los logros alcanzados tras la firma de la paz enfrentan serias amenazas».
De hecho, entre los compromisos fundamentales asumidos en 1992 se encontraba la desmilitarización de la vida pública, la subordinación efectiva de la Fuerza Armada al poder civil y la erradicación del uso de la fuerza militar como mecanismo de represión social.
Como resultado de estos acuerdos, se crearon o reformaron instituciones claves como la Policia Nacional Civil (PNC), concebida como una institución civil; la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH); como institución garante de los derechos humanos y se fortalecieron los mecanismos de participación politica y electoral, incluyendo el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
«A 34 años de la firma de la paz, observamos con preocupación un proceso progresivo de retrocesos institucionales y democráticos, que contradicen el espíritu y la letra de los Acuerdos de Paz. Instituciones creadas para garantizar derechos y actuar como contrapesos del poder han visto debilitada su independencia, su credibilidad y su capacidad de cumplir con la función para la cual fueron concebidas», señalo ALGES.
La Asociación de Lisiados de Guerra lamentó que la PDDH, la institución pilar en la protección y promoción de los derechos fundamentales, ha perdido relevancia y efectividad frente a las graves denuncias de violaciones de derechos humanos.
En cuanto al TSE, la institución clave para garantizar elecciones democráticas en el país, ALGES señaló que ha tenido cuestionamientos que afectan la confianza ciudadana en los procesos electorales. De igual forma, la PNC, nacida para sustituir los cuerpos represivos del pasado, se encuentra hoy «inmersa en dinámicas que ponen en entredicho su carácter civil».
Uno de los aspectos más alarmantes, señaló ALGES, es la re-militarización de la seguridad pública. Desde marzo de 2022, El Salvador permanece bajo un régimen de excepción, que ha implicado la suspensión de garantías constitucionales esenciales, como el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia, la libertad de asociación y el derecho a la defensa. «Esta situación ha normalizado prácticas que los Acuerdos de Paz buscaron erradicar de manera definitiva».
Serrano sostuvo que el contexto actual impuesto por el Gobierno de Bukele debilita los espacios democráticos construidos tras la firma de la paz y reduce la participación ciudadana.
La creación del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados (FOPROLYD), a consecuencia del conflicto armado y su marco legal «representaron un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de quienes sacrificamos nuestra integridad física durante el conflicto», explicó Serrano. Sin embargo, el cierre de este con la derogación de la Ley de Beneficios para la Protección de Liciados de Guerra y la fusión de estas, al INABVE «ha generado incertidumbre, desprotección y un retroceso en materia de reparación social».
Óscar Alas, presidente de ALGES, señaló que como lisiados de guerra son «la memoria histórica viva del conflicto que sufrimos en El Salvador». «Es necesario que no nos olvidemos de lo que pasó, esta fecha para nosotros como lisiados de guerra es muy importante, porque también fuimos parte de ese conflicto y gracias a Dios, nos mantenemos con vida, pendientes a luchar por esos sueños de las transformaciones que se querían en el país».
Alas consideró que la democracia y todo lo que se consiguió con los Acuerdos de Paz,» está en riesgo». «Hay un retrocedo significativo, por lo que el pueblo salvadoreño luchó para que hubieran esas transformaciones sociales, libertad de expresión, para y respeto a los derechos humanos”.

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