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Editorial
El gobierno, a partir del éxito en el combate a las pandillas, y por las inversiones en el centro histórico de la capital, más las luces led en algunas carreteras, ha montado la narrativa de que El Salvador ya es un país de primer mundo. Sin embargo, la realidad es otra, en el gobierno de Nayib Bukele la pobreza ha aumentado en sus siete años de gobierno, y así lo demuestran estudios de economistas reconocidos, basándose en datos del Banco Central de Reserva.
El economista Rafael Lemus demostró recientemente que solo en San Salvador y en La Libertad los niveles de pobreza están en un 4.71% y 6.11%, respectivamente, mientras los doce departamentos restantes no solo se ha duplicado, sino que alcanza el 12%.
San Salvador y La Libertada muestran un rostro distinto al resto del país, debido a las inversiones, construcción, turismo y comercio, pero en el resto del país, este dinamismo no llega, ni llegará, por eso se están hundido en la pobreza extrema. El desarrollo de un país no puede medirse únicamente por el crecimiento visible de determinados departamentos ni por grandes proyectos concentrados en unas pocas zonas. Si el progreso no alcanza a la mayoría de la población, difícilmente puede hablarse de desarrollo, mucho menos decir que El Salvador es un país de primer mundo.
Los datos expuestos por Lemus muestran una realidad que merece atención: la pobreza total habría aumentado en unas 150 mil personas y la pobreza extrema en aproximadamente 50 mil.
Departamentos como Cabañas, Morazán, Ahuachapán y Chalatenango son los que muestran el impacto más elevado en términos de pobreza. Según Lemus, esta va de 12.97%, 12.5%, 12.16% y 10.89%, respectivamente. El resto ronda entre el 8 y 10%. San Salvador y La Libertad, lo pobreza ronda el 4.73% y 6.11%, respectivamente. Y a pesar de que en estos dos departamentos presentan una mejoría, en ambos ha habido un incremento de pobreza de 2.43% en San Salvador, y del 2.73% en La Libertad.
Estos datos responden a medidas del gobierno como la eliminación del FODES a las alcaldías, falta de políticas de empleo y de inversión en el resto del país. Con el FODES, las alcaldías ejecutaban proyectos locales y en la atención de necesidades de los municipios, que no solo beneficiaban a la población con la obra en sí, sino también procuraban empleo. De ahí que si los recursos destinados al desarrollo territorial se eliminan para concentrarlo en otras prioridades, las comunidades más vulnerables terminan pagando el costo pues llegan a formar parte de las cifras de la pobreza o extrema pobreza.
A lo anterior, se suma el tema de las finanzas públicas debido al aumento de la deuda y de los intereses. Según lo expuesto por Lemus, la deuda pública pasó de representar aproximadamente el 70 % del PIB al inicio de la actual administración a rondar el 90 % siete años después Al mismo tiempo, el pago de intereses podría pasar de unos $2,400 millones a cerca de $3,000 millones en los próximos años.
Cada dólar destinado al servicio de la deuda es un dólar que no puede utilizarse simultáneamente para fortalecer la educación, la salud, la infraestructura o los programas de desarrollo. Por ello, el endeudamiento no debe analizarse solamente como una cifra financiera: tiene consecuencias concretas sobre la capacidad del Estado para atender las necesidades de la población.
A esto se suma la deuda relacionada con las pensiones y el tratamiento de los recursos de los trabajadores. El uso de los ahorros de los cotizantes para financiar las necesidades del Estado plantea interrogantes sobre la sostenibilidad futura del sistema y sobre la responsabilidad con quienes han aportado durante su vida laboral.
Si el próximo año el gobierno necesitará 2400 millones de dólares para el pago de intereses de la deuda, cómo va a invertir para enfrentar la pobreza, de dónde obtendrá esa cantidad, sin el país no tiene recurso, y, además, tampoco atrae la inversión extranjera. Lo lógico de pensar es en más endeudamiento. Lo peor es que de ese endeudamiento los salvadoreños no reciben ningún beneficio, y ni sabe en que lo invierte el gobierno por eso su “política” de no transparencia.
El verdadero progreso en el país vendrá cuando se reduzca la pobreza, lo que pasa por apostarle a inversión en los departamentos, lo que debería comenzar con volver a distribuir el FODES a las municipalidades, y por supuesto definir políticas de desarrollo territorial, que permita que la poca inversión se distribuya a lo largo y ancho del territorio. Invertir en el Centro histórico está bien, en las dos zonas del Surf City está bien, pero eso no basta. Hay que mirar hacia el resto del país, hay que apostarle al agro, hay que dejar de perseguir a los vendedores informarles, hay que crea políticas de empleo.
