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Omar Salinas
Ingeniero en Energía y Analista en Política Pública
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta. Esa realidad hace difícil aceptar que su prolongada crisis económica pueda explicarse por falta de recursos. El petróleo produjo riqueza y permitió modernizar ciudades, construir infraestructura y financiar educación, salud y servicios públicos. La bonanza petrolera de los años setenta mostró las posibilidades de un Estado respaldado por grandes ingresos. Pero también dejó una debilidad: Venezuela distribuía los ingresos del petróleo con mayor facilidad de la que construía una economía capaz de sostenerse sin ellos.
La caída de los ingresos durante los años ochenta expuso el problema. Los gobiernos de Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi enfrentaron endeudamiento, devaluaciones y desequilibrios. Cuando Carlos Andrés Pérez regresó al poder en 1989, sus reformas de liberalización y ajuste tampoco recompusieron una sociedad golpeada por desigualdad, corrupción y descrédito político. El Caracazo expresó aquella fractura.
Visto en conjunto, aquello tenía un nombre: fracaso de gestión política, económica y social. Venezuela dispuso de enormes recursos, pero la corrupción, los favoritismos, los intereses oligárquicos, la dependencia petrolera y relaciones favorables a grandes intereses económicos impidieron convertir esa riqueza en capacidad nacional. En ese agotamiento aparece Hugo Chávez.
Chávez no recibió una economía desarrollada ni un país ajeno a profundas contradicciones. Llegó cuestionando aquel sistema y buscó rectificar parte de sus desequilibrios, recuperando mayor control sobre la renta petrolera y orientándola hacia programas sociales y sectores históricamente relegados. Esa transformación ayuda a explicar el respaldo popular al chavismo.
Pero recuperar y distribuir mejor esa riqueza no bastaba. Chávez gobernó durante una etapa de enormes ingresos petroleros, pero no consiguió convertir aquella oportunidad en diversificación productiva, instituciones eficientes, capacidad tecnológica y políticas de Estado capaces de trascender gobiernos e ideologías.
Nicolás Maduro heredó esa estructura y administró su etapa más crítica. A los errores económicos, la corrupción, el deterioro institucional y la pérdida de capacidad productiva se añadieron las sanciones estadounidenses, que agravaron una economía debilitada.
Y esa historia llega ahora a Delcy Rodríguez. El nuevo entendimiento energético con Estados Unidos puede interpretarse como pragmatismo. Venezuela necesita inversión, tecnología, mercados y recuperación productiva. Recibir capital extranjero no significa renunciar a la soberanía.
La pregunta es bajo qué condiciones. Porque una cosa es negociar desde la fortaleza y otra desde la necesidad. También corresponde preguntar si existían alternativas. China dispone de capital y mercado; Rusia mantiene experiencia petrolera y vínculos con Caracas; India representa otro mercado importante y Medio Oriente concentra capitales energéticos. Estados Unidos, sin embargo, posee ventajas difíciles de sustituir: cercanía, capacidad de refinación para el crudo venezolano, mercado y poder sobre las sanciones.
Quizá la alternativa no era escoger entre unos y otros. Podía ser hacerlos competir. Diversificar inversionistas, operadores y mercados habría permitido buscar capital y tecnología sin sustituir una dependencia por otra. Esa es una forma de ejercer soberanía.
Por eso resulta significativa la diferencia entre las versiones del acuerdo. Delcy Rodríguez sostiene que Venezuela conserva la propiedad y soberanía sobre sus hidrocarburos, mientras Donald Trump lo presenta desde Washington en términos más favorables al control y a los intereses estadounidenses.
Mientras no se conozcan plenamente sus condiciones, sería apresurado dictar sentencia. Pero sí corresponde preguntar: ¿estamos ante pragmatismo económico?, ¿una rectificación del chavismo?, ¿una contradicción con décadas de discurso antiimperialista?, ¿Venezuela obtuvo las mejores condiciones disponibles?, ¿o Estados Unidos convirtió la debilidad económica venezolana en una ventaja geopolítica? El problema de fondo trasciende el acuerdo.
Un Estado puede conservar jurídicamente sus recursos, su gobierno y sus instituciones y, sin embargo, disponer de menor autonomía si necesita de otros para financiar, explotar y comercializar aquello que sostiene su economía.
Ahí aparece la factura histórica. La dirigencia tradicional no consiguió convertir el petróleo en desarrollo. Chávez rectificó parte de la distribución y del control sobre la renta, pero tampoco logró transformar estructuralmente el modelo. Maduro administró su deterioro. Delcy negocia ahora desde las condiciones acumuladas por todos ellos.
El acuerdo con Estados Unidos podría ayudar a recuperar producción, inversión y capacidades nacionales. También podría generar una nueva dependencia. Determinarlo dependerá menos de los discursos que de sus condiciones reales. Venezuela deja así una lección más amplia: recuperar una riqueza no basta y distribuirla tampoco. El desarrollo comienza cuando esa riqueza se transforma en instituciones, conocimiento, productividad y capacidad nacional. Después de casi un siglo de petróleo, esa es quizá su mayor paradoja. La soberanía puede proclamarse. La autonomía tiene que construirse. Y la riqueza que no se convierte en poder termina reduciendo el poder con que mañana habrá que negociarla.
