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Redacción Nacionales
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El Salvador enfrenta una contradicción entre los indicadores de crecimiento económico y las condiciones materiales de una parte importante de los hogares. Los datos sobre pobreza, costo de vida, endeudamiento público e inversión extranjera muestran que el crecimiento no necesariamente se traduce en una mejora uniforme de los ingresos y las condiciones de vida.
Una pobreza que no desaparece
La pobreza continúa siendo uno de los principales problemas económicos y sociales de El Salvador. Datos retomados por Diario Co Latino a partir de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) muestran que en 2025 la pobreza alcanzó al 22.5% de los hogares, mientras la pobreza extrema se ubicó alrededor del 7.3%, según las cifras difundidas por el medio.
La discusión adquiere mayor relevancia cuando se compara con 2019. De acuerdo con un análisis publicado recientemente, ese año la pobreza afectaba al 22.6% de los hogares, por lo que el porcentaje registrado en 2025 resulta prácticamente similar. Al mismo tiempo, la pobreza extrema aumentó de manera importante en el período.
En términos de personas, el análisis del economista César Villalona publicado señala que entre 2019 y 2025 la población en pobreza extrema pasó de 368,345 a 504,320 personas, un incremento de casi 136,000 personas.
Estos datos permiten observar una dimensión particular del problema: aunque el porcentaje de pobreza total puede presentar variaciones, persiste una población considerable que no logra cubrir sus necesidades básicas de alimentación.
El costo de vivir también aumenta
La pobreza no puede analizarse únicamente a partir del ingreso. También debe observarse cuánto cuesta satisfacer las necesidades básicas de una familia.
Según información, entre marzo de 2025 y marzo de 2026 el costo de la vida aumentó $17 en el área urbana, al pasar de $492 a $509, mientras en el área rural subió $15, de $356 a $371.
A este comportamiento se sumaron incrementos en combustibles y gas licuado. Para los hogares de menores ingresos, cualquier aumento sostenido en alimentos, transporte, vivienda o servicios básicos reduce el margen disponible para otros gastos.
El problema adquiere mayor dimensión cuando los ingresos no crecen al mismo ritmo. Un reporte del CDC señala que el costo de la vida había aumentado 32% entre mayo de 2019 y abril de 2026, mientras amplios sectores enfrentaban salarios insuficientes y dificultades para compensar el encarecimiento de los bienes y servicios.
Deuda pública y espacio para atender necesidades sociales
En este escenario se encuentra también la evolución de la deuda pública. El documento de César Villalona utilizado como base para este análisis señala que, al cierre de agosto de 2026, el saldo de la deuda pública llegó a $35,038 millones, frente a $19,808 millones registrados en 2019. Esto representa un aumento de $15,230 millones.
El mismo análisis advierte que el endeudamiento podría continuar aumentando en 2027. El presupuesto contempla cerca de $2,000 millones de financiamiento para cubrir el déficit de ingresos y alrededor de $700 millones provenientes del fondo de pensiones, lo que elevaría las necesidades de financiamiento señaladas por Villalona a unos $2,700 millones.
La deuda no constituye por sí misma una explicación de la pobreza, pero sí condiciona la disponibilidad futura de recursos públicos. El Fondo Monetario Internacional ha señalado, a su vez, que El Salvador mantiene una deuda pública elevada y que la consolidación fiscal constituye uno de los principales desafíos macroeconómicos.
Menos inversión extranjera
Otro elemento que genera preocupación es el comportamiento de la inversión extranjera directa.
El análisis de Villalona indica que durante el segundo trimestre de 2026 la inversión extranjera directa disminuyó 92% respecto al mismo período de 2025, después de una caída de 40% durante el primer trimestre. En los dos primeros trimestres de 2026 se acumularon $226 millones, 54% menos que en igual período del año anterior.
El documento agrega que durante 2025 la inversión extranjera alcanzó $475 millones, una reducción de 37% respecto a 2024. También compara los resultados regionales: durante el primer semestre de 2026 Costa Rica recibió $2,740 millones, Nicaragua $960 millones y Honduras $676 millones, mientras Guatemala captó $530 millones solamente en el primer trimestre.
Crecer no es lo mismo que reducir la pobreza
El contraste entre estos indicadores y las proyecciones macroeconómicas muestra que el debate económico salvadoreño no puede reducirse a la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto.
El FMI proyecta actualmente un crecimiento real de 4.5% para 2026 y 4% para 2027, mientras reporta una reducción de los desequilibrios macroeconómicos. Su información también registra una tasa de población por debajo de su línea de pobreza de 24.3% para 2025, utilizando una metodología distinta a la medición nacional de pobreza monetaria.
La diferencia entre ambas mediciones recuerda la importancia de precisar qué indicador se utiliza antes de establecer conclusiones. En el ámbito nacional, la EHPM constituye la principal fuente estadística para conocer la situación socioeconómica de los hogares salvadoreños.
El desafío, por tanto, va más allá de conseguir que la economía crezca. Implica que ese crecimiento genere empleos de calidad, mejores ingresos, inversión productiva y capacidad para que las familias cubran alimentación, vivienda, salud, educación y otros servicios esenciales.
Mientras la pobreza extrema continúa afectando a cientos de miles de personas, el costo de vida presiona los presupuestos familiares, la deuda pública limita el margen fiscal y la inversión extranjera presenta retrocesos, la discusión económica del país mantiene una pregunta central: cómo convertir los indicadores de crecimiento y estabilidad macroeconómica en mejores condiciones materiales para la mayoría de los hogares salvadoreños.
