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Redacción Nacionales
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La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial dictaminó a favor de crear la Ley Especial de Responsabilidad Profesional para las Personas Sujetas a Inscripción en el Registro de Profesionales y Prestadores de Servicios de Urbanización y Construcción con el fin de regular la responsabilidad de quienes intervienen en el planeamiento, diseño, ejecución, supervisión, control y mantenimiento de obras y lotificaciones nuevas, según se mencionó.
El Registro fue creado mediante la Ley de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT), en el año 2024. Esta nueva propuesta busca establecer reglas y responsabilidades específicas para los profesionales del sector.
Los parlamentarios escucharon a la directora ejecutiva de la DOT, Paola Bardi, quien explicó que la iniciativa establece responsabilidades profesionales y técnicas durante las distintas etapas de los proyectos de urbanización, construcción y lotificaciones.
“El objetivo de la ley es que cada etapa de los proyectos cuente con respaldo profesional y técnico, además de establecer un sistema de control centralizado que permita elevar los estándares de calidad a nivel nacional”, aseguró Bardi en la comisión.
La propuesta contempla un registro organizado en categorías con las áreas ambiental, auditoría urbana, construcción, cultural y tramitadores. De la misma manera, el marco legal busca avanzar en la modernización y digitalización de los procesos, mediante herramientas orientadas a mejorar la transparencia y la eficiencia, implementando el uso obligatorio de la Firma Electrónica Certificada (FEC) y del Sello Electrónico Profesional para validar planos, memorias de cálculo, bitácoras y dictámenes técnicos.
Además, contempla una plataforma de consulta pública en línea que permita conocer el estado de los profesionales y prestadores de servicios inscritos, incluyendo si su registro se encuentra activo, suspendido o cancelado y el estado de los trámites.
La normativa establece que la DOT desarrollará programas de formación continua sobre actualización normativa y el uso del Sistema de Administración y Autorización de Permisos de Construcción y Lotificaciones. Estos elementos serán un requisito para la renovación del registro profesional.
Bardi detalló que seis meses después de esté vigente la ley todo nuevo trámite en el sistema de la DOT deberá ser ingresado obligatoriamente por un tramitador debidamente registrado.
El Registro de Profesionales y Prestadores de Servicios de Urbanización y Construcción será administrado por la DOT y estará organizado en categorías como la ambiental, auditoría urbana, construcción, cultural y la de tramitadores.
Quienes deseen registrarse como prestadores de servicios ambientales deberán cumplir con ciertos requisitos; por ejemplo, los especialistas en estudios de evaluación de impacto y diagnósticos ambientales deberán acreditar al menos 80 horas de formación en Evaluación de Impacto Ambiental o haber aprobado asignaturas relacionadas con esta área. Asimismo, deberán demostrar tres años de experiencia en su área profesional y dos años de experiencia en gestión ambiental.
En el caso de los auditores de evaluación ambiental, además de cumplir con estos requisitos, deberán acreditar al menos tres estudios de impacto ambiental o diagnósticos ambientales aprobados.
Para los profesionales que presten servicios culturales también se establecen requisitos de formación y experiencia. Los especialistas en investigaciones arqueológicas o paleontológicas, así como los especialistas en evaluación y restauración de patrimonio edificado deberán contar con una maestría o doctorado en áreas relacionadas con la arqueología, paleontología o biología, además de demostrar cinco años de experiencia profesional.
De igual manera, la normativa contempla a los profesionales extranjeros que participen en proyectos de construcción en el país. Cuando sus servicios sean temporales, o estén vinculados a una obra específica, podrán solicitar la homologación de registros similares obtenidos en el exterior.
La ley también incluye infracciones leves, graves y muy graves. Entre las graves estará ejercer con el registro vencido, trabajar fuera de la especialidad, incumplir normas técnicas o de seguridad y usar materiales que no cumplan los estándares de calidad.
Mientras que las muy graves se aplicarán al ejercer sin registro y actuar con negligencia o impericia cuando genere consecuencias graves. Las multas dependerán de la gravedad y llegarán a ser de hasta un salario mínimo para faltas leves, de dos a tres para las graves y de cuatro a 20 para las muy graves.
Esta iniciativa pasará al pleno legislativo este miércoles en la sesión plenaria.
