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El proceso que se sigue contra 425 imputados, acusados de organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, homicidio agravado, tráfico de armas y proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado inició los alegatos finales del juicio del caso denominado “Operación Cuscatlán”, en el Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador.
La FGR solicitó al juez que “de encontrar culpables a los procesados se les impusiera 30 años de prisión por cada homicidio agravado, 15 años por tráfico de armas y organizaciones terroristas, 10 años por proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y seis años por agrupaciones ilícitas”.
Además, la Fiscalía señaló al juez que tenía la obligación constitucional de aclarar cierta información, conforme a la estipulación probatoria que había solicitado la FGR desde el 7 de este mes.
Para el juez “esta mal información puede generar perjuicios sobre cómo se está manejando la audiencia, porque la decisión de estipular la prueba es de las partes pertinentes en el caso y desde el inició ustedes como Fiscalía solicitaron estipular toda la prueba documental”.
Y agregó “Yo soy juez de la República y no tengo nada que esconder, es más, la prensa ha estado presente en todo el proceso y nunca se les ha coartado el derecho a la información, pero no se puede dañar la imagen de una institución para defender la imagen de otra institución”.
Ante los medios de comunicación fue el mismo el Coordinador de la Unidad Antiextorsión y Crimen Organizado de la FGR que aceptó, que ellos desde un inicio solicitaron la estipulación de toda la prueba documental y pericial, como mandato que la Constitución de la República se los permite.
Durante el inició de los alegatos finales la FGR inició diciendo que las pandillas han tenido incidencia en la seguridad nacional y política del país.
Y esto se evidencia con la declaración del testigo “Noé”, quien era un delincuente confesó que perteneció a la estructura criminal desde 1994 hasta el día de su captura.
Con este testigo probaron el orden jerárquico de la pandilla, “donde el mayor rango era el de “ranflero”, existiendo tres clases de “ranflero”, la primera era la “ranfla histórica”, seguido por la “ranfla en los penales” y por último la “ranfla en la libre”, señaló la FGR.
Y explican como existían diferentes líneas, línea principal, línea de reporte, línea de investigación, línea económica, línea legal y la línea territorial.
La declaración de “Noé” probó que él conoció toda la estructura criminal, por ostentar un alto rango dentro de la pandilla y que en los vídeos se comprobaban las reuniones que el testigo manifestó con ciertos políticos.
Hicieron énfasis en el video donde salía Norman Quijano, Ernesto Angulo y miembros de las pandillas y donde se observaba que Quijano les pedía el votó a los pandilleros a cambio de políticas que los beneficiaran para la reinserción a la sociedad.
En este se observaba cuando Quijano escuchaba las peticiones de los pandilleros y que al concluir esta reunión siete días antes de las elecciones del 2014, les dijo que el siguiente día se iba a reunir con pandilleros de Santa Ana y Sonsonate.
En todo el país se había probado que existían 249 “clicas” divididas en 48 “programas”, además, de tener presencia en países como Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos.
