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Por: Luis Rafael Moreira Flores
Cada 15 de septiembre, el aparato estatal despliega su habitual parafernalia: desfilar de tropas, estruendo de aviación militar, bandas escolares y una orquestada propaganda de fervor patrio. Este derroche de movilización civil y militar busca construir un relato chauvinista (amor ciego a la patria) para legitimar al poder de turno. Mientras desde la academia y el pensamiento crítico se sigue debatiendo el mito fundacional de la independencia de 1821, en las calles el pueblo vive su propia realidad.
En la coyuntura actual, donde la institucionalidad democrática ha sido soterrada por un caudillismo de corte dictatorial, salir a marchar el 15 de septiembre no es una contradicción; es un acto de resistencia y radicalización política. La toma de las calles en los días festivos oficiales no es un fenómeno aislado, sino una tradición de la clase trabajadora y de los movimientos sociales que disputan la narrativa oficial y utilizan la fecha para hacer audibles las demandas del pueblo.
La memoria viva de los caídos de 1946
La protesta social en las fechas patrias tiene antecedentes profundos en nuestra historia. Tras la caída del dictador Maximiliano Hernández Martínez en 1946, los sindicatos y las organizaciones de trabajadores —que constituían la base de la izquierda social— enfrentaron un periodo de feroz persecución e ilegalización del derecho a la huelga.
El 15 de septiembre de 1946, desafiando el discurso oficial del régimen de turno, sindicatos de trabajadores y estudiantes universitarios irrumpieron en la Plaza Libertad para realizar un mitin de protesta. La respuesta del Estado fue la represión brutal: la Guardia Nacional y la Policía ametrallaron a la multitud, dejando un saldo de víctimas mortales. Lejos de apagar la protesta, la sangre derramada aquel 15 de septiembre encendió la chispa de la Huelga General de octubre de ese mismo año. Marchar hoy es rendir tributo a esa memoria histórica y reinstaurar la calle como el espacio legítimo del pueblo.
Una lucha coherente: Marchar contra cualquier régimen antilaboral
La movilización del 15 de septiembre no responde a coyunturas partidarias ni a intereses electorales de ocasión; responde a la defensa irrestricta de los derechos de la clase trabajadora, independientemente de quién ocupe el Ejecutivo.
Muestra de esta coherencia fue el año 2016, durante la administración del FMLN. En ese periodo, la Coordinadora Sindical Salvadoreña (CSS) —integrada por más de 50 organizaciones del sector público, municipal, privado, autónomo y de trabajadores por cuenta propia— impulsó una fuerte resistencia contra la agenda antilaboral del gobierno de turno. Entre las amenazas de aquel momento destacaban:
- Ajustes del FMI y el Banco Mundial: Propuestas de incremento al IVA, elevación de la edad de jubilación y aumento de la tasa de cotización.
- Ataque al empleo público: Precarización mediante la Ley de la Función Pública, congelamiento salarial, supresión de escalafones (como el de Salud) y la amenaza de eliminación de 40,000 plazas.
- Afectación a los sectores populares: Recortes a subsidios básicos (agua, luz, transporte), flexibilización laboral con jornadas de hasta 12 horas en las maquilas y la creación de Zonas Especiales de Desarrollo Económico desreguladas.
Ante este panorama, la CSS organizó el 15 de septiembre de 2016 una multitudinaria marcha independiente bajo la consigna: «¿Cuál independencia? Que la crisis la paguen los capitalistas y los altos funcionarios». La jornada inició con un desfile bufo impulsado por jóvenes artistas del STINOVES que satirizaron a la clase política, y reunió a vendedores, empleados públicos, docentes y estudiantes desde la Plaza de la Salud hasta la Plaza Gerardo Barrios. Esa jornada demostró que la lucha del movimiento popular es de principios, no de banderas partidarias.
Tras el hito de 2016, la convocatoria del 15 de septiembre se mantuvo viva en los años posteriores (2017-2020) mediante movilizaciones, concentraciones y actos político-culturales. Aunque estas actividades no siempre alcanzaron el volumen de la primera marcha, sirvieron como un hilo conductor clave para sostener la articulación del movimiento social, denunciar la continuidad de los ataques a los derechos laborales y reconfirmar que el 15 de septiembre es una fecha de lucha popular. Mantener encendida esta llama organizativa durante ese quinquenio fue lo que permitió conservar el músculo político e histórico en el territorio.
Esa perseverancia hizo que el valor de esta fecha resurgiera con una fuerza gigantesca en 2021, el año del Bicentenario. En medio de un descontento generalizado por la imposición del Bitcoin, el golpe a la Sala de lo Constitucional y la destitución arbitraria de jueces, una marea humana desbordó las calles. Desde la Universidad de El Salvador, el Parque Cuscatlán y el Centro Judicial Isidro Menéndez, miles de ciudadanas y ciudadanos organizados y no organizados convergieron en el Centro Histórico. Aquella movilización masiva demostró la fragilidad del relato oficial frente al descontento popular y confirmó que las calles no le pertenecen al régimen.
Libertad para los presos políticos de la Alianza Nacional El Salvador en Paz
En el contexto actual, marchar el 15 de septiembre es también un acto de solidaridad y exigencia de justicia por las víctimas de la persecución política del régimen.
La Alianza Nacional El Salvador en Paz nació precisamente al calor de las históricas jornadas de protesta del 15 de septiembre de 2021, adoptando esa fecha como un homenaje a la articulación popular entre veteranos de guerra (tanto excombatientes del FMLN como exmilitares) y defensores de derechos humanos.
A finales de mayo de 2024, en la antesala de la toma de posesión para el segundo mandato presidencial de Nayib Bukele, dirigentes de esta organización —entre ellos Atilio Montalvo y Pepe Melara— fueron capturados bajo ambiguas e infundadas acusaciones de terrorismo. A la fecha, estos líderes permanecen encarcelados como procesados sin una sentencia firme, sometidos a continuas dilaciones judiciales y prórrogas que transgreden las garantías del debido proceso. Exigir su libertad en las calles es denunciar el uso del aparato judicial como herramienta de represión política.
La unidad en la acción: El único camino para recuperar la democracia
El valor del 15 de septiembre radica en la capacidad de congregar la diversidad del tejido social. Aunque espacios como el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), sus aliados como el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), la Mesa Permanente para la Justicia Laboral (MPJL) y otras organizaciones aglutinadoras como el Movimiento por la Defensa de los Derechos Laborales (MDCT) mantienen convocatorias constantes, la verdadera fuerza de la jornada proviene de la unidad de acción de los distintos sectores.
Ver converger en una misma marcha las mantas de las madres que buscan a sus desaparecidos, las consignas de los movimientos ambientalistas en rechazo a la minería metálica, los reclamos de libertad para los presos políticos y las banderas de los gremios sindicales evidencia que las demandas, aunque diversas, enfrentan un mismo modelo autoritario y precarizador.
La historia del movimiento social salvadoreño enseña que los regímenes autoritarios sostienen su hegemonía sobre la fragmentación de los sectores populares. Continuar aprendiendo de los aciertos y errores del pasado para consolidar la unidad organizativa sigue siendo una tarea pendiente y urgente. Este 15 de septiembre, marchar no es celebrar una independencia abstracta; es tomar el espacio público para gritar que el pueblo sigue de pie, luchando por la verdadera libertad y la recuperación de la democracia.
