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Editorial
El presidente Nayib Bukele ha metido tanto odio entre la sociedad salvadoreña, independientemente de que haya sido víctima de las pandillas o no, al imponer una narrativa de venganza versus justicia. Toda esta narrativa inició al imponer el régimen de excepción el 27 de marzo de 2027. Y ahora que quiere salir de su enredo jurídico, por exigencias de a saber quién o quienes, los que han avalado su política de venganza hoy le reclaman y responde a su estilo de negar lo que dijo.
La noche del martes 13 de octubre, Nayib Bukele dijo que su Gobierno está evaluando un programa de libertad anticipada y condicional para cerca de la mitad de los presos que presuntamente colaboraron con pandillas, una medida que estaría sujeta a supervisión y dependería de una evaluación individual de cada caso.
“Tenemos un plan que beneficiaría más o menos a un 50%, más o menos, de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con pandillas”, dijo Bukele durante una sesión de preguntas y respuestas, tras anunciar un acuerdo de inversión en energía con el grupo español COx. Esta declaración de Bukele fue tomada por toda la prensa, tanto nacional como extranjera.
Y dado que Bukele no habló de cifras sino de un porcentaje, el 50%, inmediatamente se pensó que pondría en libertad a 50 mil “colaboradores de las pandillas”, dado que el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, dijo en Uruguay que cien mil pandilleros estaban recluidos en las cárceles de El Salvador, y gracias ha esas capturas el país es el más seguro del mundo.
El mandatario explicó que la propuesta permitiría liberar anticipadamente a personas que seguirían siendo consideradas culpables, pero que podrían salir de prisión bajo ciertas condiciones y con monitoreo. “Una liberación anticipada, o sea, es culpable pero liberarlo condicionalmente. Liberarlo con monitoreo”, explicó.
Las revelaciones de Bukele tuvieron ecoen las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, que le reclamaron por qué no poner en libertad a los “inocentes capturados bajo el Régimen de Excepción, en vez de a los colaboradores”.
Las mismas organizaciones, entre ellas MOVIR, aseguran que hay miles de personas inocentes presas, algunas incluso hasta con carta de libertad emanadas de los jueces, pero las autoridades de los penales se niegan a ponerlas en libertad.
Pero Bukele también recibió rechazo de sus seguidores, que pronto pusieron a circular vídeos de él y de sus diputados cuando aseguraban que ningún “terrorista saldría nunca de un penal”. El diputado William Soriano, incluso, dijo en rechazo a la diputado Claudia Ortiz, quien se ha pronunciado por la liberación inmediata de los inocentes, que “dejaría de ser diputado” antes de permitir que un pandillero quede en libertad.
Ante todas estas opiniones Nayib Bukele se retractó, y el viernes 16 de octubre dijo que los medios de comunicación tergiversaron sus declaraciones del martes 13. El viernes, Bukele dijo que su gobierno no proyecta liberar a pandilleros, sino revisar alrededor del 50% de los casos de 10,626 detenidos clasificados como colaboradores para una eventual incorporación al programa penitenciario Cero Ocio.
La medida, añadió, busca diferenciar a quienes ayudaron de forma ocasional a estructuras criminales de los miembros permanentes de las pandillas y han sido clasificados como “colaboradores”.
Luego dio los datos de la clasificación de los reos: Un total de 96,427 están detenidos por temas relacionados a pandillas, de los cuales 42 mil 125 son homeboys (pandilleros), y que 25,910 son miembros no brincados, entre los que se encuentras los chequeos, gatilleros y postes. “Si bien no tenían el bautismo de ser brincados, para nosotros son pandilleros”, dijo.
Luego agregó que hay 17,793 paros, estos son los que hacían favores a las pandillas. Según Bukele “los paros” eran personas que les hacían favores a los pandilleros, pero que no iban a ser brincados dentro de la pandilla. “La diferencia entre un paro y un simple colaborador momentáneo o especial, es que el paro era un colaborador constante y continuo. Luego, estaban los colaboradores de pandillas que son 10,629, esos no son colaboradores habituales, sino que personas que se vieron en una circunstancia y colaboraron con la pandilla”, destacó Bukele.
De esos 10 mil (paros), vamos a revisar los casos y creemos que previo a una revisión, aproximadamente 50% pudiera entrar al Plan Cero Ocio para poder salir más rápido, reformado, en lugar de esperar 10 años; eso fue lo que dije, solo que ahora lo expliqué con dibujitos”, destacó.
La abogada Roxana Cardona preguntó recientemente en sus redes sociales: “¿Puede el Presidente condenar en público a personas que AÚN NO HAN SIDO JUZGADAS?”
Esto en referencia a los 10 años de prisión que, según Bukele, deben cumplir los colaboradores de pandillas que serían beneficiarios con el Plan Ocio propuesto la semana que recién finaliza. La abogada le recuerda al mandatario que “Todos son inocentes hasta que un juez diga lo contrario en sentencia, no un político en una conferencia”, tras agregar que la “libertad condicional es para CONDENADOS, no es un favor político. Y la pena la pone un JUEZ, no el Ejecutivo”.
Tal parece que Bukele, en busca de salir de un enredo se mete en otro, todo por no hablar claramente, ni admitir sobre la necesidad de sacar a los inocentes capturados durante el régimen de excepción.
