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Mujeres lloran durante el entierro de la ambientalista Berta Cáceres, el día de su funeral, en el municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá, Honduras. Foto Diario Co Latino.

Berta Cáceres es símbolo de la lucha social por el medioambiente en el mundo

Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino

Berta Cáceres murió defendiendo los recursos naturales como el río Gualcarque, que es sagrado para el pueblo lenca en Honduras. A dos años de su asesinato es uno de los casos más emblemáticos de las prácticas de empresas multinacionales, grupos políticos de poder y autoridades de Estado que criminalizan al movimiento social que presenta resistencia frente a proyectos extractivistas, llegando hasta el asesinato por sicariato, dijo en exclusiva a Diario Co Latino Pedro Cabezas, de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN).

“En el año 2015, Berta Cáceres recibe en sus manos el premio Goldman, considerado el Nobel Verde. Y no es para menos, su trabajo junto al COPINH en defensa del río Gualcarque frustró la construcción de la presa hidroeléctrica “Agua Zarca”, en la que participaban grandes empresas internacionales que terminaron retirándose del proyecto”, reseñó.

¿Berta Cáceres tiene muchas facetas como activista social, defensora de derechos humanos y ambientales?

-La faceta del involucramiento político y social de Berta Cáceres, según me contó Vidalina Morales (ADES), fue desde su juventud y me comentó que ella y su pareja se unieron a las fuerzas revolucionarias de El Salvador durante el conflicto armado de los años ochenta, formó parte de la Resistencia Nacional (RN) y estuvo algunos años aquí, en el departamento de Cabañas para ser preciso.

De ahí la cercanía que tenían con ADES, que es una organización que nació luego de la firma de los Acuerdos de Paz, que las integraron las bases de la Resistencia Nacional y las repoblaciones, así como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que era la organización que lideraba Berta Cáceres, entonces hay una cercanía especial. Trabajan en áreas territoriales y por la afinidad que han tenido con la lucha salvadoreña. Y lo que aprendió de la lucha salvadoreña le sirvió bastante para ir a organizar su lucha en Honduras, fue un crecimiento personal.

¿Quién era Berta Cáceres como activista y defensora del medioambiente?

-Ella se volvió una activista muy reconocida en la defensa de los derechos humanos y los pueblos indígenas, así como del medioambiente, a tal punto que ganó el premio Goldman, que es como el premio Nobel de la paz de los ambientalistas en el mundo.

Y paradójicamente, quienes han recibido esta distinción han sido perseguidos o fueron asesinados. El premio Goldman es el reconocimiento y reflexión en la coyuntura política que vivimos y las consecuencias contra los ambientalistas que son perseguidos a nivel mundial, sin importar el signo de gobierno pueden ser de derecha o izquierda.

Los ambientalistas son una clase política que se opone a los proyectos de desarrollo y extractivismo, y por eso son perseguidos. Se oponen a la teoría desarrollista que propone que un país sale adelante al explotar sus recursos naturales y Berta Cáceres estaba en oposición a esa teoría y por eso fue perseguida y asesinada.

¿Cuál es la actualidad del caso Berta Cáceres?

-En el año 2016 fue asesinada cuando se encontraba en su hogar y estaba con el ambientalista Gustavo Castro, quien es coordinador de la organización “Dos Mundos”, en Chiapas, México, y el Movimiento Mesoamericano frente al Modelo Extractivista (M-4) y cuando asesinaron a Berta a él lo dejaron mal herido, casi de muerte.

La Policía hondureña afirmó en un primer momento que fue por un robo común que salió mal logrado, después dijeron que fue un asesinato de origen pasional, aduciendo que Berta y su compañero de vida tenían algunas diferencias políticas cuando se separaron, cosa que nadie creyó, todo el mundo sabía que Berta estaba amenazada por políticos y empresarios de la DESA. Es más, ya le habían hecho un juicio por querer detener el proyecto “Agua Zarca” (hidroeléctrica).

Ella ya estaba en el radar de la gente que tenía interés de llevar a cabo este proyecto. Se sabe que han acusado a paramilitares, a los que pagaron para asesinarla y han enjuiciado a dos de ellos, pero a los autores intelectuales no se les ha procesado y no han sido llevados a juicio.

¿Quiénes creen que mandaron a asesinarla?

-Eso aún no está claro, sabemos que son gente que estuvo en el Ejército. Aunque no sabemos quiénes los contrataron. Si fueron los empresarios o agentes del gobierno, quienes pagaron por el asesinato de Berta.

Lo que podemos leer entre líneas es que hay autores intelectuales que no han sido juzgados, porque se escudan en puestos burocráticos de alta jerarquía o dentro de sus posiciones de la estructura empresarial, solo imagina DESA, es una empresa que construye hidroeléctricas en Honduras.

El caso de Berta Cáceres es emblemático, y no porque sea la única ambientalista asesinada, si consultamos el reporte anual de la organización “Global Witness”, que trabaja junto al periódico británico The Guardian. Ellos sacan un reporte todos los años sobre la persecución de los defensores ambientales y la tendencia es a criminalizar el movimiento ambientalista hasta el punto de encarcelarlos por oponerse a planes de desarrollo de proyectos extractivos. En la región es Honduras, Guatemala, Nicaragua y México, los que se encuentran entre los diez países, violan más los derechos de los ambientalistas y son cifras conservadoras.

Pedro Cabezas, de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN). Foto Diario Co Latino.

¿Por qué todas estas acciones contra la sociedad civil organizada?

-Tenemos un ejemplo claro en Honduras. Mel Zelaya, el expresidente legítimamente electo por el pueblo hondureño, recibió un golpe de Estado en el año 2009, y desde ese momento se comenzó a presionar más a los movimientos sociales.

Y en noviembre del año pasado, de nuevo, de forma fraudulenta le quitaron el gane a la oposición política.

La oposición superaba en 50% la preferencia del voto, y luego que el sistema se bloquea y cae, terminan el conteo de votos a mano y no permitieron que hubieran observadores externos, sólo la gente que trabajaba con el tribunal. Y el reporte de cada seis horas que tenía que presentar el tribunal por obligación lo ignoró y dio su informe dos días después y ahí las cifras cambiaron dándole el triunfo al partido Nacional.

Juan Orlando Hernández, valiéndose de la Corte Suprema de Justicia, utilizó la figura de la reelección, que fue el argumento del Golpe de Estado contra Mel Zelaya, que lo acusaban de querer perpetuarse en la presidencia. Y no hubo ninguna protesta de parte de los Estados Unidos a ese respecto, es como un patrón de políticas en Centroamérica.

¿Cómo estarían implementando esa política Estados Unidos?

-Esto parte del programa de Alianza para la Prosperidad que los Estados Unidos está llevando entre Guatemala, Honduras y El Salvador, apoyando en el tema de la seguridad -dicen ellos- pero lo que realmente están haciendo es apropiándose de los sistemas judiciales. Porque saben que a través de estos, pueden imponerse.

Sino recordemos a Brasil, donde la misma Corte destituyó a Dilma Rousseff, esa es la nueva estrategia de los Estados Unidos dar apoyo militar a cambio del control del sistema judicial, y que ellos llaman “reforma del sistema judicial”, que le beneficia a ellos y sus intereses y ahí está el legado de Berta Cáceres … su asesinato nos permite reflexionar y comprobar con claridad, como el Estado opera con impunidad y no sólo en Honduras sino en la región centroamericana.

¿Qué ocurre con El Salvador?

-Aquí sobre todo, el tema es agua y la minería, aunque tenemos también monocultivos como la caña de azúcar que son industrias extractivistas de recursos naturales, para apropiarse de todo el territorio. Tenemos el caso de la alcalde de Tacuba en Ahuachapán, del partido ARENA, que amenaza a siete líderes comunitarios acusándolos de robar agua. Cuando la construcción y mantenimiento de ese sistema de agua le pertenece a las comunidades, pero el edil trata de despojarlos a través, de la Fiscalía General de la República.

Entonces, es un cambio en la lucha social, es más entre las comunidades que defienden sus territorios a nivel local. Ya no son luchas de liberación nacional, sino de defensa territorial, porque obliga a este sistema neoliberal implementado en todos estos países, a permitir que empresas multinacionales vengan y se apropien de los recursos naturales de los países.

Las expectativas de los movimientos sociales en la región es expectante. ¿Por qué?, bueno Estados Unidos está incidiendo en la política de seguridad y lo que quieren que se aplique, y eso incluye la definición de “terrorista”, que se ha aplicado a los pandilleros en El Salvador, pero en Honduras y en Guatemala, lo han hecho contra el movimiento social, y por ahí va la criminalización.

Y debemos estar atentos, porque de haber un cambio de gobierno y en la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, podríamos enfrentar una situación similar a nuestro vecinos. En Honduras y Guatemala le han aplicado este tipo de leyes al movimiento social y han encarcelado a defensores de ambientales y de derechos humanos. Y han llegado al colmo en Honduras que tienen prohibido protestar y similar situación en Guatemala.

Estamos claros, si la derecha asume el gobierno tendremos que salir de nuevo a la calle, porque se puede debilitarse más la institucionalidad y lo que ganamos luego de la firma de los Acuerdos de Paz, como el respeto a los derechos humanos, y el sistema judicial controlado por una clase política y económica que trae represión a los pueblos.

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