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Por: Luis Rafael Moreira Flores
Durante tres décadas, la política exterior salvadoreña operó sobre una premisa pragmática: reconocer con crudeza las vulnerabilidades estructurales del país para proteger a sus ciudadanos en el extranjero. Fue esa diplomacia de la realidad la que permitió a cientos de miles de compatriotas acceder al Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos. Washington otorgó y renovó este amparo humanitario entendiendo que El Salvador atravesaba por catástrofes que le impedían absorber el retorno masivo de su gente.
El beneficio no nació de la caridad, sino de una lectura geopolítica de las crisis en el territorio nacional. En sus inicios, el amparo respondió a los estragos de la guerra civil y la convulsa posguerra; posteriormente, se consolidó tras los devastadores terremotos del año 2001, y se mantuvo a lo largo de los años debido al azote incesante de la delincuencia organizada y la violencia de las pandillas que desarticularon el tejido social. La narrativa diplomática era clara: El Salvador era un país en reconstrucción, frágil, asfixiado por la violencia y sin la capacidad económica ni social para reintegrar a cientos de miles de migrantes de la noche a la mañana.
Sin embargo, el escenario político actual ha dado un viraje drástico y peligroso. La administración de Nayib Bukele ha desplegado un aparato propagandístico multimillonario orientado a vender una imagen oficial despojada de las realidades: El Salvador como un verdadero «país de las maravillas», el más seguro del hemisferio occidental, la capital del bitcóin y el nuevo polo del turismo internacional. Esta narrativa triunfalista, diseñada para el consumo interno y para el posicionamiento de una marca política global, ha terminado por minar el argumento más fuerte que El Salvador tenía en la mesa de negociación bilateral con la Casa Blanca.
Al gritarle al mundo que el país vive una paz “idílica” y que ha superado sus peores males, el Ejecutivo les ha retirado a los defensores de los derechos de los migrantes su principal herramienta de defensa. La narrativa de la perfección le otorga una ventaja sin precedentes a la retórica anti-imigrante en Estados Unidos, particularmente ante administraciones de corte conservador como la de Donald Trump. La lógica de Washington se vuelve incontestable bajo los propios términos del gobierno salvadoreño: si El Salvador es ya un oasis de seguridad, desarrollo y felicidad, ¿cuál es la justificación humanitaria para mantener a casi 200,000 salvadoreños bajo un estatus de protección temporal? Si el país es el mejor de Centroamérica, el argumento del refugio se desmorona por completo. La insistencia de la propaganda oficial le da la pauta perfecta a la política de deportaciones para sostener que los salvadoreños simplemente «regresarán a un país donde vivirán prósperos y felices».
El verdadero drama radica en que la propaganda ha decidido tapar el sol con un dedo. Para sostener el mito del «milagro salvadoreño», el discurso gubernamental ha decidido ocultar deliberadamente las profundas crisis económica, social y ambiental que continúan carcomiendo la base de la sociedad. El país no se agota en la baja de la tasa de homicidios. Mientras el tema de la seguridad monopoliza los titulares y la publicidad estatal, el costo de la vida se ha disparado a niveles insostenibles, la pobreza monetaria ha vuelto a crecer en los cantones y la deuda pública alcanza niveles asfixiantes.
A esta vulnerabilidad económica se suma la emergencia ambiental. El Salvador sigue siendo uno de los países más vulnerables del planeta ante el cambio climático, con una infraestructura hídrica al borde del colapso, zonas rurales castigadas por sequías e inundaciones recurrentes, y una pérdida acelerada de sus suelos fértiles. Ignorar estas variables en el discurso internacional no las hace desaparecer; solo priva al Estado salvadoreño de utilizar la crisis ambiental y la precariedad económica como factores reales para la recepción de retornados.
¿Qué pasará con la economía nacional si la narrativa oficial termina por sepultar definitivamente el TPS? Parece haber una desconexión total entre el triunfalismo del gobierno y la realidad macroeconómica del país. El Salvador sobrevive gracias al esfuerzo titánico de su diáspora. Las remesas familiares representan más del 20 % del Producto Interno Bruto (PIB), constituyendo el verdadero motor del consumo del hogar y el principal salvavidas contra la pobreza extrema para millones de familias.
El impacto no se detendría en el consumo básico. Sectores clave del dinamismo económico actual están financiados directamente por los salvadoreños en el exterior. Gran parte del auge en el sector de la construcción y del mercado inmobiliario, así como los inflados números del turismo nacional, no responden a una bonanza de la economía interna, sino a las inversiones y visitas de la diáspora radicada en Estados Unidos. Aquellos mismos compatriotas protegidos por el TPS son los que envían el capital para construir viviendas, abrir pequeños negocios y dinamizar el comercio local. Desproteger su estatus migratorio por el afán de sostener una fachada de perfección política equivale a cortar la mano que da de comer a la economía salvadoreña.
El error de cálculo ha sido monumental. En su prisa por proyectar una imagen de poder, modernidad y autosuficiencia, el gobierno salvadoreño dinamitó su propio margen de maniobra diplomática. Negar la crisis no es un acto de soberanía; es una irresponsabilidad estratégica que deja indefensos a miles de trabajadores que llevan más de dos décadas cotizando, pagando impuestos y construyendo sus vidas en suelo estadounidense.
El responsable directo de que la extensión del TPS vaya perdiendo su sustento humanitario ante las cortes y el gobierno de Estados Unidos no es la oposición política ni los organismos internacionales: es la propia narrativa gubernamental. Al anteponer el ego publicitario y el mito de un país sin problemas sobre la cruda realidad socioeconómica de El Salvador, el Ejecutivo le ha servido en bandeja de plata la justificación perfecta a quienes buscan la deportación masiva. Cuando el costo económico y humano del fin del TPS se concrete, no habrá campaña de marketing capaz de ocultar que la vanidad política destruyó el refugio de nuestra propia gente.
