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Luis Arnoldo Colato Hernández
Iniciado finalmente el diálogo entre la ciudadanía y el ejecutivo en Ecuador, una de las primeras acciones mediáticas emprendidas desde el Gobierno ha sido procurar explicar por qué su apuesta fracasó.
Para contextualizarlo, hasta el lunes 14 la defensoría del pueblo acotaba el asesinato de hasta 8 ecuatorianos en diferentes momentos, por la violencia desatada desde el aparato de seguridad estatal, desde iniciadas las protestas dos semanas atrás.
Finalmente, superado el Gobierno por el desastre que provoco, así como por la descomposición de sus propias fuerzas de seguridad, quienes llegaron incluso a enfrentarse en Quito (la policía militar en contra de la policía estatal), lo que fue recogido y verificado por RT como por DW y la BBC, a lo que se debe sumar el vergonzoso intento por parte del gobierno de manipular mediáticamente a la opinión pública, a la que ofreció una penosa cobertura de los hechos desde los medios oficiales y particulares aliados del gobierno ecuatoriano, desde el primer momento descalificada por el soberano, a lo que se debe añadir el ingrediente xenófobo que las élites vertieron a las escasas entrevistas admitidas por los canales aliados con el ejecutivo, en las que sin ningún reparo moral defendieron el decreto 883, que en esencia carga a los menos favorecidos con todas las obligaciones fiscales los próximos decenios, mientras a estas se los exime de las tales.
Ahora, vemos a la ministra del interior, y a pesar de la descarnada negación de informar los hechos a la propia población, “acusar” en cambio a RT, de una “(…) absoluta cobertura de los hechos y desde el inicio de los mismos (…)”, como que aquella acción, razón por la cual existen los medios noticiosos, constituyera una ilegalidad, cuando esta fue puesta en vilo por las propias acciones gubernamentales, quién asumiera una deuda que “corregiría los déficit financieros heredados”, siendo por definición esto un contradicho pues a la supuesta deuda en cuestión se suma otra, negándose además cualquier espacio de disensión o crítica a la población, dejando solo la protesta social, que por la represión del gobierno derivara en violencia.
Lo fundamental entonces es entender que la administración del señor Moreno, aislada de su pueblo y cercada por el mismo, no tuvo más opción que aceptar el dialogo demandado por el soberano, al que primero se negara y luego coyunturalmente, aceptara, no sin antes verse además obligado a derogar el tal decreto.
Ahora negando toda responsabilidad y endilgando la misma a Venezuela primero, para luego derivarla al expresidente Correa, sumado a ello hasta 25 millones de pérdidas diarias por la parálisis (El Diario, España), solo le queda también acusar a los medios que sí dieron cobertura a los hechos.
Lo cierto es que la respuesta del pueblo ecuatoriano se corresponde con su legítimo interés de no asumir más deuda vertical, misma que solo favorece a las élites y que le niega cualquier futuro, pero, además, los hechos debiera ser una advertencia de lo que los pueblos no estarán dispuestos a tolerar de sus gobernantes.
