Afectados de COSAVI recuerdan ‘trágico y extraño’ accidente aéreo

Luis Rafael Moreira Flores

@DiarioCoLatino / Colaborador

En las afueras de la sede ubicada en la calle Gabriela Mistral, en San Salvador, un grupo de afectados del desfalco de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L. (COSAVI) se concentró para realizar un acto de memoria colectiva.

La jornada de protesta y conmemoración tuvo como eje principal recordar el primer aniversario del trágico y ‘extraño’ accidente del helicóptero en el que perdieron la vida nueve personas, entre ellas Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil (PNC), y Manuel Coto Barrientos, exgerente de COSAVI.

Para los ahorrantes, Coto no solo era el principal implicado en el desvío de fondos, sino la máxima autoridad administrativa y el testigo directo más importante para esclarecer las dinámicas internas de la red de corrupción.

Durante la manifestación, los voceros de los afectados expresaron su profundo lamento ante la inacción del Estado salvadoreño, el cual continúa sin brindar respuestas concretas ni soluciones financieras a miles de familias que vieron desvanecerse el trabajo de toda su vida.

Esta falta de resolución ha derivado en una crisis humanitaria silenciosa. Juan José Ortiz, uno de los representantes de los perjudicados, denunció la dramática situación de salud que enfrentan las víctimas, señalando que al menos 15 ahorrantes han fallecido en este último año debido a complicaciones médicas severas y cuadros de depresión profunda desencadenados por el impacto emocional y la imposibilidad de acceder a sus fondos para costear tratamientos, medicamentos o cirugías.

Ortiz enfatizó que cada día que pasa la población afectada envejece en condiciones de vulnerabilidad extrema, observando cómo la justicia se dilata indefinidamente.

El representante recordó que, en una acción de protesta previa, los manifestantes acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para entregar una ofrenda floral. Aquel gesto no fue una simple conmemoración ceremonial, sino un acto simbólico para señalar lo que consideran el fallecimiento definitivo del sistema judicial y la pérdida absoluta de la institucionalidad en el país.

Ortiz cuestionó la narrativa oficial en torno al siniestro aéreo ocurrido en el cantón San Eduardo, Pasaquina, departamento de La Unión, cuando la aeronave UH-1H USAF del Grupo Aéreo de la Fuerza Armada se estrelló en condiciones aún no esclarecidas por completo.

El Gobierno catalogó formalmente como “héroes nacionales” a ocho de los ocupantes de la aeronave —entre ellos el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas; los pilotos militares Alexis Alberto Quijano Carbajal, Jonathan Alexander Raymundo Morán y Gerson Ricardo Batres Lucero; los comunicadores gubernamentales David Cruz y Abel Antonio Arévalo; y los miembros de las fuerzas especiales Douglas Omar García Funes y Roberto Carlos Mancía Ramírez—. Sin embargo, para las víctimas de COSAVI, la cuenta real es de nueve seres humanos fallecidos, incluyendo a Manuel Coto Barrientos, la pieza clave que poseía la información detallada para desentrañar el destino del dinero defraudado.

El desfalco de COSAVI asciende a más de 35 millones de dólares, un monto astronómico que pertenecía a miles de asociados que confiaron sus ahorros de toda la vida, indemnizaciones laborales y fondos de retiro a esta entidad cooperativa. La indignación de las víctimas se profundiza al considerar las implicaciones de poder que rodean la trama financiera.

Para los ahorrantes, este no es un caso aislado de mala administración privada, sino un escándalo de dimensiones políticas, habida cuenta de que parte substancial de los créditos y flujos de efectivo bajo investigación presuntamente terminaron vinculados a funcionarios públicos, candidatos de la bancada oficialista y carteras de Estado del actual gobierno, creando un evidente conflicto de interés que frena la transparencia de las investigaciones.

Frente a la parálisis de las autoridades locales, las organizaciones de afectados han extendido sus reclamos a instancias internacionales. Juan José Ortiz confirmó que ya se han gestionado pronunciamientos y resoluciones por parte de congresistas e instituciones de los Estados Unidos.

Debido a que una porción significativa de las víctimas son ciudadanos estadounidenses o salvadoreños con residencia legal en ese país que enviaban sus remesas para invertirlas en la cooperativa, las gestiones ante el Congreso y departamentos de Estado norteamericanos se mantendrán de forma permanente como un clamor internacional por la justicia financiera.

La petición dirigida a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) sigue siendo firme e invariable: activar los mecanismos legales y de liquidación necesarios para dar trámite inmediato a la devolución total del capital a los legítimos propietarios.

El panorama se torna aún más sombrío al encuadrar la crisis de COSAVI en el contexto económico nacional. La conmemoración de este aniversario coincide con un escenario de incertidumbre financiera exacerbado por las recientes exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas recomendaciones de ajuste fiscal amenazan con recortar el gasto social y prácticamente abandonar a su suerte a miles de pensionados y trabajadores del sector público.

A esto se suma el descontento por la falta de rendición de cuentas en la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal, una medida impulsada por el Ejecutivo cuyas prometidas ganancias para las arcas públicas nunca llegaron a materializarse ni a impactar la economía de la población de a pie, así como la persistente inestabilidad legal que rodea a miles de familias beneficiarias del Programa de Protección Temporal (TPS) en el exterior.

Para los afectados de COSAVI, la situación de la cooperativa no es un hecho aislado, sino el síntoma visible de un deterioro sistémico que encamina a El Salvador hacia un “corralito financiero”.

Advierten que la falta de supervisión adecuada por parte del Estado, sumada a la impunidad con la que se ha manejado la pérdida de más de 35 millones de dólares, sienta un precedente peligroso para todo el sistema bancario y cooperativo del país.

Tarde o temprano, afirman los manifestantes, el resto de los ahorrantes nacionales experimentará las mismas restricciones y arbitrariedades que hoy sofocan a las familias víctimas de COSAVI, por lo que reiteraron su llamado a la solidaridad ciudadana para exigir colectivamente la restitución de sus derechos patrimoniales.