Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
Los abogados Luis Rivera y Guillermo García sostuvieron que en El Salvador existe un patrón de utilización del sistema de justicia para procesar a personas por motivos políticos, al tiempo que denunciaron irregularidades en los procesos judiciales, falta de pruebas suficientes y vulneraciones a derechos fundamentales de quienes consideran presos políticos.
Las declaraciones fueron brindadas durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán, donde ambos juristas expusieron diversos casos que, a su juicio, reflejan un deterioro del Estado de derecho.
El programa inició con el testimonio de la hija de José ‘Pepe’ Melara, quien pidió que se programe la audiencia preliminar de su padre, detenido desde hace más de dos años. La familiar afirmó que la investigación no ha producido pruebas suficientes para justificar una condena y aseguró que el estado de salud del exdirigente de la Alianza Nacional El Salvador en Paz se ha deteriorado durante su permanencia en prisión. También manifestó preocupación por la falta de atención médica adecuada y solicitó que pueda enfrentar el proceso en libertad debido a sus padecimientos de salud.
A partir de ese caso, Rivera afirmó que organizaciones como el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) contabilizan alrededor de 115 presos políticos, aunque aclaró que no existe un registro oficial. Según explicó, buena parte de esos procesos corresponde a exfuncionarios, dirigentes sociales y personas vinculadas a administraciones anteriores cuyos expedientes, según su valoración, responden más a criterios políticos que estrictamente jurídicos.
El abogado sostuvo que varios de esos casos presentan contradicciones procesales. Como ejemplo mencionó la situación del exministro Benito Lara, señalando que en una audiencia un tribunal rechazó la solicitud de la Fiscalía para mantenerlo detenido, pero pocos días después la misma petición fue aceptada y el exfuncionario terminó siendo capturado y condenado. A juicio de Rivera, este tipo de decisiones reflejan inconsistencias dentro del sistema judicial.
Asimismo, aseguró que numerosos expedientes carecen de pruebas documentales o testimoniales sólidas y que, en algunos casos, las acusaciones descansan únicamente en actas policiales, declaraciones de informantes anónimos o testigos con criterio de oportunidad.
Rivera también cuestionó modificaciones realizadas por la Fiscalía durante algunos procesos, como el cambio del delito inicialmente atribuido a una persona pocos días después de su captura, en el caso de Ruth López, situación que evidencia inexistencia de investigaciones previas a la captura.
Rivera también abordó los cambios ocurridos en el sistema judicial a partir de 2021, cuando una reforma provocó la salida de numerosos jueces mayores de 60 años. El abogado señaló que muchos de esos funcionarios fueron sustituidos por personas que, según distintas investigaciones periodísticas y denuncias públicas, no habrían pasado por los procedimientos ordinarios de selección en el Consejo Nacional de la Judicatura.
A su juicio, ese relevo modificó la composición del órgano Judicial y tuvo repercusiones en la independencia de los tribunales. No obstante, reconoció que todavía existen jueces que, según su apreciación, continúan resolviendo conforme a la Constitución y la legislación vigente.
Por su parte, Guillermo García sostuvo que el país experimentó una ruptura institucional a partir de mayo de 2021, tras la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República. Según el abogado, esos hechos incidieron en la independencia judicial y facilitaron que fiscales y jueces actuaran alineados con las decisiones del Ejecutivo.
García también se refirió al caso de José Melara, a quien representa legalmente. Explicó que la Fiscalía lo acusa del delito de actos de terrorismo junto a otros once procesados, entre ellos un comunicador social.
El defensor sostuvo que la acusación no guarda relación con los elementos que, según dijo, fueron incautados durante las capturas y aseguró que, después de más de dos años de proceso, la defensa aún espera conocer formalmente el dictamen de acusación para presentar las pruebas correspondientes.
Durante la entrevista, ambos abogados afirmaron que el régimen de excepción, aprobado originalmente para combatir a las pandillas, está siendo utilizado también para procesar a voces críticas del Gobierno. En ese contexto mencionaron los casos de la abogada Ruth López, el abogado Enrique Anaya y dirigentes de organizaciones sociales, quienes —según expresaron— enfrentan procesos judiciales por razones políticas.
Los juristas también denunciaron deficiencias en la atención médica brindada a personas privadas de libertad. Indicaron que varios detenidos padecen enfermedades crónicas y que, pese a ello, continúan en prisión preventiva. Como ejemplo citaron los casos de José Melara y del excombatiente Atilio Montalvo, quienes, según relataron, habrían visto deteriorada su salud durante el tiempo que permanecen encarcelados.
Además, señalaron que algunos jueces niegan medidas sustitutivas, aun cuando existen informes sobre el agravamiento de las condiciones médicas de los procesados.
En la parte final de la entrevista, Garcián denunció que tanto él como Rivera han sido objeto de seguimientos policiales debido a su trabajo como defensores de derechos humanos y representantes legales de personas procesadas. Según relató, esas acciones habrían ocurrido en diferentes momentos, incluso, frente a su vivienda y durante diligencias relacionadas con algunos de sus clientes.
El abogado aseguró que estos hechos ya fueron documentados ante las instancias correspondientes.
Finalmente, ambos abogados insistieron en que se debe respetar el principio constitucional de presunción de inocencia y que ninguna persona puede ser considerada culpable antes de que exista una sentencia firme emitida por un tribunal competente.
