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Por Leonel Herrera*
La nueva suspensión de la audiencia única contra los veteranos y ex combatientes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz podría ser una “táctica dilatoria” orientada a alargar el proceso judicial, ante la imposibilidad de justificar una condena debido a la falta de pruebas.
Así lo denunciaron esta semana organizaciones que demandan la libertad de estos dirigentes sociales encarcelados desde finales de mayo de 2024, acusados falsamente de “preparar atentados terroristas” para impedir la toma de posesión del segundo mandato inconstitucional de Nayib Bukele. Junto a los veteranos y ex combatientes también está detenido el comunicador comunitario Luis Alberto Menjívar.
De manera repentina y a última hora, la “jueza (sin rostro) número tres” del Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador volvió a suspender la audiencia, alegando fallas para la conexión virtual de los procesados y supuestas consultas médicas que algunos de ellos debían realizar durante la semana.
La audiencia iniciaría el lunes 7 de septiembre y se desarrollaría durante toda la semana. Ésta es la segunda vez que el referido tribunal suspende la audiencia: el pasado 11 de agosto, alegando fallas técnicas para la conexión, también fue suspendida.
Para las organizaciones sociales, el propósito de la nueva suspensión sería dilatar el proceso penal para “alargar el sufrimiento de los detenidos y de sus familias”, dado que ninguna de las justificaciones es válida.
Sostienen que si, el sistema judicial y la Dirección de Centros Penales no pueden asegurar la conexión virtual, los detenidos deberían ser trasladados para realizar la audiencia de manera presencial; y que las supuestas citas médicas, si son reales, debieron programarse para después de la audiencia.
Las organizaciones denuncian que, ante la imposibilidad de establecer una condena debido a la falta de pruebas, las autoridades judiciales y penitenciarias buscan postergar el proceso durante el mayor tiempo posible mediante suspensiones injustificadas. Señalan que esta “táctica nefasta y cruel” también ha sido utilizada en el caso contra los ambientalistas de Santa Marta y otros jurídicamente débiles y caracterizados por graves deficiencias probatorias.
Medios periodísticos han revelado que la Fiscalía no presentará al testigo (de dudosa existencia), en cuya denuncia está basada la acusación contra los veteranos y ex combatientes. También advierte que, a falta de testigos reales, serán presentados como tales los policías que hicieron las detenciones arbitrarias y supuestos peritos encargados de extraer información de dispositivos electrónicos.
Las organizaciones exigen que se agilice la audiencia dos veces suspendida y su realización sea con los procesados presentes físicamente en las instalaciones del Tribunal; y que en la audiencia los acusados sean declarados inocentes, absueltos y puestos en libertad “por falta de pruebas, porque es un caso inventado y porque es una clara persecución política”.
También reiteraron el llamado a la Comunidad Internacional a “observar con atención el proceso judicial”, reiterando que los veteranos y ex combatientes “son artífices de los Acuerdos de Paz propiciados por la mediación de las Naciones Unidas y el apoyo de países amigos”.
Las organizaciones también reiteraron la demanda de libertad de los demás presos políticos, especialmente mencionan a Ruth López, Enrique Anaya, Fidel Zavala, Giovanni Aguirre, Eugenio Chicas y Giovanni Maravilla.
Según el informe de CRISTOSAL “El precio de disentir: Criminalización y persecución política en El Salvador”, publicado en marzo de este año, hay -al menos- 245 personas perseguidas políticas en El Salvador, de las cuales 85 están presas. Se trata de sindicalistas, defensores de derechos humanos, activistas sociales, ex funcionarios públicos y ciudadanos críticos del actual régimen autoritario.
La existencia de presos y presas políticas en El Salvador también ha sido denunciada por organizaciones como Amnistía Internacional y hasta por un grupo de expertos de Naciones Unidas que también este año presentaron un informe sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del régimen de excepción.
Incluso, el propio presidente Bukele pareció admitirlo en un mensaje de su cuenta de X (ex Tuitter), dirigido al ex presidente colombiano Gustaco Petro, el pasado 7 de abril. En respuesta a las críticas del ex gobernante sudamericano al sistema penitenciario salvadoreño, Bukele le ofreció trasladar a Colombia a todos los detenidos, “incluyendo los llamados presos políticos”.
https://www.dw.com/es/bukele-ofrece-a-petro-todos-los-presos-de-el-salvador/a-76700834
Bukele también ha admitido la existencia de miles de presos inocentes bajo el régimen de excepción. En una conferencia de prensa de noviembre de 2024, durante una visita a Costa Rica, el autócrata reconoció que ha liberado a al menos 8,000 personas que habían sido detenidas sin tener ninguna relación con pandillas.
También, en abril de este año, un hermano del presidente afirmó que existe una comisión, adscrita al despacho de la prima dama Gabriela de Bukele, que revisa casos de personas detenidas inocentes. Ibrajim Bukele, sin embargo, no detalló el mandato, los procedimientos y el marco legal de funcionamiento de dicho comité.
*Periodista y activista ambiental.
