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Redacción Nacionales
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La diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Karina Sosa, cuestionó el incremento patrimonial atribuido al presidente Nayib Bukele, a miembros de su familia y a funcionarios cercanos a su administración, al tiempo que aseguró que dicho enriquecimiento contrasta con el deterioro de las condiciones económicas que enfrentan la mayoría de los salvadoreños. Sus declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán, donde también abordó la reelección presidencial indefinida, el costo de la vida y la necesidad de una alternativa política para el país.
La diputada reaccionó a una investigación periodística publicada por el diario español El País, en la que se afirma que durante los primeros siete años del actual gobierno el presidente y su familia habrían adquirido 34 nuevas propiedades, incrementando considerablemente su patrimonio. Según la publicación, las propiedades estarían valoradas en más de 10 millones de dólares y formarían parte de un proceso de acumulación patrimonial de personas cercanas al círculo presidencial.
Para Sosa, estas revelaciones deben ser analizadas en un contexto marcado por el deterioro de la economía familiar. Señaló que mientras la ciudadanía enfrenta dificultades para cubrir necesidades básicas, las investigaciones periodísticas exponen un crecimiento patrimonial «desproporcionado» de funcionarios y allegados al Ejecutivo.
«Uno puede comprender que una persona mejore su nivel de vida conforme aumentan sus ingresos, pero lo que resulta difícil de explicar son incrementos patrimoniales exorbitantes mientras la población enfrenta problemas para comprar alimentos, medicinas o acceder a una vivienda», sostuvo la dirigente política.
Durante la entrevista también se discutieron datos de encuestas de opinión que, según Sosa, reflejan que las principales preocupaciones de los salvadoreños continúan siendo la situación económica, el alto costo de la vida, la inflación, el desempleo y la pobreza.
La parlamentaria afirmó que esos resultados coinciden con lo que observa en sus recorridos por diferentes comunidades del país.
A su juicio, las familias se ven obligadas a reducir el consumo de alimentos y medicamentos para ajustar sus presupuestos, mientras que el acceso a una vivienda propia se vuelve cada vez más difícil debido al incremento de los precios y a la insuficiente capacidad adquisitiva de la población.
Sosa también criticó las políticas económicas del Gobierno y consideró que no existe una estrategia integral para fortalecer la producción agrícola frente a los efectos del cambio climático. Señaló que las altas temperaturas, las lluvias intensas y otros fenómenos meteorológicos afectan directamente a los pequeños productores, quienes requieren asistencia técnica, acceso a créditos y programas de apoyo para recuperar sus cosechas.
La parlamentaria afirmó que, sin políticas públicas orientadas a fortalecer el agro, El Salvador continuará dependiendo cada vez más de la importación de alimentos, situación que, dijo, incrementa la vulnerabilidad económica del país y repercute directamente en el costo de la canasta básica.
En otro momento de la entrevista, Sosa cuestionó las reformas constitucionales impulsadas por la Asamblea Legislativa que permiten la reelección presidencial indefinida. Consideró que los argumentos expuestos por el presidente Bukele en las redes sociales para justificar dichos cambios no resuelven el debate sobre la inconstitucionalidad de su permanencia en el poder.
Según explicó, la reforma fue aprobada cuando Bukele ya ejercía un segundo mandato, por lo que insistió en que continúan existiendo cuestionamientos jurídicos sobre el proceso. Además, sostuvo que la concentración del poder debilita los mecanismos de control democrático y reduce los espacios para el pluralismo político.
De acuerdo con la actual constitución, cláusulas petreas como la alternabilidad en el poder, la prohibición de la reelección indefinida, solo pueden ser modificadas por una Constituyente, y las reformas a las que se refiere Bukele han sido modificadas y ratificadas por la misma Asamblea.
La dirigente también expresó preocupación por el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, a la que acusó de aprobar iniciativas del Ejecutivo sin un debate profundo. En su opinión, la ciudadanía demanda un órgano legislativo más equilibrado y con mayor capacidad de fiscalización.
Como respaldo a esa afirmación, citó resultados de encuestas que reflejan un creciente interés de la población por contar con una representación política más diversa y con mayor presencia de fuerzas opositoras dentro del Parlamento.
Durante la conversación, Sosa hizo un llamado a las fuerzas políticas del país para reflexionar sobre su papel frente a los desafíos nacionales. Aseguró que la actividad política no debe reducirse a la búsqueda de cargos públicos, sino orientarse a resolver los problemas que afectan diariamente a la población.
Asimismo, instó a los ciudadanos a involucrarse activamente en la vida democrática y a analizar las decisiones públicas a partir de su impacto en la economía de los hogares.
«La política sí llega a la cocina de las familias», afirmó, al señalar que las decisiones económicas, fiscales y sociales terminan influyendo directamente en el empleo, el acceso a los alimentos, la salud y las oportunidades de desarrollo.
Finalmente, la parlamentaria sostuvo que, pese al actual contexto político, mantiene la convicción de que es posible construir una alternativa democrática mediante la participación ciudadana. Consideró que el principal reto consiste en responder a las demandas sociales relacionadas con el empleo, la seguridad económica y el fortalecimiento institucional.
En ese sentido, llamó a la población a mantener una actitud crítica frente a las decisiones de los gobernantes y reiteró que los problemas del país requieren soluciones estructurales, transparencia en la gestión pública y una mayor rendición de cuentas por parte de quienes ejercen el poder.
