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Saúl Méndez
Colaborador
El impacto del fenómeno de El Niño durante 2026 ha provocado una severa crisis agrícola, alimentaria y de acceso al agua en comunidades rurales del Corredor Seco centroamericano, particularmente en Guatemala, Honduras y El Salvador, según un informe publicado por Oxfam en agosto de este año.
La evaluación, realizada mediante consultas comunitarias estructuradas en 354 grupos focales y análisis de información secundaria, documentó pérdidas generalizadas de cultivos, reducción de las reservas de granos básicos, disminución de la disponibilidad de agua, pérdidas pecuarias, incremento en los precios de los alimentos y una creciente necesidad de asistencia humanitaria.
Uno de los principales impactos se registra en la producción de maíz. De aproximadamente 73 mil hogares que sembraron este cultivo durante el ciclo de primera de 2026, más de 70 mil reportaron pérdidas y el 78.6% señaló haber perdido entre el 75% y el 100% de su cosecha. La sequía fue identificada como la principal causa de las pérdidas en 315 de las 354 comunidades evaluadas, equivalente al 89%.
El frijol también presenta un nivel de afectación considerable. Entre los hogares que reportaron pérdidas, el 65.4% indicó haber perdido entre el 75% y el 100% de su producción, situación que incrementa la vulnerabilidad de las familias que dependen de estos cultivos tanto para su alimentación como para la generación de ingresos.
Oxfam señaló que las condiciones climáticas de 2026 se diferenciaron de otros episodios de El Niño por la frecuencia y duración de los períodos secos. El 80.8% de las comunidades reportó dos o más períodos de déficit de lluvia durante el ciclo de primera, mientras que el 39.3% registró tres períodos de ausencia de precipitaciones. Además, en algunas zonas de Guatemala el inicio de las lluvias se retrasó hasta finales de julio e incluso mediados de agosto.
A esto se suma que el 84.5% de las comunidades no reportó ningún período de exceso de lluvia que pudiera compensar el déficit. De acuerdo con el informe, esta combinación de canículas frecuentes, retraso en el inicio de las lluvias y ausencia de precipitaciones suficientes redujo drásticamente la posibilidad de completar los ciclos agrícolas y provocó pérdidas totales o casi totales en las zonas más afectadas.
La crisis también se refleja en las reservas de alimentos. El 64.2% de los hogares que todavía dispone de reservas de maíz señaló que estas les alcanzarán para tres semanas o menos, lo que evidencia el riesgo de un mayor deterioro de la seguridad alimentaria en las comunidades evaluadas.
El acceso al agua también se ha visto afectado. Los grupos focales reportaron reducciones en el caudal y disponibilidad de distintas fuentes de abastecimiento. En la red de distribución domiciliar, principal fuente de agua para aproximadamente 46 mil hogares, se registró una reducción en el 50.5% de los casos, mientras que en los sistemas comunitarios mediante chorros públicos la disminución alcanzó el 67.3%.
La pérdida de medios de vida se extiende además a la producción pecuaria. Las aves de corral, consideradas uno de los principales activos productivos de los hogares rurales, registraron pérdidas en el 73.1% de los hogares dedicados a esta actividad. Oxfam destacó que estos activos suelen estar bajo gestión de las mujeres y cumplen una función tanto en el autoconsumo como en la generación de ingresos de emergencia.
El encarecimiento de los alimentos constituye otro de los efectos de la crisis. Según los participantes de los grupos focales, entre julio-agosto de 2025 y el mismo período de 2026 los precios de productos de la canasta básica aumentaron entre 11% y 54% en Guatemala, entre 12% y 40% en Honduras y hasta 85% en el caso del azúcar en El Salvador.
La magnitud de las necesidades también contrasta con la cobertura de asistencia disponible. La evaluación estima que cerca de 62 mil hogares requieren alimentos en especie y alrededor de 58 mil necesitan transferencias monetarias. Sin embargo, la asistencia no gubernamental en efectivo habría alcanzado únicamente a unos 5,100 hogares, equivalente al 8.8% de la demanda identificada.
La crisis ha generado además cambios en las estrategias de movilidad de las familias. Los grupos focales identificaron 6,212 movimientos migratorios de al menos un integrante del hogar durante los tres meses previos a la evaluación, entre mayo y julio de 2026. El 20.1% de estos movimientos tuvo carácter internacional. El informe también recoge casos de personas migrantes deportadas o retornadas sin recursos económicos, lo que añade presión a hogares que ya enfrentan una reducción de sus medios de subsistencia.
Oxfam advirtió que los impactos no son iguales para toda la población y que las mujeres enfrentan afectaciones diferenciadas. Ellas representaron el 49.9% de las personas participantes en los grupos focales, con una participación particularmente alta en Guatemala, donde alcanzaron el 57%.
Uno de los principales efectos está relacionado con la gestión del agua. En los hogares rurales, el acopio y administración del recurso para el consumo doméstico recae principalmente en mujeres y niñas. Por ello, la reducción de la disponibilidad de agua implica un aumento de la carga de trabajo no remunerado, debido a la necesidad de recorrer mayores distancias o invertir más tiempo en su recolección.
La pérdida de aves de corral también puede afectar particularmente a las mujeres, debido a que este tipo de producción suele encontrarse bajo su manejo y decisión dentro de los hogares rurales. La desaparición de estos activos reduce una fuente de alimentos y de ingresos de emergencia y puede representar una pérdida de autonomía económica.
El informe también identificó indicios de una posible feminización de las estrategias migratorias. En Choluteca, Honduras, se documentó un caso en el que la migración internacional reciente correspondió específicamente a mujeres, una situación que puede modificar la composición y las cargas de trabajo de los hogares que permanecen en las comunidades de origen.
Oxfam aclaró que la base de datos utilizada no incorporó un módulo específico de género que permitiera medir aspectos como la jefatura de hogar por sexo, la distribución del trabajo doméstico o la violencia basada en género. Por ello, estos hallazgos deben entenderse como líneas de análisis derivadas de los datos disponibles y no como una medición directa de dichas problemáticas.
Pese a la gravedad de la situación, la evaluación también identifica capacidades de organización y adaptación en las comunidades. Los 354 grupos focales contaron con la participación de Consejos Comunitarios de Desarrollo y liderazgos locales, quienes en distintos casos aportaron análisis propios sobre las causas de la crisis y posibles soluciones.
Entre las estrategias identificadas se encuentra la diversificación de cultivos. En algunas comunidades de Lempira, Honduras, donde la siembra de postrera no es tradicionalmente viable, los hogares utilizan esquemas que combinan maíz, frijol y maicillo o sorgo, este último con mayor tolerancia a la sequía. Oxfam considera que estas prácticas podrían fortalecerse mediante asistencia técnica y acceso a semillas mejoradas.
También se documentaron capacidades locales para el monitoreo climático. En la comunidad de Combalí, Choluteca, se reportó el uso de un pluviómetro y un monitor climático comunitario para medir el déficit de lluvia, que alcanzó 128 milímetros durante cuatro meses. Para Oxfam, estas experiencias pueden integrarse a sistemas de alerta temprana más amplios.
Asimismo, varias comunidades reportaron apoyos puntuales de gobiernos municipales, como la entrega de fertilizante o urea, pese a las limitaciones de recursos. La organización considera que estas capacidades de respuesta local deben ser fortalecidas y complementadas con recursos humanitarios.
El informe concluye que la respuesta ante la crisis debe reconocer las capacidades existentes en las comunidades y evitar modelos exclusivamente asistencialistas. Oxfam plantea la necesidad de combinar la atención humanitaria inmediata con acciones de recuperación temprana y estrategias de largo plazo orientadas a fortalecer la resiliencia de las poblaciones del Corredor Seco frente a futuros eventos climáticos.
