Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Organizaciones sociales y campesinas denunciaron que el sector rural y la producción agropecuaria vive una situación difícil debido a la sequía en el oriente del país y el abandono del gremio de parte del Gobierno.
En conferencia de prensa, varias organizaciones sociales y campesinas mostraron su preocupación ante la pérdida de las cosechas que afectan al oriente del país, debido a la prolongada falta de lluvias. “El sector rural y el agro atraviesan una profunda crisis”, dijo Alejandra Góchez, miembro de la junta directiva de la Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS).
De hecho, debido a la prolongada sequía en el oriente del país, los productores de granos básicos no sembraron en el ciclo de postrera, que inicia en la primera o segunda semana de agosto. “Y quienes se arriesgaron perdieron sus cultivos”.
Esta situación no solo sucede en el oriente del país; sino también, en San Vicente, Cabañas, La Paz, Chalatenango, Cuscatlán y al norte de Santa Ana. Alejandra Góchez, señaló que, en condiciones normales, las cosechas de postrera aportan el 75 % de frijol, el 100 % del maicillo y el 25 % del maíz.
“Esta sequía ya está afectando a las familias más pobres de las zonas rurales del país, se siente la escasez y el encarecimiento de los granos básicos y una hambruna que podría afectar a más de 3 millones de salvadoreños”, dijo.
Los efectos de la sequía también golpean a la ganadería, ya que el pasto escasea y se encarece. Se reducen los caudales de los ríos y se secan quebradas y riachuelos, limitando el agua para consumo humano y riego de cultivos.
La crisis del agro no solo tiene que ver con la sequía y las altas temperaturas sino también con el aumento de los costos en los insumos agrícolas ya que han aumentado en 125 % y alquiler de tierras para cultivos se encareció entre un 50 % y un 100 %, según la calidad del suelo y el acceso al agua.
“El agro también es afectado por la inseguridad en la tenencia de la tierra, que expone a familias campesinas, cooperativas y comunidades a desalojos realizados por grandes empresarios apoyados por el Gobierno para realizar proyectos urbanísticos, turísticos, agroindustriales o de energía. El Estado ha expropiado a familias campesinas para construir cárceles, aeropuertos y mega basureros”, lamentó Góchez.
Mientras no se le ayuda a los productores nacionales, el Gobierno importa alimentos para abastecer los agromercados. “Desde julio de 2024 son abastecidos con productos importados y subsidiados que le generan competencia desleal a la producción local. De hecho, este miércoles, la red de los agromercados serán reforzados ya que la Asamblea Legislativa se alista para aprobar un refuerzo presupuestario con $37 millones, los cuales, provienen de deuda.
Las organizaciones propusieron reactivar los programas de apoyo al agro, en especial a la agricultura familiar, y abrir líneas de crédito para la producción agropecuaria, con énfasis en granos básicos, café y ganado.
César Cañas, del Movimiento por la Defensa de la Tierra y Recursos Naturales de Tecoluca, señaló que, en San Vicente, hay alrededor de 20 mil productores agropecuarios; de estos, 17 mil practican la agricultura de subsistencia. “La gran mayoría de ellos han perdido sus cultivos porque no tienen acceso al agua para el riego”, dijo.
Algunos campesinos se han organizado para pedir ayuda al Ministerio de Agricultura y al Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA). Sin embargo, la respuesta que han obtenido es dotar de fertilizantes y semillas solo si cuentan con un sistema de riego.
“Productores y productoras han invertido entre $600 y $1,000 por manzana y esto se ha perdido ya que sus milpas están deterioradas, así como otro tipo de cultivos. Este dinero invertido en la preparación del suelo, en la compra de la semilla, en la fertilización y en la mano de obra, no lo van a recuperar porque ya perdieron sus cultivos. Algunos han tenido la oportunidad de vender sus milpas en estado de zacate a precios muy bajos, como $100 o $200 por manzana, que eso sirve para la alimentación del ganado”, destacó Cañas.
Teodoro Ardón, de la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuario (ANTA), enfatizó que la lucha siempre ha sido por las tierras para lograr las escrituras; el actual Gobierno “no quiere escriturar” y, por el contrario, se amenaza con desalojar a los campesinos de las tierras.
Ardón expuso que el Gobierno les ha manifestado que las cosechas de Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán van a cubrir la demanda de maíz y frijol. De hecho, el viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, informó el pasado 2 de septiembre que se tiene “garantizado” el abastecimiento de maíz y frijol para este y el próximo año.
El funcionario resaltó un estudio de CID GALLUP sobre el consumo de maíz y frijol en los hogares salvadoreños, en el que destaca que se consumen 9.79 millones de quintales de maíz al año y 1.60 millones de quintales de frijol al año. Según dijo, el MAG con su “Programa Aumento a la Producción” tiene como meta alcanzar hasta 12 millones de quintales de maíz y 1.9 millones de quintales de frijol al año.
“Están hablando de 12 millones de maíz, que no alcanzan; lo que están pensando es que van a traer maíz barato de otros lados para venderlo caro aquí”, destacó el representante de ANTA en conferencia de prensa.
Ángel Coto, del Movimiento Popular de Resistencia 12 de octubre (MPR-12) y agricultor de La Unión, enfatizó que el Gobierno debe trabajar en políticas públicas a favor del sector agropecuario, y no en específico a un rubro, sino en todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario: ganadería, acuicultura, grano básico, apicultura.
El agricultor enfatizó que La Unión ha sido el departamento donde la sequía se ha sentido con mayor intensidad. “Los agricultores que se atrevieron a sembrar, como yo, lo que sembramos lo perdimos completamente, el 100 % de la siembra. No hay apoyo del Gobierno, no hay política pública, no hay programa, no hay un subsidio al agricultor”, lamentó.
Las organizaciones que se pronunciaron fueron: el Movimiento Popular de Resistencia – 12 de octubre (MPR 12), el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuario (ANTA), Vía Campesina y el Movimiento por la Defensa de la Tierra y Recursos Naturales de Tecoluca.
Estas organizaciones participarán en la marcha programada para este 15 de septiembre para pedir un plan de apoyo al sector agropecuario.
