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Redacción Nacionales
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Los habitantes de las comunidades Candelaria de la Rompisión y Barrancones, en Pasaquina, La Unión, denunciaron que se han quedado sin agua, debido a que el alcalde construyó una borda en el caserío Los Carpules y Piedras Blancas, que obstruye el caudal del río Goascorán, para beneficiar los terrenos y la ganadería de algunos terratenientes allegados a la comuna, pero el río se desvió para el lado de Honduras.
Las comunidades de Barrancones expresaron que se quedaron sin agua dulce, lo cual trajo serios problemas para las personas, los animales domésticos y la ganadería de la zona, una de las principales consecuencias es que al secarse el río, el mar entró más de 4 kilómetros sobre el cauce, provocando la muerte en la fauna y flora de agua dulce.
La borda es de 1.5 kilómetros de longitud, la cual desvía el flujo del agua y ha dejado sin ese vital líquido a las comunidades de Pasaquina, afectando también a la fauna del río y a una comunidad del municipio hondureño de Alianza Valle.
Las comunidades enfrentaron al alcalde y a su concejo, pero estos no les prestaron atención, al contrario, se burlaban de la impotencia de los habitantes; los afectados fueron hasta la gobernación de La Unión, pero no lograron el apoyo para que la alcaldía y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) quitarán la borda de más de 1.5 kilómetros.
El juez ambiental de San Miguel, Elí Álvarez, ordenó que se quitara la borda, pero el alcalde del partido Nuevas Ideas no le hizo caso, fue la gente de la alcaldía de Alianza, Honduras, quienes pusieron la maquinaria y movieron la borda por miedo a las inundaciones.
Dicha situación ha sido una tragedia medioambiental y humana, pero para el alcalde cyan y concejo municipal no ha significado ni el pago de una multa o amenaza de cárcel, esta acción delictiva se quedó en la impunidad; el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y Gobernación no se han pronunciado, se conoció que no contaban con permisos e infringieron normativas que afectan a las comunidades y al medio ambiente, para beneficiar a privados.
El juez ambiental que ordenó la destrucción de la borda lo removieron de su cargo por favorecer a las comunidades, tal como ha ocurrido con otros jueces cuando sus sentencias no favorecen a funcionarios del partido oficialista.
