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uzgado de Panamá abre causa criminal contra 32 acusados de lavar dinero en caso Lava Jato

San Salvador/Sputnik

Un juzgado de Panamá resolvió el martes abrir un causa criminal contra 32 acusados de lavar dinero en el caso Lava Jato, el cual involucra al bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándalo «Panamá Papers», que destapó un entramado internacional de evasión fiscal y otros delitos, informó la fiscalía.

«Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales reformó sobreseimiento y abrió causa criminal contra 32 imputados en caso Lava Jato, por blanqueo de capitales, investigado por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada», publicó el Ministerio Público en la red social Twitter.

Esta investigación comenzó en 2016, a raíz de una noticia sobre la operación Lava Jato en Brasil, la cual refería la existencia de una oficina de abogados en Panamá que creaba estructuras jurídicas-financieras para el ocultamiento de dinero procedentes de actividades ilícitas.

Tales ilícitos ya habían sido destapados por los mencionados «Panamá Papers» (Papeles de Panamá), una masiva filtración de documentos que dejó en evidencia a personalidades de todo el mundo, que se valieron de empresas con ventajas fiscales en el istmo para supuestamente ocultar fortunas y evadir impuestos.

Sin embargo, la jueza Baloísa Marquínez señaló entonces que la investigación no demostró qué cuentas fueron creadas en Panamá para ocultar dinero de procedencia ilícita, ni los montos de los dineros ingresados provenientes de sociedades «offshore».

En junio pasado, el procurador Javier Caraballo anunció que la Fiscalía apelaría el fallo que sobreseyó provisionalmente a Jürgen Mossack y Ramón Fonseca del caso Lava Jato, al considerar que contaban con pruebas suficientes para llevar a juicio a ambos abogados y otros imputados en los «Panamá Papers».

Java Lato es considerada la mayor investigación de corrupción realizada por la Policía Federal de Brasil para desmontar un esquema de lavado de dinero sospechoso de mover unos 2.640 millones de dólares, aunque la pesquisa también fue cuestionada por su selectividad y violaciones del debido proceso.

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