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Saúl Méndez
Colaborador
La Unidad de Defensa de Derechos Humanos de El Salvador (UNIDEHC) denunció nuevamente la criminalización de habitantes y líderes comunitarios de La Floresta, en San Juan Opico, quienes enfrentan procesos judiciales luego de organizarse para defender sus derechos de posesión y acceso a una vivienda digna.
La organización recordó que varias familias de la comunidad fueron amenazadas con un desalojo en 2025, pese a que aseguraban tener alrededor de 15 años de posesión de sus viviendas e inmuebles.
UNIDEHC sostiene que los habitantes se organizaron para exigir el respeto de sus derechos y buscar una solución legal a la situación. Pese a ello, se inició un proceso penal contra algunos de los dirigentes comunitarios. Entre las personas detenidas se encuentra María Margarita Flamenco, integrante del equipo comunitario de UNIDEHC y líder de La Floresta, quien acompañaba a sus vecinos en las acciones de defensa del derecho a la vivienda.
UNIDEHC afirmó que Flamenco y su esposo, José Alberto Pérez, permanecen detenidos y enfrentan acusaciones por el delito de agrupaciones ilícitas. La organización cuestionó la fundamentación de estas acusaciones y sostiene que el proceso busca criminalizar la organización comunitaria.
En el mismo caso también fue detenido Fidel Zavala, vocero de UNIDEHC, mientras que la organización denunció persecución contra sus abogados y voceros Rudy Joya e Ivania Cruz, quienes se encuentran en el exilio.
UNIDEHC también cuestionó la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, por presuntas dilataciones en el proceso judicial, además denunciaron que no se han realizado diligencias solicitadas por la defensa.
La organización exigió que se permita la realización de las audiencias correspondientes y que sean entrevistados los testigos propuestos por la defensa para aportar elementos que demostrarían la inocencia de las personas procesadas, afirmó UNIDECH.
“¿Cuál es el miedo de realizar audiencia y entrevistar a los testigos que la defensa ofrece para demostrar la inocencia de todos los detenidos?”, cuestionó la organización en su pronunciamiento.
UNIDEHC reiteró su exigencia de libertad para María Margarita Flamenco, José Alberto Pérez, Fidel Zavala y los demás habitantes de La Floresta que permanecen detenidos, al tiempo que llamó a garantizar el debido proceso y el respeto de los derechos de las familias de la comunidad.
Fidel Zavala
Fidel es defensor de derechos humanos y portavoz de la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) de El Salvador, y en este momento corre peligro de ser trasladado al Centro Penal La Esperanza.
Zavala fue testigo de abusos y tortura en el Penal la Esperanza, donde estuvo recluido 13 meses, por cargos de los cuales fue declarado inocente.
Debido a que denunció las violaciones a los derechos humanos de los reos en el penal, fue capturado nuevamente.
Gracias a las denuncias de Zavala en 2024 se presentó una demanda contra el Director de Prisiones de El Salvador y los directores de las prisiones de Mariona y Santa Ana.
El 25 de febrero de 2025 Zavala fue arrestado junto con dos líderes comunitarios de La Floresta, una comunidad que busca vías legales para permanecer en la tierra donde han vivido durante más de una década. Ese mismo día, Zavala había acompañado a los dirigentes a denunciar la detención arbitraria de dos dirigentes comunales. Más tarde, fueron detenidos otros veinte miembros de la comunidad. Todos enfrentan cargos de pertenencia a un «grupo ilícito», la misma acusación que se ha utilizado para detener a decenas de miles de personas bajo el Estado de Excepción.
Rudy Joya e Ivania Cruz, abogados cofundadores de la UNIDEHC también están incluidos en el caso. Ambos han representado a algunos de los casos más sonados de persecución política en el país y han presentado innumerables demandas contra funcionarios corruptos del gobierno.
