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Por: Luis Rafael Moreira Flores
Hace algunos días, el país fue testigo de las declaraciones del ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, quien afirmó públicamente que una candidatura política afecta la lucha sindical y al movimiento de trabajadores. El funcionario llegó incluso a rasgarse las vestiduras por la supuesta desprotección en la que quedarían los trabajadores de la salud, tras lanzar la amenaza directa de someter al Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) a un proceso legal.
Resulta una postura sumamente interesante, por no decir contradictoria. Basándonos en que nos encontramos bajo las líneas de una Constitución visiblemente trasquilada y ante un gobierno que ha dado sobradas muestras de no respetar las leyes de este país, hoy las autoridades se llenan la boca de legalidades. Todo esto ocurre mientras en las redes sociales aún resuenan con fuerza las voces de jóvenes mujeres que recuentan los días, a modo de denuncia pública, exigiendo el pago de la deuda acumulada tras los despidos arbitrarios cometidos en el Hospital Rosales.
Si de verdad se quiere hablar con honestidad sobre el «sacrificio sindical» en El Salvador, es necesario poner sobre la mesa la realidad completa y los datos fríos que el discurso oficial intenta ocultar. Hablar de sacrificio en el contexto actual implica visibilizar a los más de 40,000 trabajadores despedidos del sector público durante la presente administración. Implica, además, denunciar la situación de más de 500 directivos sindicales que fueron removidos de sus puestos de trabajo a pesar de contar con un fuero sindical constitucionalmente garantizado que debió haberlos protegido.
De acuerdo con los registros y las constantes denuncias del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), la estrategia estatal ha sido sistemática: supresión de plazas, ahogamiento de organizaciones independientes y una alarmante denegación de credenciales a aquellas juntas directivas que no se alinean a las directrices del Ejecutivo. En contraste, se ha denunciado la creación de nuevos sindicatos diseñados a imagen y semejanza gubernamental, estructuras paralelas cuyo único propósito real es sumarse a los aplausos oficiales. Mientras tanto, a los sindicatos genuinamente independientes se les niega cualquier tipo de asistencia técnica o legal. Ante este panorama, cabe preguntarse: ¿dónde está el cuerpo jurídico del flamante Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) en todos estos casos de flagrante vulneración de derechos?
La respuesta es el silencio. Es común ver en las plataformas digitales cómo diferentes organizaciones de la sociedad civil y sindicatos de diversos sectores se pronuncian y protestan en las afueras de las oficinas centrales del MTPS, el hecho más resiente, del Colectivo de Resistencia Obrera Sindical Salvadoreña (CROSS) los cuales se pronunciaron al no ser atendidos. El único logro real que el ministerio parece exhibir con orgullo es haber negociado con la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) para sacar al Estado salvadoreño de la «lista corta» de países violadores de convenios sociolaborales ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Lejos de ser un triunfo para la clase trabajadora, esta componenda política se traducirá inevitablemente en una venia oficial para que se sigan cometiendo violaciones laborales en el sector privado, con total impunidad.
El argumento legal en el que las autoridades pretenden escudarse para atacar al SIMETRISSS se tambalea al revisar la misma historia del funcionario que hoy lo promueve. Se sabe que el Código de Trabajo prohíbe explícitamente a las organizaciones sindicales el apoyo institucional a partidos políticos. Es una norma que el propio ministro de Trabajo conoce muy bien, dado que en el pasado él mismo acompañó activamente a múltiples candidatos, portando las banderas y las camisas institucionales de su propia asociación y de los sindicatos que entonces lideraba. Ayer era una herramienta de presión política; hoy, se utiliza el aparato del Estado para perseguir.
A través de un comunicado oficial, la junta directiva del SIMETRISSS ya fijó su postura y aportó los argumentos legales correspondientes. La organización ha dejado claro que mantiene su labor ininterrumpida en defensa de los profesionales de la salud con el resto de sus miembros, habiéndose realizado la separación orgánica del directivo que optó por una postulación política, garantizando así tanto el derecho ciudadano individual como la neutralidad del sindicato. Sin embargo, la ley solo parece cumplirse cuando sirve para sacrificar la historia y la autonomía de una organización incómoda.
La gravedad de la situación actual va mucho más allá de las disputas administrativas. El señor ministro debería priorizar la investigación de hechos profundamente alarmantes, como las muertes de sindicalistas dentro de los centros penales bajo el régimen de excepción, así como los casos documentados de prisión política contra líderes de trabajadores que fueron detenidos únicamente por exigir salarios atrasados o protestar por despidos injustificados. ¿Dónde queda la ley en esos calabozos? ¿Dónde está el equipo legal del ministerio para velar por los derechos humanos y laborales de esos detenidos?
En la historia reciente de El Salvador, el ejecutor del sacrificio del sindicalismo en todos los sectores tiene un nombre claro: Rolando Castro. Tras debilitar al sector público y pactar con el sector privado, ahora el ministerio le pone el cuchillo a la garganta al SIMETRISSS. Parece que, para los enemigos de la democracia y de la verdadera representación laboral, la premisa sigue siendo la misma: «el único sindicato bueno es el que no existe». Las organizaciones sociales y el movimiento de trabajadores hacen un llamado urgente a los organismos internacionales a poner la mirada sobre El Salvador, donde defender los derechos laborales se ha convertido en una actividad de alto riesgo.
