Urge política pública para proteger el bolsillo de la población

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El costo de los alimentos continúa siendo uno de los principales desafíos para los hogares salvadoreños, particularmente para las familias que dependen de ingresos cercanos al salario mínimo, dice un un informe económico difundido recientemente por el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), en el que se exige una política pública para proteger “el bolsillo de la población”.

El informe compara el incremento salarial registrado entre 2025 y 2026 con el comportamiento de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) durante los últimos años y advierte sobre una brecha que afecta el poder adquisitivo de los trabajadores.

De acuerdo con el material, el salario mínimo registra un incremento de 12 % para el período 2025-2026, mientras que la Canasta Básica Alimentaria habría acumulado un aumento de 30 % entre 2021 y 2026. La comparación demuestra que el crecimiento del ingreso laboral no ha avanzado al mismo ritmo que el costo de los productos considerados esenciales para la alimentación de las familias.

Una brecha que golpea el bolsillo

El salario mínimo constituye para miles de trabajadores la principal fuente de ingresos de sus hogares. Cuando los precios de los alimentos aumentan con mayor rapidez que los salarios, una parte creciente del ingreso debe destinarse a cubrir las necesidades básicas.

Esta situación tiene efectos directos sobre la economía familiar. Un hogar que anteriormente podía distribuir sus ingresos entre alimentación, vivienda, transporte, servicios públicos, educación y otros gastos, puede verse obligado a reducir el dinero destinado a algunas de estas áreas cuando los alimentos absorben una proporción mayor del presupuesto.

El informe resume esta situación con una advertencia: “la inflación alimentaria duplica el crecimiento salarial”, en referencia a la comparación entre el aumento acumulado de los alimentos y el incremento del salario mínimo señalado.

La alimentación como prioridad

La Canasta Básica Alimentaria es un indicador utilizado para medir el costo de un conjunto de alimentos considerados esenciales para satisfacer determinadas necesidades nutricionales de los hogares. Su comportamiento permite observar cómo las variaciones de precios pueden modificar las condiciones económicas de las familias.

Cuando el costo de esa canasta aumenta, los trabajadores con ingresos fijos enfrentan una presión adicional, especialmente aquellos cuyos salarios tienen poco margen para absorber incrementos en los precios.

El informe plantea que la situación requiere medidas de política pública orientadas a garantizar el acceso a los alimentos y evitar que el aumento de los precios termine profundizando las dificultades económicas de los hogares.

Entre las propuestas incluidas se encuentra la reducción del costo de la energía eléctrica, bajo el argumento de que una disminución en este gasto permitiría liberar recursos de las familias para destinarlos a otras necesidades.

El IVA y los alimentos esenciales

Otra de las medidas planteadas consiste en eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los alimentos considerados esenciales dentro de la Canasta Básica Alimentaria.

La propuesta parte de la idea de que reducir la carga tributaria sobre productos básicos podría contribuir a disminuir el precio final que pagan los consumidores.

Sin embargo, la eventual eliminación de un impuesto también tendría implicaciones sobre los ingresos fiscales del Estado y requeriría definir qué productos serían incluidos y cómo se trasladaría la reducción tributaria al consumidor.

Salarios vinculados al costo de vida

El tercer planteamiento contenido en el informe es ajustar el salario mínimo de acuerdo con el costo de vida. Actualmente, el salario mínimo es de 404 dólares mensuales, mientras la canasta básica alcanza los 261.48 dólares en el sector urbano, y 186.50 dólares en el área rural.

La discusión sobre los salarios mínimos no se limita al porcentaje de incremento que se establece periódicamente. También involucra la evolución de los precios, la productividad, las condiciones de las empresas y la capacidad de los trabajadores para cubrir sus necesidades básicas.

Un ajuste que tome en cuenta el comportamiento de los precios busca evitar que los incrementos salariales pierdan capacidad de compra frente a la inflación. Al mismo tiempo, cualquier modificación debe considerar sus posibles efectos sobre los costos laborales y el empleo, particularmente en pequeñas y medianas empresas.

El debate sobre las pensiones

El material también incorpora entre sus planteamientos una oposición a la reforma de pensiones, al considerar que esta continuará afectando a trabajadores y empresas.

La inclusión de este tema amplía la discusión desde el ingreso presente de los trabajadores hacia sus condiciones económicas futuras.

El sistema de pensiones representa una de las principales preocupaciones relacionadas con la seguridad económica durante la vejez y, por ello, las modificaciones a su funcionamiento generan posiciones encontradas entre trabajadores, empresas, organizaciones sociales y autoridades.

Una discusión que trasciende los salarios

El comportamiento de los precios de los alimentos plantea un problema que no puede analizarse únicamente desde el salario mínimo. La capacidad adquisitiva de los hogares también depende del costo de la energía, transporte, vivienda, salud y otros servicios.

En ese contexto, la comparación presentada entre el 12 % de aumento salarial y el 30 % de incremento de la Canasta Básica Alimentaria busca llamar la atención sobre la diferencia entre el crecimiento de los ingresos laborales y el costo de las necesidades esenciales.

De ahí la exigencia de las políticas públicas consiste en encontrar mecanismos que permitan mejorar los ingresos reales de los trabajadores y, simultáneamente, contener los factores que presionan al alza los precios de los productos básicos.

Para las familias, la discusión tiene una expresión concreta: cuánto de su salario queda disponible después de comprar los alimentos necesarios para el hogar. La evolución de esa relación será determinante para medir, más allá de los porcentajes nominales, el verdadero poder adquisitivo de los trabajadores salvadoreños.