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Venezuela presenta 70 observaciones al informe de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH

Caracas / AVN / TelesurTv

La República Bolivariana de Venezuela presentó 70 observaciones al informe difundido por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, luego de la visita al país de la máxima autoridad de esta instancia, Michelle Bachelet, en junio.

Bachelet emitió un informe acerca de la situación en Venezuela en el marco del 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El país suramericano «solicitó a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas (OACNUDH) adoptar las medidas necesarias para corregir los errores del informe A/HRC/41/18» a través de un documento donde se exponen los errores de hecho, destacó el Ministerio de Relaciones Exteriores en su página web.

Entre las observaciones realizadas por la diplomacia venezolana, se expone que la «versión avanzada no editada» del informe remitido el 28 de junio del 2019 al Gobierno Bolivariano, en idioma inglés, presenta una visión selectiva y parcializada sobre la verdadera situación de los derechos humanos en Venezuela.

«En este documento se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial, a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos», refiere el documento emitido por Venezuela.

Añade que el 82 por ciento de las entrevistas utilizadas por la OACNUDH para fundamentar el informe fueron realizadas a personas ubicadas fuera del territorio venezolano, aún cuando esta oficina realizó dos visitas al país durante el año 2019, incluyendo el arribo de Bachelet a Venezuela el pasado 22 de junio.

Por otra parte, el Gobierno nacional destaca que el documento no presenta los avances en materia de derechos humanos alcanzados, ni las medidas implementadas que tienen un impacto positivo sobre el poder adquisitivo del pueblo venezolano.

«La OACNUDH está llamada por las normas y principios internacionales a realizar en sus informes una evaluación objetiva e imparcial de la situación de derechos humanos de los países que integran la ONU. Esa objetividad en el análisis solo puede alcanzarse realizando un justo balance en el manejo de las fuentes de información, así como de los avances y desafíos que presenta un determinado Estado sometido a valoración», señalan las observaciones.

Por otra parte, condena que el informe de la Alta Comisionada omite incluir el impacto generado por el bloqueo económico implementado por el Gobierno de los Estados Unidos en los niveles de vida del pueblo venezolano.

Asimismo, Venezuela denuncia que en el párrafo 13 del informe se sostiene que el Estado no ha demostrado usar todos los recursos a su disposición para asegurar el derecho a la alimentación, aún cuando se aportó a la OACNUDH información sobre las medidas implementadas para garantizar este derecho.

«Resulta inexplicable que la OACNUDH haya omitido toda la información aportada por el Estado y realice la afirmación contenida en el párrafo 13 de su informe con total ligereza y sin una base técnica que lo sustente», subrayó.

Venezuela destaca que el informe A/HRC/41/18 omite asimismo las informaciones oficiales suministradas por el Estado en cuanto a salud pública, mortalidad infantil, la cobertura del programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, y los beneficios otorgados a través del Carnet de la Patria, derechos colectivos de los pueblos indígenas y libertad de prensa con afirmaciones que carecen de sustento técnico que las respalden «y afecta la credibilidad del reporte».

Además, criticó que la OACNUDH no evaluara el impacto generado por las medidas coercitivas de Estados Unidos y recomendara al Gobierno adoptar resoluciones para atender la situación de derechos humanos mientras se abstiene de subrayar el deber de levantar el bloqueo, tal y como lo han solicitado diversos procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.

Tras remitir su evaluación, «el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela solicita a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas adoptar las medidas necesarias para corregir los errores del informe A/HRC/41/18, antes de su publicación».

«El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela», dice el documento, y señala que eso «contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos, recogidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena».

La primera visita a territorio venezolano por parte de miembros de la oficina de la ACNUDH se realizó en marzo, con una duración de 12 días. Posteriormente, en junio, estuvo la propia Bachelet.

– Rechazo a acusaciones de Estados Unidos –

«Venezuela rechaza categóricamente las acusaciones levantadas en su contra en relación con el respeto a los derechos humanos,particularmente desde el Gobierno de Estados Unidos cuyo cinismo es tal, ya que se ha constituido en el mayor violador de derechos humanos de la historia de la humanidad», destaca el texto publicado en las redes sociales de la Cancillería venezolana.

El documento reitera que estos señalamientos fueron hechos sobre casos en los que el sistema de justicia venezolano ha actuado de manera inmediata, con diligencia y firmeza, para sancionar con todo el peso de la ley a cualquiera que resultara responsable durante el desarrollo de las investigaciones.

El comunicado reitera que Venezuela reivindica ante la Comunidad Internacional su condición constitucional de Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la preeminencia de los derechos humanos, cuyo disfrute y protección se garantizan conforme al principio de progresividad, sin discriminación alguna, mediante un robusto andamiaje institucional.

En el texto también se subraya que el Gobierno venezolano denuncia estas acciones injerencistas cuyo único propósito es generar nuevas matrices en la opinión pública para atentar contra la paz y la estabilidad del país suramericano.

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