Tepesianos: cuando regresar también significa dignidad

Omar Salinas

Ingeniero en Energía y Analista en Política Pública

El 9 de septiembre llegó con incertidumbre para miles de salvadoreños bajo el Estatus de Protección Temporal, TPS, en Estados Unidos. Venció su vigencia sin anunciarse cancelación ni prórroga. Las autoridades indicaron que los beneficiarios conservarían su protección hasta un nuevo pronunciamiento.

La confusión fue inmediata. Unos anunciaron el final del TPS; otros celebraron una extensión automática de seis meses. Existen argumentos jurídicos sobre la ausencia de una determinación, pero una interpretación no debería presentarse como resolución oficial mientras la autoridad competente no defina la situación.

Jugar con esa diferencia resulta irresponsable ante familias que desconocen si podrán continuar trabajando o permanecer junto a sus hijos. También merece cuestionamiento el entramado de organizaciones, grupos y verdaderos “coyotes migratorios” que dicen defender y representar los derechos de los migrantes. Pero cabe una pregunta elemental: ¿cuáles derechos? Defender al migrante es legítimo; mercantilizar su incertidumbre o hacerle creer que tiene un derecho que la ley no reconoce es otra cosa.

Algunos encontraron más fácil hacer negocio con compatriotas menos informados del sistema migratorio. Mientras miles trabajaban en construcción, limpieza o bodegas, otros hicieron de la incertidumbre migratoria una actividad permanente. Especial atención merecen quienes cobran membresías, cuotas u honorarios por procesos sin viabilidad jurídica clara. Si alguien no reúne los requisitos, corresponde explicárselo, no mantenerlo pagando gestiones sobre expectativas sin fundamento.

Este escenario también amerita la atención de las autoridades de Estados Unidos. Deberían fiscalizar cómo operan estos grupos, cómo se financian, qué cobran y bajo qué autoridad orientan o realizan trámites migratorios. También debería examinarse el cobro por procedimientos sin base jurídica o la promoción como “derechos” de beneficios que la ley no concede.

Defender al migrante no significa inventarle derechos. Es legítimo luchar para cambiar una ley; una aspiración política no puede presentarse como derecho adquirido.

Después de tantos años cabe preguntar: ¿cuánto se ha conseguido para sacar al tepesiano de su condición provisional y cuánto ha crecido la estructura que vive alrededor de ella? El tepesiano espera una solución; algunas estructuras surgidas de su causa parecen haber encontrado su propia permanencia. Pero también corresponde hablar con franqueza a los tepesianos. Después de un cuarto de siglo resulta comprensible que muchos no quieran volver. Estados Unidos dejó de ser simplemente el lugar donde encontraron trabajo. Allí envejecieron, criaron hijos y echaron raíces. Regresar puede sentirse como retroceder décadas.

Sin embargo, el TPS nunca fue residencia permanente. Las administraciones estadounidenses prolongaron una protección transitoria hasta producir una realidad social casi permanente, sin alcanzar una solución definitiva. Donald Trump ha seguido una dirección diferente frente al TPS de distintas nacionalidades. Aunque los salvadoreños obtuvieran seis meses, un año u otra extensión, sería imprudente suponer que las prórrogas continuarán indefinidamente. Cada período adicional debería servir para buscar una alternativa legal o prepararse ante un eventual retorno.

Hay dignidad también en regresar. Volver al país donde se nació después de veinticinco años trabajando no convierte a nadie en derrotado. La verdadera derrota sería que El Salvador, después de recibir durante décadas el fruto de ese trabajo convertido en remesas, recibiera ahora al trabajador como una carga.

El Salvador ha mejorado en seguridad, pero sus problemas económicos persisten. El empleo digno es insuficiente, mientras la informalidad y los bajos ingresos afectan a muchas familias. Un retorno considerable pondría esa realidad a prueba: algunos hogares recibirían menos remesas y miles buscarían incorporarse a un mercado laboral con pocas oportunidades suficientemente remuneradas.

El Gobierno tampoco puede ignorarlo: después de tantos años recibiendo remesas, debería preparar políticas de reinserción laboral, emprendimiento e inversión para quienes vuelvan. Los sectores opositores tampoco quedan libres de críticas. Una eventual terminación del TPS podría ocasionar costos económicos y políticos al Gobierno. Pero esperar una crisis migratoria para producir desgaste gubernamental significaría convertir la angustia de miles de compatriotas en rentabilidad electoral.

La paradoja queda expuesta: al Gobierno le conviene que permanezcan allá; algunos adversarios encuentran utilidad política en su retorno; ciertas organizaciones necesitan que la causa continúe; los tepesianos quieren quedarse y Washington decide. Mientras todos disputan el relato, pocos hablan seriamente del regreso.

Una nueva prórroga puede dar tranquilidad y tiempo. Que se aproveche, pero no para posponer una realidad posible. La dignidad tampoco debería depender eternamente de que un Gobierno extranjero permita continuar una vida construida durante décadas. Si algún día toca regresar, que nadie baje la cabeza. Volver también significa dignidad. El Salvador tiene una deuda moral elemental con esa población: recibir a sus ciudadanos con la misma alegría con que durante veinticinco años recibió sus remesas.