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Raúl Miranda
El 16 de julio de 2026, Nayib Bukele entró a la Oficina Oval, Donald Trump lo había mandado a llamar. No hubo acceso de la prensa, ni se difundió una fotografía conjunta ni la usual propaganda del gobierno. Mientras Bukele estaba dentro de la Casa Blanca, beneficiarios salvadoreños del TPS se manifestaban afuera para pedirle que intercediera por ellos.
Pero el silencio de Bukele no comenzó ese día. Desde 2020 no se conoce un pronunciamiento público suyo en defensa del TPS. Desde entonces no hizo ninguna petición pública a Trump, no encabezó una campaña diplomática, no se reunió con los tepesianos y tampoco convirtió su protección en una prioridad del gobierno.
Después de aquella reunión en julio, Bukele ni siquiera informó que hubiera planteado el tema. Pocas semanas más tarde, Estados Unidos anunció que el TPS para El Salvador terminaría el 9 de septiembre de 2026.
El problema no es que Bukele haya pedido la extensión y Trump se la negara. El problema es que Bukele ni siquiera dio esa batalla.
Durante años, muchos tepesianos confiaron en que la cercanía de Bukele con Trump podía convertirse en una oportunidad para protegerlos. El propio gobierno presentó esa relación como prueba de acceso, poder e influencia en Washington. Cuando el TPS volvió a estar en peligro, esperaron que Bukele utilizara ese acceso para pedir su extensión o, al menos, para expresar públicamente su apoyo. Pero fueron ignorados.
Hasta sus propios seguidores le piden que intervenga
En redes sociales han comenzado a circular videos de salvadoreños que se identifican como seguidores de Bukele y le piden que hable con Trump. Muchos tienen empleos, viviendas, hijos nacidos en Estados Unidos y décadas de haber construido una vida en este país. Ahora temen perder su permiso de trabajo, ser detenidos o terminar separados de sus familias.
Si durante años se repitió que Bukele era amigo de Trump y que tenía entrada directa a la Casa Blanca, era lógico que sus seguidores esperaran que utilizara esa relación cuando ellos necesitaran ayuda.
Ahora se hacen una pregunta muy sencilla: ¿de qué sirve que Bukele sea tan cercano a Trump si, cuando los salvadoreños lo necesitan, no puede o no quiere defenderlos?
Cuando quienes apoyaron a Bukele y sostienen al país con sus remesas le piden ayuda en un momento decisivo y solo reciben silencio, la lealtad puede convertirse en desencanto y la admiración en una sensación de abandono.
Mientras Bukele guardaba silencio, otros sí llevaron la causa de los tepesianos ante la Administración estadounidense.
Los demócratas que Bukele ataca sí defendieron el TPS
Ochenta miembros de la Cámara de Representantes, encabezados por el demócrata James McGovern, pidieron públicamente al gobierno de Trump que extendiera el TPS para El Salvador. McGovern ha sido uno de los congresistas más atacados por el bukelismo por denunciar la concentración del poder, el debilitamiento de las instituciones y los abusos cometidos bajo el régimen de excepción.
El contraste es difícil de ignorar: los políticos que Bukele presenta como enemigos dieron públicamente la batalla por los tepesianos, mientras el supuesto gran aliado de Trump no mostró una gestión comparable. Funcionarios estadounidenses (a los que Bukele presenta como enemigos) defendieron a los salvadoreños ante la Administración Trump, mientras el presidente de El Salvador, que tenía el deber de representarlos, los ignoró.
Y sabemos cómo actúa Bukele cuando algo realmente le interesa: publica mensajes, confronta a sus adversarios, moviliza la propaganda del gobierno y convierte el tema en una batalla política. Con el TPS no vimos nada parecido.
Trump recibió cárceles; Bukele recibió aval para su reelección inconstitucional. Los salvadoreños se quedaron esperando
Trump obtuvo de Bukele el uso del CECOT y la posibilidad de usar el régimen de excepción salvadoreño para violar derechos a inocentes y hacer abusos que no puede hacer en territorio estadounidense. El gobierno salvadoreño aceptó encarcelar a ciudadanos de otros países, sin siquiera tener juicio o condena.
Bukele, por su parte, recibió algo muy valioso para seguir en el poder. La Administración Trump rechazó llamar dictadura a un gobierno que pasó por encima del límite establecido por la Constitución, violando artículos pétreos para que pueda mantenerse indefinidamente en la Presidencia.
También hubo otro resultado conveniente para el interés personal de Bukele. Estados Unidos había capturado y acusado a “Greñas”, un dirigente de la MS-13 que es testigo de las negociaciones entre la pandilla y Bukele. La Administración Trump pidió cerrar el caso por razones políticas y lo envió a El Salvador.
Mientras tanto, más de 200,000 salvadoreños enfrentaron el fin del TPS sin que su presidente hiciera una petición pública para defenderlos. Bukele negoció para él, no para El Salvador.
Pero quedar fuera de esa relación no significa solamente perder una oportunidad diplomática. Para miles de tepesianos, el silencio de Bukele puede tener consecuencias graves: perder el permiso de trabajo, quedar expuestos a la detención y enfrentar la deportación después de décadas de vivir en Estados Unidos.
Ninguna de esas circunstancias los convierte en delincuentes. Sin embargo, el caso de Kilmar Abrego García demuestra que la Administración Trump puede tratarlos como si lo fueran y que, cuando eso ocurre, Bukele puede ponerse del lado de Trump en lugar de defender los derechos de un salvadoreño.
Los tepesianos no son delincuentes, pero pueden tratarlos como si lo fueran
El fin del TPS no convierte a sus beneficiarios en criminales. Perder una protección migratoria no significa haber cometido un delito. Pero quienes no tengan otra forma legal de permanecer en Estados Unidos pierden su permiso de trabajo y quedan expuestos a la detención y la deportación.
Lo más grave es que la Administración Trump ha demostrado que puede borrar la diferencia entre un migrante y un delincuente: primero lo acusa públicamente, después lo detiene o lo expulsa y solo más tarde se discuten las pruebas y su derecho a defenderse.
Kilmar Abrego García tenía una orden que prohibía enviarlo a El Salvador. A pesar de eso, el gobierno estadounidense lo deportó y reconoció después que había cometido un error. Kilmar fue encerrado en el CECOT sin que hubiera sido condenado por un delito.
Bukele no exigió pruebas ni defendió los derechos de un salvadoreño. Sentado junto a Trump en la Casa Blanca, lo llamó “terrorista” y se negó a liberarlo. Aceptó la acusación de Trump como si ya fuera una sentencia judicial.
Ese caso demostró algo muy grave: cuando los derechos de un salvadoreño chocaron con los intereses políticos de Trump, Bukele no defendió al salvadoreño. Repitió la versión de Trump y puso una cárcel salvadoreña a su servicio.
Un aliado negocia; un títere obedece
Una alianza no consiste en aceptar todo lo que el otro gobierno pide. Un aliado coopera, pero también pone condiciones. Entrega algo y obtiene algo concreto para su país. Puede acompañar a un socio, pero también puede decirle que no cuando sus decisiones perjudican a sus ciudadanos.
Un títere funciona de manera distinta. Necesita el respaldo de quien tiene más poder y, para conservarlo, obedece incluso cuando las consecuencias recaen sobre su propia gente.
Si Bukele necesita el aval de Trump para sostener su reelección inconstitucional y permanecer en el poder, su capacidad para enfrentarlo disminuye. Eso ayuda a explicar una relación tan desigual: Trump pide cárceles y cooperación migratoria; Bukele acepta. Los salvadoreños piden que defienda el TPS; Bukele guarda silencio.
Por eso ya no importa cuántas veces Bukele entre a la Casa Blanca ni cuántos elogios reciba de Trump. La pregunta es si tiene la independencia y el valor necesarios para defender a los salvadoreños frente a él.
No es lo mismo perder una negociación que negarse a librarla.
Trump obtuvo cárceles y cooperación; Bukele recibió respaldo para seguir en el poder. Los tepesianos, en cambio, no tuvieron siquiera una defensa pública de su presidente.
Pero la responsabilidad del Estado no termina con el fin del TPS. Si miles de salvadoreños son obligados a regresar, deben ser recibidos con dignidad y contar con programas de empleo, vivienda, salud, educación y reintegración, respaldados por una ley y un presupuesto permanente.
No bastan los anuncios con grandes titulares que desaparecen después de la publicidad. La ayuda debe tener fondos, metas claras y mecanismos de rendición de cuentas.
Quienes sostuvieron al país durante décadas con sus remesas no pueden regresar para encontrar que El Salvador también les cerró la puerta.
Los retornados no necesitan más propaganda. Necesitan derechos, presupuesto y una oportunidad real para comenzar de nuevo.
La comunidad salvadoreña en Estados Unidos continuará la lucha por la residencia permanente. Lo hará, eso sí, sin el presidente ni los diputados que deberían defenderla.
