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31 años del Acuerdo de Paz

Aunque la narrativa del gobierno de Nayib Bukele y sus seguidores, incluídos exguerrilleros que hoy son de Nuevas Ideas y que despotrican de su pasado de izquierda para no ser señalados de “ser de los mismos de siempre”, buscan desconocer la historia reciente como la histórica firma del Acuerdo Paz, otros miles de salvadoreños sí le dan la importancia a ese hecho histórico, tal como lo hace la comunidad internacional. El Acuerdo de Paz, firmado el 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec, México, trajo grandes beneficios para El Salvador, primero, y el más importante, fue concluir la guerra civil que duró de forma abierta 12 años (1981-1992).

La guerra civil se desarrolló entre dos ejércitos, uno profesional que defendía y defiende los intereses de la oligarquía, apoyado por los Estados Unidos, y el otro irregular, que abanderó todas las luchas y reivindicaciones populares. La guerra civil tuvo causas estructurales, como los efectos del sistema económico injusto, así como el irrespeto a los derechos humanos, además de los atropellos a los derechos políticos que se caracterizó en perseguir a quienes se identificaban con otras ideologías o que simplemente eran de oposición. Lo anterior fue posible gracias a una cruel dictadura militar, encargada no solo del ejercicio del gobierno en todos sus niveles, sino también de la seguridad pública y nacional.

Tras la firma de la paz, vino también una apertura democrática, en el sentido de que la oposición podría aspirar a gobernar el país, mediante el voto popular, sin que hubiese fraude electoral, como fue costumbre por los gobiernos militares desde la dictadura del general Maximiliano Martínez (1932-1944). En esa apertura democrática es que el FMLN, que de ser un ejército guerrillero, se convirtió en partido político tras la firma de la paz, llega al Ejecutivo, es decir a la presidencia de la República, en dos periodos consecutivos desde 2010 hasta 2019.

El actual presidente, Nayib Bukele, que en su discurso descalifica y busca desconocer los logros alcanzados tras el Acuerdo de Paz, llega a casa presidencial gracias a esos acuerdos, a los avances democráticos inspirados en la firma de la paz. Entre el espíritu del Acuerdo de Paz estaba la búsqueda de la democratización permanente de El Salvador, para ello creó instituciones que iban a garantizar ese propósito. Entre estas instituciones está la creación de un Tribunal Electoral, una nueva Policía Nacional Civil, una procuraduría de los derechos humanos, y lo más importante la pluralidad política e ideológica.

A lo anterior hay que agregar como fundamental, producto del Acuerdo de Paz, la reducción del ejército y, sobre todo, quitarle todos estatus políticos y la seguridad pública.

Hoy, en sus afanes de poder total, muchos de esos logros han sido eliminados o están siendo eliminados. Por ejemplo, la utilización política del ejército y de la policía, para garantizar las ansias de poder del presidente Bukele, de ahí la persecución de la oposición política.

En su política de persecución de las pandillas, luego de un oscuro pacto que mantuvo con ellas para disminuir los homicidios al 50% de un día para otro, ordenó un Estado de Excepción, que ha sido aplicado para capturar a opositores, sobre todo en las comunidades, bajo sospechas de “ser parte de estructuras delictivas”.

La captura de un sindicalista en San Marcos y de tres en Soyapango, amparados en la Ley del “Estado de Excepción”, y las revelaciones del diputado oficialista Guillermo Gallegos que la mencionada ley “no se le aplicará solo a pandilleros”, es una prueba clara de que la misma es para amedrentar o perseguir a los opositores. El Salvador, pues, está retrocediendo en muchos de sus logros democráticos gracias al Acuerdo de Paz, por eso es que está naciendo y consolidando también una significativa oposición, cualitativamente hablando, y que es desafiante a las pretensiones del presidente Bukele.

La marcha de este domingo no fue solo para conmemorar los 31 años de la firma del Acuerdo de Paz, sino también para protestar contra los atropellos de este gobierno contra las comunidades como la de Santa Marta, contra las descalificaciones del periodismo libre y de la oposición a través de las redes sociales, y, sobre todo, contra la pretensión de perpetuarse en el poder violando la Constitución de la República.

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