Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
Sin sorpresa y con desacuerdo se conoce la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia según la cual se declara inconstitucional la elección del Presidente del Tribunal Supremo Electoral TSE, viagra Eugenio Chicas Martínez. La declaratoria fue pedida por el abogado de Antiguo Cuscatlán Salvador Enrique Anaya Barraza, prescription contra el artículo único del Decreto No. 87 del 31 de Julio de 2009. El derecho de proponer al Presidente del TSE, prescription según lo establecido en el Artículo 208 de la Constitución, lo había ganado por primera vez el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, algo que representó un enorme dolor para grupos pro oligárquicos y sus servidores incondicionales. Derecho que volvió a ganar el FMLN en las elecciones presidenciales recién pasadas.
El abogado Anaya en su demanda hizo una interpretación interesada en su demanda afirmando que el derecho de los partidos o coaliciones ganadoras a proponer no supone que la terna que establece la constitución indique que deban ser éstas en representación de los partidos, para conectar interesadamente la interpretación que como ejercen jurisdicción no deben ser miembros de partidos políticos. El supuesto no es la corrección y constitucionalidad de los funcionarios, el respeto y apego a las atribuciones establecidas en su ley respectiva y otras relacionadas; el supuesto es que ningún miembro de partido político puede actuar conforme a las leyes, con lo cual incurre en una persecución a los partidos y a los ciudadanos que los integren o puedan integrarlos para favorecer otras formas no constitucionales de ejercer presión sobre los órganos de gobierno, corriente que viene siendo favorecida por la actual Sala de lo Constitucional y se inscribe en el campo del pensamiento de la anti política y el antipartidismo y del gobierno de los jueces.
Resulta grave que la Sala acepte los argumentos del ejercicio político como diputado a la Asamblea Legislativa ejercido por el Magistrado Presidente, se penaliza y casi criminaliza el servicio público. Cuantos otros ejercicios y servicios podrán perseguirse por este mismo camino? En los partidos, y así lo establece la ley respectiva y la vida misma, la pertenencia o permanencia es voluntaria, pero penalizar a futuro a una persona por haber sido de un partido o haber ostentado un cargo de elección y establecer por eso que no tiene la condición humana, profesional o no es capaz de cumplir un juramento que se realiza para ejercer un cargo es el extremo más absurdo e irrespetuoso de los derechos humanos, sociales y políticos que todos tenemos. La arbitrariedad de la dictadura en materia de derechos de las personas se recuerda a la luz de estas resoluciones, con la sola diferencia que se puede expresar el asombro y el descontento que nos provocan.
La Sala no oculta en su razonamiento el ataque a la Asamblea para rechazar la defensa de la razón constitucional en las elecciones que realiza. Tampoco toma en serio los argumentos de la Fiscalía General de la República. La Sala, haciendo uso de su potestad, abunda en las descalificaciones de otras opiniones como si es la única que conoce la Constitución y por ello nada cuenta la argumentación de una norma constitucional surgida de los Acuerdos de Paz y propuesta por una fuerza que es hoy la sacrificada en su derecho, el FMLN.
Recuerda la Sala lo que ya es harto conocido, su potestad de resolver a su gusto sin que se avale o se adhieran los otros actores del proceso, mucho menos que se explique el sentido histórico de la norma constitucional referida de respetar la participación de los tres partidos o coaliciones que más votos obtienen en una elección presidencial con aportes de propuestas de la Corte Suprema de Justicia que es lo nuevo y derivado del Acuerdo de Paz para potenciar justamente la atribución jurisdiccional del TSE.
Los demandantes saben que van a lo cierto cuando de desvanecer la importancia de los partidos políticos se trata, los militantes de la antipolítica saben que es tiempo oportuno para abrir la incidencia de poderes fácticos apartando la participación de los partidos políticos. Esa es la etapa histórica que estamos viviendo como país en el campo de la justicia constitucional, quien sabe por cuánto tiempo. Pero sí mientras no sea la derecha la fuerza preferida por la ciudadanía para gobernar, la presión de grupos económicos, de grupos políticos no partidarios serán siempre preferidos por la antipolítica que se abre paso ahora.
A quienes preferimos el imperfecto sistema de partidos, se nos presenta un reto que sin lugar a dudas será resuelto para bien de la democracia antes que los poderes fácticos la destruyan.