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Redacción Nacionales
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Cuarenta y cuatro años después del asesinato de cuatro periodistas holandeses en El Salvador, la justicia salvadoreña condenó a tres altos mandos militares señalados de planificar y ordenar la operación que terminó con la vida de los comunicadores y cuatro de sus acompañantes, dijo el periodista Óscar Pérez, de la Fundación COMUNICÁNDONOS, quien ha acompañado a las familias de las víctimas en su demanda de verdad y justicia. Reveló, además, que dos de los condenados siguen en el Hospital Bautista desde que fueron capturados en 2022. El otro enfrenta un proceso en Virginia, Estados Unidos.
En Encuentro con Julio Villagrán, Pérez explicó que el proceso constituye un juicio histórico para el país. La causa fue presentada ante la Fiscalía en marzo de 2018, a solicitud de los familiares y con el acompañamiento del Gobierno de los Países Bajos, conocida también como Holanda. Dos años después, el caso fue judicializado y posteriormente llegó a juicio.
Tres altos mandos condenados
Los condenados son el general Guillermo García, quien se desempeñaba como ministro de Defensa en el año del asesinato; el coronel Francisco Morán, director de la Policía de Hacienda, y el coronel Mario Reyes Mena, jefe de la Cuarta Brigada de Infantería de El Paraíso.
De acuerdo con la información expuesta durante el proceso, la Policía de Hacienda habría desarrollado labores de inteligencia y seguimiento a los periodistas. Esa información habría sido trasladada al Estado Mayor y al ministro de Defensa, desde donde se habría tomado la decisión que posteriormente fue comunicada al jefe de la Cuarta Brigada, donde operaba el Batallón Atonal.
Los cuatro comunicadores eran periodistas neerlandeses que habían realizado trabajos documentales sobre El Salvador y las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra. Uno de los documentales abordaba el accionar de los escuadrones de la muerte, mientras otro era sobre las violaciones contra la población durante el conflicto.
Seguimiento desde México
Según el relato presentado por Pérez, los periodistas ya eran objeto de seguimiento antes de ingresar a territorio salvadoreño. Desde México, donde se encontraban antes del viaje, habrían sido vigilados por agentes de la Policía de Hacienda.
Su objetivo era realizar la segunda parte de un documental. Primero pretendían entrevistar a una familia de clase media en San Salvador y posteriormente trasladarse a Chalatenango para conocer la situación de la población rural afectada por la guerra civil.
El interés de los periodistas era documentar las denuncias sobre bombardeos, ametrallamientos, desapariciones y asesinatos ocurridos en las zonas rurales durante los operativos militares desarrollados en aquellos años.
Antes del asesinato, los periodistas fueron interrogados por miembros de la Policía de Hacienda y posteriormente sus habitaciones en el exhotel Alameda fueron registradas. También se intervinieron sus comunicaciones.
El 14 de marzo de 1982, tres días antes del asesinato, los periodistas acudieron al penal de Mariona para entrevistar a presos políticos. Al día siguiente del crimen, algunos de esos mismos presos fueron informados de que los comunicadores habían sido asesinados.
Para la Fundación COMUNICÁNDONOS, estos elementos forman parte de la evidencia que apunta a una operación planificada.
Una emboscada en Chalatenango
El 17 de marzo de 1982, los cuatro periodistas se desplazaron hacia una zona de Chalatenango acompañados por guías. Según el relato de Pérez, una patrulla de 25 integrantes del Batallón Atonal preparó una emboscada desde horas de la mañana. Los periodistas fueron asesinados junto con cuatro de sus acompañantes a las 5:20 p.m.
La defensa de los militares sostuvo durante el proceso que las muertes fueron consecuencia de un enfrentamiento ocurrido en medio de la guerra y que los comunicadores se encontraban en una zona vinculada a la guerrilla.
Sin embargo, el tribunal consideró culpables a los tres altos mandos acusados. El juicio se desarrolló en 2025 bajo el antiguo Código Procesal Penal y el jurado, integrado por cinco mujeres y un hombre, emitió un veredicto de culpabilidad.
Treinta años de prisión
La sentencia estableció una pena de 30 años de prisión para cada uno de los tres militares condenados. Según explicó Pérez, aunque el antiguo régimen penal contemplaba penas mayores, las reformas aplicadas al proceso determinaron finalmente esa condena.
Dos de los condenados permanecen bajo custodia en El Salvador, pero en el Hospital Bautista, en vez de una prisión como debería ser tras la condena; mientras que Reyes Mena reside en Virginia, Estados Unidos. Sobre este último existe una orden de extradición, según lo expuesto por Pérez, mientras familiares de las víctimas también han promovido acciones judiciales en Estados Unidos.
La sentencia contempla además la posibilidad de que los familiares soliciten reparaciones civiles y económicas. También ordenó al Estado salvadoreño ofrecer una disculpa pública a las familias de los periodistas, pero esto último no ocurrirá por apelación de la fiscalía y la aceptación de la Cámara respectiva.
Una deuda pendiente
Para Pérez, el caso de los periodistas holandeses no debe verse como un hecho aislado por tratarse de víctimas extranjeras. Señala que existen más de 200 denuncias y demandas de verdad y justicia relacionadas con crímenes cometidos durante el conflicto armado, de las cuales menos de diez habrían llegado a judicialización.
La Fundación COMUNICÁNDONOS atribuye el avance del proceso a varios factores: la persistencia de los familiares, la existencia de documentación en El Salvador, Estados Unidos y los Países Bajos, la actuación de fiscales y jueces y el acompañamiento comunicacional nacional e internacional.
El Gobierno de los Países Bajos ha acompañado el proceso desde que los familiares comenzaron a exigir justicia. Pérez destacó que representantes de ese país han mantenido presente el caso ante diferentes gobiernos salvadoreños.
El reloj de la impunidad
El caso también ha sido documentado mediante dos publicaciones. La primera, La emboscada, reunió parte de la investigación sobre el asesinato y llegó a una edición de más de 3,500 ejemplares. La segunda lleva por título El florecer de los tulipanes.
Para las familias, la condena representa un paso para cerrar una herida que permaneció abierta durante más de cuatro décadas. La sentencia, además de establecer responsabilidades penales, abre la posibilidad de reparaciones económicas y de una respuesta institucional frente a un crimen cometido contra periodistas que se encontraban realizando su trabajo.
El caso, sin embargo, también deja sobre la mesa la situación de otros crímenes del conflicto armado que permanecen sin una resolución judicial. En ese sentido, la condena de los tres militares constituye un precedente dentro de una deuda más amplia de verdad, justicia y reparación que continúa pendiente para numerosas víctimas y sus familias.
