Violaciones de derechos humanos en régimen de excepción podrían constituir crímenes de lesa humanidad: Amnistía Internacional

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Amnistía Internacional presentó un informe titulado “Seguridad sin derechos”, donde aborda el impacto de las detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción y la violación del debido proceso ante posibles cometimientos de crímenes de lesa humanidad en El Salvador.

La organización detalló que, a más de 4 años de haberse implementado el régimen de excepción, se ha detenido a más de 90 mil personas y al menos 470 han muerto bajo custodia del Estado.

Es de recordar que, en marzo de 2022, el Gobierno le pidió a la Asamblea Legislativa que aprobara un régimen de excepción en toda la República, esto luego de un repunte en los homicidios por parte de las pandillas. Desde entonces se ha mantenido, prorrogando mes con mes por Nuevas Ideas.

“El 27 de marzo de 2022, el Estado salvadoreño declaró un régimen de excepción como una medida extraordinaria para supuestamente responder a una grave crisis de violencia; lo que fue anunciado como una respuesta temporal de 30 días, continúa vigente hasta el día de hoy tras más de 50 prórrogas consecutivas”, dijo la ponente y directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer.

A juicio de Amnistía Internacional, el régimen de excepción “se ha convertido en un sistema permanente que promueve y justifica detenciones arbitrarias masivas, suspensión de garantías y graves violaciones de derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.

“Miles de familias continúan buscando respuestas sobre el paradero, la salud o la situación jurídica de sus seres queridos”, señaló la instancia internacional.

“El derecho y deber de todo Estado es proteger a su población frente a la violencia criminal; pero, precisamente porque la seguridad es una obligación del Estado, también lo es respetar los límites que impone el derecho internacional. Combatir el crimen nunca autoriza cometer a su vez crímenes ni graves violaciones a derechos humanos”, dijo Piquer en conferencia de prensa virtual.

El informe documenta cómo la excepcionalidad se transformó progresivamente en una política permanente de seguridad basada en la suspensión prolongada de derechos y el debilitamiento sistemático del Estado de derecho.

La pregunta guía del informe va en el sentido sobre “¿cuál es el costo humano que ha tenido esta política y hasta donde ha llegado para implementarlo?”. El hallazgo principal es que la evidencia documentada por Amnistía Internacional indica que estas violaciones, por su carácter generado y sistemático, “podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.

El informe en cuestión es el resultado de cuatro años de investigación y el monitoreo continuo de la situación en El Salvador. La investigación se basa en seis visitas de documentación realizadas entre mayo de 2022 y enero de 2025, 109 entrevistas con víctimas, familiares, abogados, defensores públicos, abogados defensores particulares, así como agentes activos y retirados de la Policía Nacional Civil (PNC).

Asimismo, incluye el análisis de requerimientos fiscales, resoluciones judiciales, decretos legislativos y el examen directo de más de 80 casos individuales.

En el documento se revela cómo agentes activos y retirados de la PNC describieron un sistema de cuotas de detención, instrucciones verbales sin respaldo documental y presión institucional para fabricar actas que dieran apariencia de legalidad a arrestos arbitrarios.

También registra el uso de bases de datos desactualizadas y criterios de perfilamiento territorial y socioeconómico por parte de las autoridades salvadoreñas para justificar capturas arbitrarias masivas.

A partir de todo el trabajo, se documentaron 82 casos que reflejan patrones que se repiten de manera consistente. “Es de aclarar que estos 82 casos no representan el universo de las víctimas, constituyen una muestra cualitativa que nos permitió identificar y corroborar, patrones de actuación estatal”, destacó Piquer.

“La seguridad no puede construirse sobre la arbitrariedad, la tortura, las desapariciones forzadas y la anulación del debido proceso”, agregó la ponente, quien también es directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional concluye que los patrones documentados, como las detenciones arbitrarias masivas, torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal, podrían configurar crímenes de lesa humanidad conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma, al existir fundamentos razonables para considerar que estos actos habrían sido cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil, en un contexto institucional que ha facilitado su comisión.

A finales de 2024, aproximadamente el 1.8 % de la población salvadoreña estaba privada de libertad y, si se valora solamente a los hombres, el 3.3 % de los hombres están encarcelados; esto lleva a una tasa cercana a 1,659 personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes, una tasa de encarcelamiento más alta del mundo.

Aunque el gobierno salvadoreño presenta el régimen de excepción como una política exitosa de seguridad, Amnistía Internacional advirtió que el costo humano ha recaído principalmente sobre personas sin condena firme, detenidas sin orden judicial, sin investigación individualizada y, en muchos casos, sin pruebas verificables en su contra.

Ana Piquer señaló que la investigación “evidencia que las autoridades salvadoreñas han permitido que su política de seguridad derive en violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos que podrían configurar crímenes de lesa humanidad, afectando también a miles de personas bajo las cuales no se tiene indicios robustos de que habrían cometido delitos”.

“La cifra récord no es un indicador de éxito, sino, es una expresión del problema; cada una de estas cifras representa una vida, una familia y una historia. Detrás de estos números, hay madres que recorrieron cárceles por semana sin saber dónde estaban sus hijos, personas que están detenidas sin conocer sus razones por las cuales están recluidos, familias que recibieron el cuerpo sin vida de un ser querido sin una explicación convincente de su muerte”, destacó la ponente.

Amnistía Internacional destaca en el informe que se identificó cuatro patrones: el primero, referente a las detenciones arbitrarias, las cuales se han realizado sin orden judicial, sin flagrancia y basadas en perfiles, apariencia o lugar de residencia.

El segundo patrón son las desapariciones forzadas, pues las familias no cuentan con información sobre el paradero de sus seres queridos. El tercer patrón es la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes tales como golpizas, privación de alimentos y negación de atención médica.

El último patrón es el desmantelamiento del debido proceso, por medio de audiencias masivas, obstáculos a la defensa técnica y uso sistemático de la prisión preventiva.

El documento concluye que estos abusos no constituyen hechos aislados, sino que han sido facilitados por una profunda transformación institucional iniciada desde 2021, incluyendo la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general, reformas legales que debilitaron el debido proceso y una creciente militarización de la seguridad pública.

Amnistía Internacional instó al Estado salvadoreño a adoptar un plan que ponga fin al régimen de excepción, restablecer las garantías del debido proceso, investigar de manera independiente las violaciones documentadas y, cuando existan pruebas suficientes, procesar a las personas presuntamente responsables de crímenes conforme al derecho internacional, incluidos crímenes de lesa humanidad.

Asimismo, exhortó al Estado a garantizar el acceso irrestricto de mecanismos internacionales de derechos humanos a centros de detención y procesos judiciales relacionados con el régimen de excepción.