Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Mirna Jiménez
@DiarioCoLatino
En el marco de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) al país, en diciembre pasado, en su informe preliminar ese organismo pidió abrir los archivos militares, con el fin de esclarecer los casos de graves violaciones a los derechos humanos en contexto de la guerra.
Estos documentos importantes ayudarían a hacer justicia en aquellos casos de asesinatos a personas civiles, ejecutados por los organismos militares de la época de la guerra, que no se han querido entregar y se han dado por perdidos, de acuerdo con organizaciones civiles.
“Una vez más, la Comisión Interamericana está planteando que los archivos de los militares deben de abrirse. Plantea claramente que negarlos es una obstaculización al acceso para que puedan ser utilizados para los procesos judiciales abiertos”, sostuvo Celia Medrano, directora Regional de la organización Cristosal.
La comisión deja bien claro, dijo Medrano, que hay que trabajar de cara a los derechos de las víctimas y rechaza cualquier intento de amnistía de actores que participaron en violaciones a los derechos humanos durante la guerra.
Asimismo, en su informe, la comisión pide al Estado que todos aquellos crímenes de guerra y de lesa humanidad sean imprescriptibles, además de la desaparición forzada, todo esto en materia de Justicia Transicional.
El representante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Saúl Baños señaló algunas imprecisiones del gobierno de El Salvador en la entrega de información a la CIDH. Además, cuestionó el hecho de que a los miembros de la CIDH se les haya llevado a conocer la comunidad Iberia, que en los últimos tiempos ha sido beneficiada con proyectos comunitarios, pero no representa la realidad de la mayoría de población que vive en otras comunidades controladas por pandillas y descuidadas por el Estado.
Baños dijo también que hay llamamientos serios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hay que cumplirlos, porque El Salvador es firmante de muchos convenios de protección de la integridad de las personas.
En materia de centros penales, la comisión señaló la posibilidad de que en estos recintos existan torturas y que se está haciendo un uso indiscriminado del poder punitivo que tiene el Estado. “A eso hay que ponerle atención”, señaló Baños sobre el informe presentado.
Por otra parte, Medrano manifestó que la CIDH ha planteado que la privación de libertad debería ser el último recurso en las políticas de seguridad pública.
Agregó que el enfoque de represión y endurecimiento de los castigos carcelarios, como método para combatir la violencia, es “inviable y falso”, pero muy popular en términos político-electorales, y a este han recurrido los sucesivos gobiernos, sin excepción.
Retomando el informe preliminar de la CIDH, Manuel Escalante, del IDHUCA cuestionó que el Estado, incluso tiene un enfoque de derechos humanos en el tema del sistema penitenciario ni en los cánones internacionales ni locales, pero aparentemente tampoco tiene ningún interés de reducir el hacinamiento carcelario que, por el contrario, ha aumentado.
Así también han aumentado las redadas, en donde podrían estar entre ellas personas inocentes; eso también se señala, dijo.
La PNC debe de ser reestructurada y depurada
La CIDH también recomendó, entre otras cosas, que se vaya disminuyendo de manera paulatina la intervención de la Fuerza Armada en los operativos contra las pandillas y que se reestructure y depure la Policía Nacional Civil (PNC), ya que el caso de la agente policial Karla Ayala, cuya impunidad se mantiene, deja mucho que desear, según los defensores de derechos humanos, quienes participaron en una entrevista televisiva.
Según estimaciones, unos 13,000 elementos de la Fuerza Armada estarían involucrados en labores de seguridad pública.
El organismo regional cuestionó, además, el Plan Control Territorial, el cual nadie conoce con exactitud, ni se ha hecho público. Según Medrano, las medidas extraordinarias tampoco se han querido derogar, a pesar de su carácter violatorio de los derechos humanos.
Los representantes que participaron en el espacio de televisión coincidieron en que varios puntos ya ellos los habían dicho antes; no obstante, no fueron escuchados.
Comentaron que este tipo de investigaciones no se hacían desde hace 32 años; ahora esperan que las recomendaciones de la CIDH sean acatadas.
