A 44 años de la Guinda de Mayo, sobrevivientes demandan verdad y reparación

Saúl Méndez

Colaborador

El pasado 30 de mayo, el Colectivo de Memoria Histórica de Chalatenango, la Asociación Pro-Búsqueda, comunidades chalatecas, sobrevivientes, familiares de personas desaparecidas y jóvenes comprometidos con la memoria histórica conmemoraron el 44.º aniversario de la denominada “Guinda de Mayo”, una operación militar en la que participaron alrededor de 10 mil efectivos de la Fuerza Armada y durante la cual decenas de niñas y niños fueron desaparecidos.

Entre los últimos días de mayo y los primeros de junio de 1982, miles de personas fueron desplazadas por el operativo militar conocido como “Domínguez de Pacificación”. Durante esa incursión, la población civil fue víctima de torturas, bombardeos, asesinatos y múltiples violaciones a los derechos humanos, hechos que marcaron profundamente a las comunidades del norte de Chalatenango.

En la conmemoración realizada en la ribera del río Sumpul, en el cantón Los Amates, Chalatenango, se recordó que una de las consecuencias más dolorosas de estos hechos fue la desaparición de niñas y niños, muchos de los cuales fueron asesinados o separados de sus familias y trasladados fuera de sus comunidades e incluso fuera del país.

Según la Asociación Pro-Búsqueda, “la práctica del Ejército era asesinar a los padres y llevarse a los niños. De esa manera, no había nadie que los reclamara”.

Tras ejecutar a los progenitores, las guarniciones militares trasladaban a los menores sobrevivientes en helicópteros hacia zonas como La Sierpe o Victoria, en el departamento de Cabañas.

Una vez separados de sus familias, se les borraba su identidad y eran registrados como huérfanos extraviados. Los procesos de adopción internacional alcanzaban montos de entre 5,000 y 15,000 dólares por niño. Las parejas extranjeras pagaban estas cantidades creyendo que brindaban ayuda a menores en condición de abandono.

Las edades de las víctimas oscilaban entre los cero y diez años al momento de ser arrebatadas de sus familias. De los 55 casos documentados durante este operativo, Pro-Búsqueda ha logrado resolver 31; de ellos, 17 culminaron en el denominado “abrazo postergado”, al reencontrarse con vida con sus familias biológicas.

“Gracias al trabajo incansable de familiares y organizaciones de derechos humanos, algunas personas han logrado reencontrarse con sus raíces y otras han conseguido localizar los restos de sus familiares desaparecidos; sin embargo, muchas familias continúan esperando conocer la verdad sobre el paradero de sus seres queridos”, explicó la organización.

Asimismo, 13 víctimas han sido localizadas fallecidas. Las investigaciones determinaron que fueron ejecutadas de forma masiva en un mismo sitio arrasado por las tropas militares; sin embargo, la falta de voluntad judicial únicamente ha permitido la exhumación de seis de ellas.

Actualmente existen tres sentencias internacionales contra el Estado salvadoreño por casos de niñez desaparecida durante el conflicto armado interno, y casi una decena de sentencias constitucionales a nivel nacional. Las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos aún no se han cumplido totalmente y esta ha constatado la falta de esfuerzos serios por parte de las autoridades para localizar a las víctimas, investigar y juzgar a los responsables de las desapariciones, así como garantizar el acceso a información militar, administrativa y de cualquier índole que permita cesar la incertidumbre de las personas que hace décadas buscan a sus hijos e hijas.

Ante los hechos ocurridos en mayo de 1982, las organizaciones comprometidas con la verdad histórica reafirmaron su compromiso con la memoria, la justicia, la verdad y la dignificación de las víctimas del conflicto armado salvadoreño, que provocó el desplazamiento forzado de miles de personas de distintos cantones y comunidades del nororiente de Chalatenango.

“La población civil enfrentó asesinatos, torturas, persecución, bombardeos, desplazamiento forzado y múltiples violaciones a los derechos humanos que dejaron profundas heridas en la memoria colectiva de las comunidades”, lamentaron.

La ‘Guinda de Mayo’ continúa siendo una denuncia viva 

Los colectivos de memoria histórica de Chalatenango denunciaron que, pese a los avances alcanzados mediante resoluciones judiciales nacionales e internacionales, persisten obstáculos estructurales que limitan el acceso pleno a la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas. Además, señalaron que hasta la fecha no se han promovido procesos penales para investigar y, eventualmente, juzgar a los responsables de estas desapariciones.

“La memoria histórica no representa un anclaje al pasado, sino una herramienta necesaria para construir una sociedad más justa, democrática y respetuosa de la dignidad humana. Conmemorar la ‘Guinda de Mayo’ es también reconocer la resistencia y la valentía de las comunidades que sobrevivieron al horror y que, aún hoy, continúan luchando por la verdad”, señalaron.

La comunidad chalateca, sobrevivientes y organizaciones exigieron al Estado salvadoreño impulsar los procesos institucionales y judiciales necesarios para garantizar el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas del conflicto armado, fortalecer las medidas de búsqueda de personas desaparecidas y cumplir las resoluciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Asimismo, demandaron que el Estado promueva políticas públicas de memoria histórica y reparación integral que contribuyan a garantizar la no repetición de graves violaciones a los derechos humanos.

“A las nuevas generaciones queremos recordarles que la memoria histórica no solo es un derecho, sino también una responsabilidad compartida. Los animamos a asumir un papel activo y comprometido en la búsqueda de justicia y verdad”, expresaron.

Agregaron que “mientras haya familias que continúan buscando a sus seres queridos, la historia nos interpela a todos, especialmente a los jóvenes, a involucrarse y no permitir que el silencio ni la indiferencia prevalezcan”.

“Hoy más que nunca, es su participación la que puede asegurar que la memoria y la dignidad permanezcan vivas, y que nunca se repitan las graves violaciones a los derechos humanos.