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Redacción Nacionales
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Los afectados por el desfalco de COSAVI ampliaron detalles sobre la demanda contra el Estado Salvadoreño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presuntas violaciones a derechos humanos.
El vocero de los afectados, Juan José Ortiz, informó que la denuncia fue presentada ante la CIDH el pasado 8 de septiembre, cuando se cumplieron dos años del accidente del helicóptero donde murió el gerente general de COSAVI, Manuel Coto Barrientos, el alto mando de la Policía Nacional Civil y un comunicador del Gobierno.
“Ese día nosotros conmemorábamos el segundo aniversario del accidente del helicóptero, si es que se le puede llamar de esa manera, pero al mismo tiempo, también dábamos la primicia de que el Estado salvadoreño ya ha sido denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, comentó Juan José Ortiz en conferencia de prensa.
El vocero de los afectados señaló que existen “sentimientos encontrados y tristeza, creo que ningún salvadoreño quiere exponer a su país en la palestra internacional por cosas negativas, pero también hay esperanza”.
Según consideró el vocero, ese día, el 8 de septiembre, “va a pasar a la historia, no solo por lo del helicóptero, sino que ese día va a ser recordado por los afectados de COSAVI como el día en que el Estado salvadoreño nos dio la espalda, nos negó el derecho a la pronta y efectiva justicia”.
En un comunicado de prensa, las víctimas del desfalco de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L. informaron que han transcurrido más de dos años desde que la cooperativa “fue secuestrada y nuestros ahorros confiscados”. Añadieron que han realizado diferentes propuestas técnicas a fin de que se le devuelvan sus ahorros y el Estado de El Salvador las ha ignorado “revictimizándonos”.
El desfalco de COSAVI asciende a más de 35 millones de dólares, un monto astronómico que pertenecía a miles de asociados que confiaron sus ahorros de toda la vida, indemnizaciones laborales y fondos de retiro a esta entidad cooperativa. La noticia de este desfalco se dio a conocer el 10 de mayo de 2024, hace más de dos años, y los ahorrantes de COSAVI siguen esperando su dinero, a pesar de que lo necesitan con urgencia debido a complicaciones de salud, según lo detallan los mismos afectados.
Este caso afecta a 10 mil personas y lamentaron que hayan fallecido al menos 14 personas, directa o indirectamente, como consecuencia de la “confiscación y secuestro de nuestra cooperativa”, dijeron los afectados este jueves en conferencia de prensa.
Rudy Ramos, director del movimiento y afectado de COSAVI, señaló que han recurrido a la administración de justicia y esta les falló. “El Estado de El Salvador nos falló y no nos amparó para recuperar nuestros ahorros, por lo que nos vimos obligados en el ejercicio de nuestros derechos a demandar al Estado de El Salvador por violación de nuestros derechos humanos”, destacó Ramos.
Henri Fino, abogado del caso, señaló que se ha demandado al Estado “por la violación al derecho a la tutela legal efectiva”. Explicó que el Estado de El Salvador negó justicia a las víctimas de COSAVI.
“Las víctimas han hecho no solo propuestas técnicas a fin de que se resarzan los daños; sino que, ante la omisión en la actividad de protección del Estado, se iniciaron acciones legales y citando precedentes que no son aplicables al caso, se ha negado justicia”, destacó Fino.
De hecho, comentó que la Sala de lo Civil, en algún momento, por los recursos de casación, dijo que “no era justiciable esa causa”. “Es importante resaltar el papel de las víctimas, el protagonismo, pero también es importante resaltar la ausencia de protección del Estado en este y en otros casos”, destacó Fino.
El profesional del derecho enfatizó que simultáneamente al caso COSAVI hubo otras cooperativas y, posterior al caso, también fueron otras cooperativas. “Lamentablemente, el Estado no ha reaccionado en proteger a los afiliados de las cooperativas. Y es así que, habiendo agotado las instancias nacionales, tuvimos la necesidad de ir y demandar al Estado de El Salvador”.
La demanda que se ha presentado contra el Estado de El Salvador por la violación del derecho a tutela legal efectiva, incluye “que se nos ha violado la falta de protección judicial y no se nos dieron garantías judiciales de acuerdo a la Convención Americana”, agregó Ramos.
A juicio de los afectados, “las autoridades responsables directas son la Superintendencia del Sistema Financiero, el fiscal general de la República y los jueces miembros del órgano Judicial del Estado de El Salvador, pues sin justificación legal nos negaron justicia”.
Por lo que los afectados han puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el actuar del Estado de El Salvador, “que nunca en casos como este protege a las víctimas”.
También han pedido que la CIDH recomiende al Estado salvadoreño la reparación de los daños por la violación de los derechos de todas las víctimas de COSAVI y que, con el fin de garantizar la no repetición de la defraudación de miembros de la cooperativa, en el futuro se revise el marco normativo regulatorio relacionado con el sistema cooperativo para que genere garantías y seguridad para los afiliados mediante una supervisión efectiva y eficiente del Estado.
