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Redacción Nacionales
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Bloqueo de información, censura judicial, discursos de odio y agresiones son las principales vulneraciones a la libertad de prensa que viven los periodistas en el país, según denunció la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
La asociación manifestó que el 2021 fue uno de los años con más actos de violencia hacia miembros de la prensa, con 219 casos registrados, algo que ha venido en ascenso pues en 2018, se registraron 65 vulneraciones al ejercicio periodístico, en 2019 fueron 77 y en 2020 un total de 125;
Esto representa una preocupación para la APES, debido a que las conductas son, principalmente, realizadas por funcionarios del Gobierno salvadoreño hacia periodistas.
“A esto hay que agregar una gran cantidad de negativas de información oficiosa que debería ser pública, y, sin embargo, no lo es, se bloquea ese derecho no solo a los periodistas, sino también a los ciudadanos”, comentó el presidente de la APES, Cesar Fogoaga. Adjudicó el hecho que no existen garantías, e instituciones que amparen la libertad de prensa en El Salvador.
Fogoaga señaló que los índices actuales muestran un contexto que no beneficia al gremio de periodistas, debido a que los organismos que deberían regular la problemática “responden a interés gubernamentales”, y revelan un evidente retroceso en la libertad de prensa.
Lo que podría significar uno de los peores momentos para la prensa salvadoreña, se ve sin resolución ante leyes o entidades que garanticen la seguridad de los periodistas, debido a que, en mayo de 2021, la Asamblea Legislativa envió al archivo el anteproyecto de Ley de Protección a Periodistas, presentada por la Mesa de Protección a Periodistas, precepto que pretendía garantizar la protección integral del gremio.
Previo a mayo del año pasado en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se discutía dicha ley que regulaba todo lo relacionado a las vulneraciones, pero el gremio no lo pudo tener, pues no hubo voluntad política de emitir un dictamen favorable.
Por su parte, el asesor jurídico de la APES, Roberto Burgos, declaró que si la situación sigue el curso actual, con “amenazas”, podría empeorar.
El Centro de Monitoreo de la APES reporta cuando los periodistas, comunicadores, fotógrafos, etc, son vulnerados por diversos actores, que los más comunes son funcionarios que restringen la labor profesional o tratan de desacreditar las investigaciones periodísticas.
“Ya no tenemos una independencia de poderes ni un Estado de Derecho en el cual podamos tener una Sala de lo Constitucional que va a tener un pronunciamiento”, sostuvo Burgos, contextualizando que la actual Sala es controlada por el Órgano Ejecutivo desde el primero de mayo.
Sin embargo, la APES consideró que los periodistas deben apegarse a las instituciones nacionales que amparan el derecho, independientemente, si tienen o no autonomía. Pero a la vez, afirmó que son mejores las demandas internacionales.
Las autoridades del gremio informaron que, hasta la fecha, van nueve agresiones hacia periodistas, entre ellos destaca el bloqueo de acceso a la información pública y los hackeos informáticos a teléfonos de periodistas.
